DE LA GUARDERÍA ABC AL JARDÍN DE NIÑOS: NUEVA TRAGEDIA EN SONORA
Las realidades de la educación pública en Sonora son múltiples y variadas por lo que no existe una sola versión que pueda definirla como producto de una política de estado, sino más bien como de una inacabable improvisación que se traduce en inequidades.
El resultado no es algo virtuoso, sino un desconcierto que no termina por definir una versión normalizada generando profundas diferencias entre los segmentos de la sociedad, según su contexto, origen y ubicación.
De implementarse una Norma Oficial Mexicana (NOM) para la educación con la cual pudiera igualarse el acceso, estancia, permanencia y egreso de los estudiantes en condiciones de equidad, estas diametralidades pudieran diluirse para dar como resultado un mejor perfil de mexicano más homogéneo, libre y eficiente.
Esta implicación tiene alcances de política de Estado, algo así como las implementadas en algunos programas sociales que por condición constitucional serían inamovibles. Pero ¿a quién le interesa tal cosa?
Lamentablemente conceptos como este sólo cobran relevancia ante hechos impactantes que sirven como referente al menos para la reflexión, como el ocurrido esta semana en Hermosillo con la muerte de una niña dentro de una escuela de nivel preescolar, la cual pudo haberse evitado con una política de estado que garantizara protocolos, insumos de primeros auxilios, procedimientos y vinculación interinstitucional que no hubo.
La escuela anidó condiciones por alguna circunstancia para que un alacrán pudiera habitar en sus instalaciones. En el plantel no había antídoto ni quien pudiera suministrarlo. El traslado de la niña fue improvisado por la urgencia en una patrulla de policía al IMSS, pese a la proximidad inmediata de dos hospitales con respecto de la escuela que con el seguro que tiene contratado la SEC, bien pudo haber sido atendida de manera más oportuna.
Para variar, el IMSS tampoco tenía el antídoto en existencia, como parte de la sistemática y costosa política austericida en salud y que trajo como consecuencia la muerte de una menor que no debió morir y por último, el suceso no trasciende hasta cuatro días después, previa circular oficial para que se fumiguen las escuelas. El gobierno lo entiende como un evento fortuito.
Un hecho que deja interrogantes y puntos de reflexión. ¿Habría tardado cuatro días la autoridad educativa en informar sobre algo similar en una escuela particular? Recordemos la tragedia de una niña que murió ahogada en la alberca de una escuela particular de Hermosillo que trajo como consecuencia su cierre y las responsabilidades consecuentes. La de esta menor ha sido una muerte infantil que apenas mereció cuatro días después una escueta nota en medios oficialistas que nada cuestionaron, por cierto, de los bien financiados con publicidad oficial.
El hecho lamentable es que el pasado lunes, una menor de cinco años murió al no ser oportuna ni debidamente atendida tras ser picada por un alacrán dentro del jardín de niños Ignacia E. de Amante, en Hermosillo. Fue trasladada por elementos municipales a una clínica del IMSS, donde falleció poco después. El gobernador Alfonso Durazo calificó el hecho como “lamentable y fortuito”, pese a que en la legislación vigente no existen accidentes fortuitos cuando hay omisiones previsibles.
La Constitución mexicana, en su artículo 113, obliga al Estado a responder patrimonialmente por los daños derivados de su actividad irregular. Cuando un menor muere dentro de un plantel público, bajo custodia de servidores públicos, la responsabilidad releva la fatalidad. La Secretaría de Educación y Cultura tiene la obligación jurídica de garantizar infraestructura segura, mantenimiento, fumigación periódica y protocolos de emergencia. Si alguno de esos elementos faltó, no se trataría de un infortunio, sino de una omisión institucional.
En Sonora, donde la infamia de la Guardería ABC generó una de las legislaciones más sólidas del país en materia de custodia y seguridad infantil, la muerte de esta niña consigna que la memoria institucional se ha relajado.
Pese al endurecimiento legal que diera por resultado la tragedia de la guardería en 2009, la política de prevención sucumbe bajo el austericidio presupuestal o la mala planeación financiera de las políticas de prevención y respaldo financiero escolar. Sobra decir que fue el propio estado el que promulgó estrictas normas de seguridad escolar tras esa lección que no queremos aprender en Sonora, que hoy parece tolerar el descuido cotidiano como parte del paisaje educativo.
