Por Diana Lastiri
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Tras haberse hecho del control del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), al encabezar un movimiento para desconocer al entonces presidente, la magistrada presidenta del órgano judicial electoral, Mónica Aralí Soto Fregoso, le ha allanado el camino a Morena para el control del Congreso y próximamente del Poder Judicial.
Abierta con Morena, la magistrada tiene vínculos estrechos con otros allegados al partido gobernante, como la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel. Eligio Soto López, padre de la magistrada, es asesor de la ministra que aspira a la Presidencia de la Corte bajo la reforma judicial de la 4T.
Soto Fregoso se convirtió en magistrada presidenta del TEPJF en diciembre de 2023 en medio de un conflicto dentro del organismo en el que ella y dos de sus compañeros presionaron al entonces magistrado presidente, Reyes Rodríguez Mondragón, a renunciar en pleno proceso electoral 2023-2024.
Apoyada por dos magistrados también afines a la 4T, la presidencia de Soto Fregoso ha garantizado a Morena y aliados obtener resoluciones favorables para mantener una supermayoría en el Congreso y, ahora, para legitimar la elección judicial “a modo” de los intereses del gobierno federal.
La magistrada, originaria de Baja California Sur, llegó al TEPJF en 2016 a propuesta de la Suprema Corte y ratificada por el Senado; este 2025 era el año en el que culminaría su periodo, pero conforme a la reforma judicial permanecerá en el cargo hasta 2027, cuando se renueven las magistraturas en la siguiente elección.
En 2023, antes de que estallara el conflicto con el entonces magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón, la magistrada Mónica Soto formó parte de la mayoría que votó por permitir a Morena utilizar el remanente del ejercicio 2020 (145 millones de pesos) para pagar deudas en lugar de regresarlo a la Tesorería de la Fedeeración (Tesofe), como establece la ley.
Pugna favorable al poder
En diciembre de ese año, Soto, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes hicieron evidente el conflicto con Rodríguez Mondragón al no presentarse a la sesión solemne para escucharlo rendir su informe de labores ante la Corte y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y presumir en redes sociales que fueron a desayunar a un restaurante del centro de la Ciudad de México.
Proceso informó que ante ello, el 5 de diciembre de 2023 la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, citó a Mónica Soto para escuchar su versión sobre el conflicto con Rodríguez Mondragón.
Sin embargo, esa noche la magistrada electoral envió un mensaje a la ministra presidenta para informar que no acudiría a su encuentro.
Ese día cenó con el diputado federal, representante de Morena ante el INE, Sergio Gutiérrez Luna para hablar con él sobre la crisis interna del TEPJF en lugar de hacerlo con la ministra presidenta, tal como informó la propia Mónica Soto.
“Yo me he reunido con muchas actoras y actores políticos para preguntarme y decirme ‘qué está pasando, el problema interno con ustedes afecta los intereses de mi partido, afecta los intereses de nuestras candidatas y candidatos que vamos a tener’”, indicó en un intento de minimizar las implicaciones de que una juez electoral se reúna con un representante del partido oficial en plena crisis del Tribunal.
Al día siguiente de la reunión con Gutiérrez Luna, los magistrados Soto Fregoso, Fuentes Barrera y De la Mata acudieron a la oficina de Rodríguez Mondragón para indicarle que no estaban de acuerdo con sus criterios jurisdiccionales y algunas decisiones administrativas, y exigieron su renuncia.
El entonces magistrado presidente propuso llamar a Piña Hernández para que mediara en el conflicto como presidenta del Poder Judicial, como ocurrió en agosto de 2021 cuando el entonces magistrado presidente José Luis Vargas también fue obligado por sus compañeros a renunciar en el Tribunal.
Los tres magistrados rechazaron acudir a la Corte al considerar que esto implicaba una intromisión indebida del máximo tribunal en los asuntos del TEPJF.
“La solicitud por parte del Presidente de este Tribunal, a fin de que fuera otra institución la que interviniera para alcanzar una solución, para mí demuestra y hace palpable, además de las razones administrativas y jurisdiccionales que les he mencionado, una razón adicional para tener una pérdida de confianza en relación con el actuar del presidente, pues esa solicitud precisamente, lo señalo y lo reitero, atenta contra la independencia y autonomía a la que estamos obligados a defender”, dijo Fuentes el 11 de diciembre de 2023.
Incluso Mónica Soto consideró que llamar a Piña implicaba una grave violación a la Constitución.
Para ese momento, el nombre de Mónica Soto sonaba como la opción más natural para suceder a Reyes Rodríguez Mondragón, quien terminó renunciando aquel 11 de diciembre porque con un Pleno incompleto la presidenta contaría con voto de calidad.
