Por Rafael Croda
BOGOTÁ (Proceso).- Los bombardeos de las fuerzas militares de Estados Unidos a lanchas que supuestamente transportan cocaína en el Pacífico y en el Mar Caribe, han dejado en los últimos 10 meses 221 muertes que el derecho internacional clasifica como “ejecuciones extrajudiciales”, indica un estudio de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés).
El trabajo “Killing Spree” (Oleada de muertes), elaborado por Adam Isacson y John Walsh, concluye además que los ataques han resultado “un fracaso” como estrategia antidrogas, pues los datos “no indican que se esté produciendo ninguna reducción en la oferta de cocaína” en el mercado estadunidense.
Es decir, esa droga sigue fluyendo como antes porque los narcotraficantes han reforzado sus rutas terrestres, aéreas y marítimas. Estas últimas, con el uso de contenedores para transportar la cocaína a los centros de consumo.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha llegado a afirmar que “el 98.2 por ciento de las drogas que ingresan a Estados Unidos por mar se han detenido”. De acuerdo con WOLA, esto es “claramente falso”.
Adam Isacson dijo a Proceso que Trump, de hecho, es responsable de estos ataques en los que se han producido “ejecuciones extrajudiciales”, homicidios y, probablemente, crímenes de lesa humanidad.
“Trump es el comandante en jefe, y en última instancia, la responsabilidad recae sobre él”, indicó el directivo de WOLA.
El estudio de Isacson y John Walsh sostiene que las muertes que han dejado los ataques a embarcaciones ordenados por Trump son “homicidios, según la legislación estadunidense, y ejecuciones extrajudiciales, según el derecho internacional, y también pueden constituir crímenes de lesa humanidad”.
Esto, porque el sustento legal de esas acciones es endeble. La administración Trump se escuda en que varios cárteles de la droga han sido clasificados como organizaciones terroristas y en que el presidente firmó una directiva autorizando a las Fuerzas Armadas el uso de sus capacidades contra esos grupos.
El reporte de WOLA señala que, de acuerdo con abogados expertos en temas militares, esos ataques son “ilegales” y el personal de las Fuerzas Armadas tiene la responsabilidad de negarse a emitir o ejecutar órdenes ilegales. ¿Cómo sostener, por ejemplo, que los 221 presuntos traficantes de drogas asesinados hasta ahora en esos ataques son terroristas en guerra con Estados Unidos?
El estudio recuerda que el artículo I, sección 8, de la Constitución de Estados Unidos, señala que sólo el Congreso tiene la facultad de declarar una guerra. Y hasta ahora “no existe tal autorización para los ataques a las embarcaciones, ni la administración Trump ha propuesto siquiera una legislación al respecto”.
El discurso de la muerte
Los comunicados que divulga el gobierno de Trump después de atacar a una embarcación afirman que las víctimas estaban involucradas en “operaciones de narcotráfico”, pero en ningún caso se han presentado pruebas de que la nave transportara drogas o de que la tripulación fallecida perteneciera a una organización terrorista, indica el trabajo.
Señala que incluso las operaciones de interdicción de cargamentos de drogas de la Guardia Costera de Estados Unidos —que no son letales— tienen un margen de error. En el bienio 2024-2025, uno de cada cinco embarcaciones abordadas por guardias costeros no llevaba droga a bordo.
¿Narcolanchas con 10 personas? — Foto: Captura de pantalla.
“Este nivel de incertidumbre pone seriamente en entredicho la calidad de la inteligencia en la que las autoridades estadunidenses basan sus decisiones de ataque”, advierte la investigación de WOLA. Y esto es muy grave, principalmente cuando la consecuencia de esos operativos “es la muerte”.
Un ejemplo de que en estos operativos ordenados por Trump pudieran estar siendo asesinadas personas inocentes que nada tienen que ver con el tráfico de drogas es el primer ataque, ocurrido el 2 de septiembre de 2025 en el Mar Caribe y el cual destruyó una embarcación que llevaba 11 personas a bordo, todas las cuales murieron.
Cualquier investigador familiarizado con el tema sabe que una embarcación que transporte cocaína lleva dos o tres tripulantes, nunca 11.
“Existe una posibilidad significativa de que muchos de los que murieron en ese primer ataque, quizás incluyendo a los que murieron en un segundo ataque mientras se aferraban a los restos de la embarcación, fueran pasajeros que viajaban de Venezuela a Trinidad y Tobago”, asegura el estudio.
