Por Áxel Chávez
HIDALGO (apro) .- Martiniano Vega Orozco, oficial mayor durante el gobierno de Omar Fayad Meneses en Hidalgo (2016-2022), fue imputado por presunto peculado de 116 millones 62 mil pesos, que correspondían al cobro de un seguro catastrófico tras el paso del huracán Grace en 2021, pero de los que no hay evidencia de que ingresaran a las arcas estatales.
Martiniano Vega está recluido en el Cereso capitalino desde el 22 de junio de 2023, cuando fue detenido tras meses de búsqueda por su posible responsabilidad en delitos de corrupción. El julio pasado fue condenado a 12 años de prisión por una de las tres causas penales que, hasta ese momento, tenía activas.
Debido a que cumple la condena y a que se encuentra a la espera de enfrentar dos juicios más, la orden de aprehensión por el posible fraude mediante el cobro del seguro catastrófico fue ejecutada por Agentes de Investigación Criminal (AIC) en la cárcel de Pachuca.
Con base en la denuncia que presentó la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJEH), Vega Orozco, en su carácter de oficial mayor, solicitó el 30 de abril de 2021 recursos extraordinarios por 60 millones de pesos para la renovación de una póliza de seguro catastrófico.
Por ello, el gobierno de Hidalgo firmó el contrato 303/2021 con Grupo Mexicano de Seguros S.A. de C.V.
Posteriormente, entre el 21 y 22 de agosto de 2021 el huracán Grace afectó la entidad con inundaciones, caída de estructuras y árboles, así como el desbordamiento de un río en Tulancingo, lo que derivó en una declaratoria de emergencia en 27 de los 84 municipios.
Por las afectaciones que causó el meteoro, la póliza se hizo efectiva y Grupo Mexicano de Seguros pagó 116 millones 62 mil pesos por concepto de reparación del daño.
Sin embargo, la Procuraduría afirmó que no existe evidencia alguna de que dicho recurso ingresara al Poder Ejecutivo de Hidalgo y que, “de manera ilegal”, ese monto fue depositado a una cuenta bancaria de la empresa Logcom Trading Company S.A. de C.V., una supuesta compañía exportadora e importadora con sede en la Ciudad de México.
El gobernador Julio Menchaca Salazar había adelantado al principio de semana que durante el proceso de entrega-recepción detectaron que el dinero por la póliza del seguro no ingresó al estado, sino que fue recibido por una firma de la que no encontraron registro como persona moral.
A partir de ello, añadió, la Secretaría de Contraloría integró el expediente con la información sobre un posible daño al erario y posteriormente la remitió a la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo, quien presentó la denuncia formal.
“Vamos a ver dónde se quedaron esos 100 millones”, mencionó Menchaca. La declaración la dio cuando exponía las razones de su administración para no contratar un nuevo seguro catastrófico, pues afirmó que estos mecanismos presentan “muchas trabas”, además de asegurar que su funcionamiento no ha sido eficaz.
Después reiteró que su gobierno creó un fondo de 500 millones de pesos, con los que atienden la primera etapa de la emergencia ocasionada por las lluvias e inundaciones derivados de la perturbación tropical 90-E, que dejó 24 municipios afectados.
Los procesos contra el exoficial mayor
La carrera política de Martiniano Vega Orozco estuvo ligado a los cargos que ocupó Omar Fayad Meneses. Se relacionaron a partir de que en 1993 el hoy embajador de México en Noruega fue nombrado por el entonces gobernador Jesús Murillo Karam director del Instituto Hidalguense de Educación Básica y Normal –antecesor de la Secretaría de Educación Pública (SEPH)–.
A partir de entonces, Vega fue su secretario particular y rotó en posiciones en la presidencia municipal de Pachuca, la Cámara de Diputados, el Senado y el gobierno de Hidalgo a la par de los cargos de su jefe político.
En julio pasado, un Tribunal de Enjuiciamiento encontró culpable al exfuncionario de firmar un contrato por 18 millones 249 mil 70 pesos con la empresa Remaco Servicios Empresariales S.A. de C.V., un contratista de ingeniería civil y obras pesadas, para la supuesta adquisición de crema quirúrgica antiséptica por la emergencia sanitaria que ocasionó el Covid-19. No obstante, el producto no fue localizado y, con base en la investigación del caso, los recursos fueron malversados, en detrimento de las finanzas públicas.
La condena fue de 12 años de prisión, más el pago de una multa por concepto de reparación de daño que asciende a 14 millones 820 mil 904 pesos.
Vega Orozco enfrenta dos procesos más por presuntas adquisiciones fantasma. El primero es por un contrato signado el 15 de junio de 2022 con la persona moral Soluciones Empresariales Rodida S.A. de C.V., para que proporcionara “servicios de informática consistentes en un Sistema Integral de Nómina y Recursos Humanos”.
La justificación para erogar 11 millones 850 mil 999 pesos era que se sistematizarían procesos y era necesario para la administración pública; sin embargo, la AIC en el estado asegura que este servicio nunca se proporcionó, aunque se emitió una factura con la que el gobierno anterior justificó la salida del recurso.
A Martiniano, la procuraduría también lo acusa de facturar un sistema informático para el monitoreo de obras por 11 millones 998 mil 560 pesos, software del cual, asegura, tampoco hay registro, pese a que se transfirieron recursos a la firma Aktaion Digital, por un contrato otorgado por la Oficialía Mayor para validar la transacción.
TOMADO DE PROCESO.COM.MX