Desde entonces las resoluciones del TEPJF han favorecido a Morena y aliados.
En julio de 2024, cuando el Tribunal Electoral debía sesionar para calificar la elección presidencial, el Pleno no tenía el mínimo de seis magistrados requeridos por ley para cumplir con este mandato.
Por ello, la organización civil Comisión Mexicana de Derechos Humanos tramitó un amparo en el que acusó a la Cámara de Diputados y la de Senadores de ser omisos en el nombramiento de las dos vacantes en la Sala Superior del TEPJF.
El entonces juez noveno de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México, Rodrigo de la Peza, concedió una suspensión para que el TEPJF designara a dos magistrados de manera provisional únicamente para la calificación de la elección presidencial, procedimiento que sí está previsto en la ley.
Sin embargo, la magistrada Soto y sus aliados (Fuentes y De la Mata) acordaron en sesión incumplir con la orden del juez y denunciarlo ante la Fiscalía General de la República (FGR) y ante el CJF.
Agregó el Tribunal Electoral:
El TEPJF rechaza de manera categórica el infundado actuar del referido Juez de Distrito al pretender imponer, por encima de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la ley orgánica y el propio reglamento, las determinaciones que, para el adecuado funcionamiento de este órgano, competencialmente atañen exclusivamente a la Sala Superior.
Ligas con la 4T
La posición del TEPJF coincidió con los reproches que desde Palacio Nacional realizó el expresidente Andrés Manuel López Obrador y quien en ese momento era la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, quienes acusaron al juez de no tener competencia para ordenar la designación provisional de los magistrados faltantes en la Sala Superior del Tribunal.
El 29 de septiembre de 2024, Proceso informó que el padre de la magistrada presidenta del tribunal trabaja en la ponencia de la ministra Yasmín Esquivel en la Suprema Corte, quien también es afín al gobierno federal.
Eligio Soto López ocupa el cargo de asesor de la ministra en el que gana mensualmente 108 mil 367.04 pesos sin contar con título y cédula profesional, pese a que es responsable de brindar “asesoría especializada en su profesión al titular de su adscripción, para la revisión o elaboración de dictámenes, opiniones técnicas especializadas, así como el desarrollo e implementación de proyectos institucionales que se le encomienden”.
Desde que la reforma judicial fue aprobada y entró en vigor, el TEPJF se ha caracterizado por ser uno de los principales oponentes al propio PJF que intentó frenar la elección de junio próximo.
Al ser un ejercicio inédito, aún no es claro qué conflictos derivados de la reforma judicial son competencia electoral y cuáles pueden ser dirimidos en juicios de amparo.
Sin embargo, el TEPJF no ha dudado en emitir resoluciones para permitir que el Senado y el Poder Ejecutivo ignoren las suspensiones de amparo que han sido concedidas por los jueces de Distrito.
El 7 de enero último el Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación (CEPJF) frenó el proceso de selección de candidatos en cumplimiento a una suspensión definitiva otorgada por el juez Primero de Distrito en Michoacán.
Así fue como surgió el más reciente conflicto entre el TEPJF y el resto del Poder Judicial.
Para el 22 de enero el TEPJF concedió 24 horas al CEPJF para reanudar el proceso al considerar que el juez de Distrito no es competente para frenarlo bajo la advertencia de que, de no cumplir, sus integrantes podrían ser multados o incluso arrestados por 36 horas.
El CEPJF solicitó a la Corte atraer el conflicto para que defina si este tipo de asuntos son de materia electoral o si pueden ser conocidos por los jueces de amparo y, de este modo, el propio Comité tendría conocimiento de a qué autoridad debía obedecer.
El caso fue admitido el 24 de enero último y la ministra presidenta, Norma Piña, concedió una suspensión para que el TEPJF no ejecutara ninguna sanción contra el CEPJF.
Ese mismo día el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, declaró que la Cámara esperaría a que el Tribunal Electoral diera luz verde para que el Legislativo pudiera “rescatar” a los aspirantes que se registraron ante el CEPJF y evitar así que la primera elección judicial se realice sin la participación de uno de los tres Poderes de la Unión.
Mónica Soto preparó un proyecto en el que declaró que, aunque el comité incumplió con la resolución emitida el 22 de enero pasado, ante la suspensión concedida por la Corte, el Senado podría continuar con el proceso de selección de los aspirantes por el PJF y postularlos ante la Corte, tal como esperaba Fernández Noroña.
La propuesta fue avalada en sesión privada por mayoría de tres votos, el de la ponente y los magistrados allegados al gobierno federal: Felipe Fuentes y Felipe de la Mata.
TOMADO DE PROCESO.COM.MX