Para el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, esos ataques, y su creciente costo humano “son inaceptables” y constituyen “ejecuciones extrajudiciales de las personas a bordo de estas embarcaciones, independientemente de la conducta criminal que se les impute”.
El trabajo de WOLA sostiene que la táctica de atacar embarcaciones pequeñas y transmitir por redes sociales las imágenes de las explosiones de las lanchas refleja el valor que el presidente Trump y altos funcionarios de la Casa Blanca y del gabinete otorgan al espectáculo mediático.
Además, deplora las declaraciones de Trump y sus funcionarios exaltando “los aspectos letales de su estrategia”.
El secretario de Guerra, Pete Hegseth, por ejemplo, suele acompañar sus comentarios sobre ataques a embarcaciones con frases como “los perseguiremos y los mataremos”, mientras que Trump ha sido igualmente directo, con declaraciones como esta: “Creo que simplemente vamos a matar a la gente que trae drogas a nuestro país, ¿de acuerdo? Vamos a matarlos, ¿saben? Van a estar muertos”.
El blindaje y la demagogia de Trump
De acuerdo con el informe de Adam Isacson y John Walsh, es improbable que Trump sea procesado en Estados Unidos por los delitos cometidos en los ataques a embarcaciones en el Pacífico y en el Mar Caribe, ya que la Corte Suprema otorgó a los presidentes y expresidentes “inmunidad absoluta” frente a acciones consideradas constitucionales.
Y también son cobijados por una “inmunidad presunta” frente a todos sus actos oficiales. “No está claro si esto se extendería a los subordinados que ejecutan las órdenes, aunque Trump podría indultarlos de forma preventiva”, indica el trabajo.
A nivel internacional el panorama no es tan claro.
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, ha sido cuestionado sobre los eventuales “crímenes de guerra” que se han cometido en esos ataques. Su respuesta: “Me importa un bledo cómo lo llamen”.
JD Vance. Sin circunloquios. — Foto: Alex Brandon / AP.
WOLA, sin embargo, sostiene que la terminología sí importa porque si la campaña de ataques se considera un crimen de lesa humanidad, se aplicaría la jurisdicción internacional y esto implicaría que, al igual que ocurrió con Augusto Pinochet en Chile en 1998, funcionarios estadunidenses podrían ser arrestados y procesados en tribunales de otros países.
“Esta posibilidad podría limitar significativamente las futuras oportunidades de viaje internacional para ciertos funcionarios estadunidenses”, indica el trabajo.
Señala que es muy fácil que la demagogia florezca en medio de temores reales sobre las drogas ilegales y la delincuencia violenta.
“El actual gobierno estadunidense ha optado por instrumentalizar estos temores para llevar a cabo una campaña de violencia sin ley. Si los ataques a embarcaciones se normalizan y el presidente de Estados Unidos puede actuar con una ‘licencia para matar’ ilimitada, las garantías del Estado de derecho se verán gravemente debilitadas”, asegura.
Sobre los costos económico que ha tenido esta campaña, el informe cita un estudio de la Universidad de Brown que los estimó en cuatro mil 700 millones de dólares únicamente en el periodo que va del 1 de agosto de 2025 al 31 de marzo de 2026. Esto incluye la operación del 3 de enero pasado para secuestrar al dictador venezolano Nicolás Maduro.
Los costos de las municiones utilizadas en cada ataque oscilaron entre 267 mil dólares y un millón de dólares.
El diario The New York Times afirmó que el Ejército estadunidense está empleando drones armados, como el MQ-9 Reaper, y aeronaves tripuladas, como el avión AC-130J Ghostrider en esa campaña contra embarcaciones que supuestamente transportan cocaína.
Estas armas son operadas desde bases en El Salvador y Puerto Rico, según el reporte del diario.
WOLA considera que los ataques son un ejemplo temprano y emblemático de la política exterior de Trump, quien ha convertido al hemisferio occidental en un foco central tanto en su retórica como en el presupuesto militar para actuar en la región.
“Hasta ahora, uno de los principales objetivos ha sido lo que la administración Trump denomina ‘narcoterrorismo: cárteles y organizaciones criminales que incluyen el narcotráfico entre sus fuentes de ingresos, y gobiernos de la región que, a juicio de la administración, no cooperan lo suficiente en la lucha contra ellos”, asegura el trabajo.
TOMADO DE PROCESO.COM.MX