El Programa de Apoyo Escolar (PAE), creado para sostener la operatividad mínima de los planteles, sigue perdido entre las omisiones y extravíos presupuestales de la SEC, mientras se cobran ilegales cuotas “voluntarias” disfrazadas de multiplicidad de coperachas para reparar salones, fumigar patios o comprar material didáctico, frente al dispendio oficial, como por mencionar un ejemplo, la pachanga que el CRESON tiene este fin de semana en San Carlos tirando alrededor de medio millón de pesos en un programa intrascendente que bien pudo hacerse en la sede estatal en lugar de este costoso lugar, de lo cual hablaremos la próxima semana.
La AEPAF, constituida en su creación como voz de contrapeso institucional, se ha concebido desde su fundación y ha operado como una figura de legitimación y acompañamiento que depende presupuestalmente de quien en teoría vigila y regula, el propio estado.
Los Congresos de Padres y Maestros, que en su origen buscaban deliberar sobre políticas de mejora educativa, hoy solamente son un recuerdo de un gran esfuerzo desdeñado por la mediocridad.
En los patios de muchas escuelas se acumulan enormes basureros de activo fijo, mobiliario y equipo inventariado como útil en estado de chatarra que no puede desecharse por amenazas de sanciones administrativas, generando así una diversidad de focos de riesgo ante la mirada complaciente de protección civil.
Esa absurda política acumuladora de basura coexiste con aulas carentes de mantenimiento y con la falta de capacitación del personal para emergencias médicas, ya no digamos la existencia de médicos, pasantes o estudiantes de medicina y enfermería que bien pueden prestar servicio social de manera permanente. Así, el deterioro físico y la indiferencia estructural, la desvinculación, la flojera y la mediocridad terminan siendo causales silenciosas de tragedias como esta.
Las leyes aplicables están a la vista, por lo que el terminajo “fortuito” que probablemente recomendara el equipo jurídico de Durazo para explicar este acontecimiento no ha lugar. El Código Penal del Estado tipifica el homicidio culposo por negligencia u omisión. La Ley General de Responsabilidades Administrativas exige diligencia a los servidores públicos y la Ley General de Salud obliga al control de fauna nociva y a la disponibilidad de sueros antialacrán en zonas endémicas. Ya veremos con que nueva estulticia nos sale el remedo de secretario de educación que nos receta el estado de Sonora para explicar estas inobservacias, así como qué nuevo chivo expiatorio nos ofrecen, ¿Una bomba de fumigar en lugar de un Cooler?.
Otro dato llamativo es que este suceso ocurrió el lunes y se conoció públicamente hasta el jueves. ¿Tan intrascendente fue para Froylán Gámez la muerte de una niña en horario escolar? La lentitud informativa refleja el desinterés con que se procesan los hechos que no encajan en la narrativa oficial. Durante todos estos días no hubo pronunciamiento institucional ni duelo educativo. Solo silencio y un torpe intento de control de daños.
Es hora de abrir un amplio debate público sobre la designación de secretarios de Educación probaddamente competentes, personas con experiencia comprobable, conocimiento técnico y probado conocimiento de la educación pública básica, en lugar de recomendados improvisados que con su inaptitud terminan hasta disculpados por su ignorancia y en el caso particular, frivolidad.
Y aquí es donde le pregunto a mi estimado tío poncho: Si la educación es el cimiento del desarrollo, ¿Por qué se sigue administrando como una plataforma de lanzamiento de un personaje ajeno y evidentemente limitado? También es tiempo de cuestionar si la política asistencialista debe seguir siendo prioridad cuando produce insuficiencia estructural. Las escuelas necesitan planeación, presupuesto y liderazgo.
¿Cómo se construye una educación de calidad? No con discursos, sino con gestión profesional, rendición de cuentas y continuidad de programas efectivos como los que alguna vez impulsó la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE), que proponía corresponsabilidad y evaluación real de resultados. Cada tragedia infantil es una llamada de atención al sistema completo. Sonora requiere compromiso e inversión equilibrados en educación, no modas y mucho menos políticas clientelares, si de cumplir con la obligación de brindar una educación liberadora y de calidad se trata.
Por último, lamentar que otro un menor muera dentro de una escuela por fallas estructurales en las que incurre un estado cuya obligación primordial es garantizar condiciones óptimas para brindar y vincular servicios de calidad como lo establecen las leyes que el propio estado expide, así como un llamado al equipo legal del gobernador para que le ayude a evitar interpretaciones fatales como actos producto del infortunio. Lo previsible no puede ser “fortuito”, por lo que esta tragedia pudo haber no ocurrido y ya en el último de los casos, esperemos que esta reiteración de lo que no debe pasar sirva para que la sociedad sonorense exija mejores contraprestaciones de sus empleados en el gobierno para lo cual, hay todo un sistema que tenemos que sacudir.
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