HERMOSILLO: ¿SE NOS ESTÁ DESCOMPONIENDO O NOS LO ESTÁN DESCOMPONIENDO?
Durante los últimos cuatro años, Hermosillo se había consolidado como una de las ciudades más seguras de México. Sin embargo, en meses recientes, esa percepción ha dado un giro que hace levantar la ceja incluso a quienes no creen en el “Santoclos”.
Vale la pena preguntarlo sin rodeos: si el alcalde Astiazarán no tuviera la intención —o, más aún, la posibilidad real— de competir y ganar la gubernatura en la próxima elección, ¿estaríamos viendo este mismo escenario?
La duda es legítima: ¿Hermosillo se está descomponiendo por sí solo o nos lo están descomponiendo? Y si es lo segundo… ¿quiénes?, ¿por qué?, ¿para qué?
Por esa misma razón, a quien más le conviene frenar esta repentina ola de violencia en la capital sonorense es a la Fiscalía estatal. Esta situación exige una explicación que hasta ahora no se ha dado, y es precisamente la procuración de justicia la que debe asumir esa responsabilidad frente a la ciudadanía.
La dilación —o peor aún, la ineficacia— no solo daña la confianza pública, sino que perjudica políticamente al propio gobernador, quien no tendría por qué cargar con las omisiones o ineptitudes de quienes él mismo ha nombrado para velar por la seguridad de los sonorenses.
Por citar algo reciente: Ayer ocurrió un hecho que no trascendió públicamente. Más allá de la persecución y el arresto espectacular del conductor de una pipa, al parecer robada, sobre el bulevar Kino —que sí tuvo boletín oficial—, hubo otro suceso que no fue difundido, pero que sí pudimos verificar: la detención de varios sujetos, entre ellos uno de alto perfil, quienes mantenían secuestrada a una joven en una patrulla clonada, similar a las de la policía municipal. Esto no fue un hecho menor.
La acción se llevó a cabo de manera coordinada entre la Policía Municipal, Policía Estatal, Guardia Nacional y SEDENA.
Además, se logró el arresto de presuntos participantes en el asesinato de un policía municipal, ocurrido días atrás, cuando éste se dirigía a su domicilio y fue acribillado por dos motociclistas.
De eso estamos hablando… En ambos casos, los distintos órdenes de seguridad reaccionaron y actuaron. Eso envía un mensaje claro: quienes hayan llegado —por la razón que sea— a intentar imponer el desorden en Hermosillo, harían bien en reconsiderar su permanencia en una ciudad que ya está en estado de alerta y lista para responder.
Bien por esa coordinación en la que la fuerza municipal ha funcionado como eje de reacción.
Para cerrar: Bastante tenemos ya con lo que ocurre en Cajeme, donde los horrores que hoy empiezan a asomarse en Hermosillo llevan años de historia, de pretextos gastados y de omisiones acumuladas.
Hoy, esa gran ciudad de nuestro estado aparece en el contexto mundial como uno de los puntos más inseguros del planeta.
No queremos eso para Hermosillo. Y así como en Cajeme, esto depende de la autoridad responsable de brindar seguridad, y ya encarrerados, ¿Como no citar al clásico de los abrazos del bienestar de los delincuentes?: “Si no pueden, renuncien”. Y vaya que, al menos hasta ahora, en Cajeme no han podido… y tampoco han renunciado.
#ByTheWay
Detenciones que no cierran la historia
La detención de los presuntos autores intelectuales del caso Carlos Manzo es, para el discurso oficial, una buena noticia que llega en la antesala de la nueva movilización de hoy convocada por la Gen Z, en lo que luce más como un control de daños que una devolución de resultados, luego de la manifestación boicoteada, intervenida y reprimida con lujo de abuso fuerza y acciones reaccionarias del gobierno más conservador desde los sesentas.
El diputado Carlos Bautista Tafolla, afín a la causa de Manzo, ha cuestionado abiertamente esta versión, señalando que la detención no responde a las preguntas de fondo: quién ordenó realmente el crimen y por qué.
Su posición es clara: no basta con presentar a un presunto “autor intelectual” si no se investiga la red política y de poder que rodeaba las denuncias hechas por la propia víctima .
Más aún, el legislador ha advertido que existe el riesgo de que se esté “cerrando el caso” de forma apresurada, sin tocar a posibles responsables con influencia política, lo que convertiría la detención no en un acto de justicia, sino en un movimiento de control de daños.
Cuando una detención viene acompañada de cuestionamientos desde dentro del propio sistema político, no se fortalece la confianza pública: se debilita.
Lo que está en juego ya no es solo un caso penal, sino la credibilidad de las instituciones.
Si realmente se tratara de hacer justicia en el caso de Carlos Manzo, no basta con mostrar detenidos. Hace falta claridad, transparencia y pruebas que resistan el escrutinio público, tanto en el plano judicial, como político.
Todo lo demás es una narrativa emergente que deja de lado la acción contra quienes mantienen en Michoacán el estado fallido, empezando con el señalado por Manzo como “Narcogobernador”, Alfredo Ramirez Bedolla, a quien también Manzo responsabilizara si algo como lo que le pasó le ocurriera. Lejos de ello, el régimen ya lo absolvió y lo respalda.