Por Rafael Croda
BOGOTÁ (Proceso).– Una cadena de “explosiones” en laboratorios de procesamiento de cocaína en zonas rurales del suroccidente de Colombia, cerca de la frontera con Ecuador, ha encendido las alarmas entre los habitantes de la región.
Muchos temen que los ataques anunciados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra organizaciones colombianas del narcotráfico, ya estén en marcha.
Hasta el presidente colombiano Gustavo Petro, que el pasado martes se reunió con Trump en la Casa Blanca, dijo tras ese encuentro que “en la frontera con Ecuador hay decenas de muertos, calcinados”, y llamó a los campesinos cocaleros de esa región a sustituir los cultivos de hoja de coca “antes de que nos calcinen con drones”.
Petro omitió precisar si las “decenas” de víctimas son producto de bombardeos unilaterales estadunidenses. Tampoco aclaró si trató ese tema con Trump.
Pero funcionarios del gobierno colombiano que hablaron con Proceso bajo la condición del anonimato, señalan que en los análisis realizados en terreno por peritos de la Fiscalía y de las Fuerzas Militares han encontrado “puntos de impacto con características de munición de caída o proyectil dirigido” y “fragmentos metálicos con geometría típica de bombas”.
Esas evidencias, la precisión de los “ataques”, su sistematicidad y la magnitud de los daños han llevado a los organismos de seguridad colombianos a descartar que se trate de explosiones accidentales de los materiales inflamables que se utilizan en esos laboratorios artesanales o de acciones armadas entre grupos de narcotraficantes.
Una de las fuentes consultadas dijo que cuando Petro habla de “decenas de muertos” se refiere a los “más de 30” cadáveres levantados por personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y del Instituto de Medicina Legal en los sitios de los hechos, que se localizan en áreas rurales del suroccidental municipio de Tumaco, colindante con la provincia ecuatoriana de Esmeraldas.
Hasta ahora, las autoridades colombianas reconocen en público que dos laboratorios de cocaína han sido destruidos en Tumaco, departamento de Nariño, “en extrañas circunstancias” que deben ser esclarecidas mediante una investigación de la Fiscalía.
En privado, varios funcionarios consideran que se trata de ataques con drones estadunidenses que parten desde la base aérea de Manta, en Ecuador, y que son parte de la ofensiva reiteradamente anunciada por Trump contra narcotraficantes colombianos y sus “fábricas de cocaína”.
Amenazas creíbles
Una de las fuentes consultadas señaló que el gobierno de Petro tiene conocimiento de “varios” ataques a laboratorios de cocaína no sólo en Tumaco, sino también en otros municipios de Nariño y de Putumayo, departamentos fronterizos con Ecuador y los cuales son, junto con Norte de Santander, los que más cultivos de hoja de coca concentran en el país.
En ese extenso corredor fronterizo operan grupos armados como la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, que está en pláticas de paz con el gobierno; Segunda Marquetalia, Estado Mayor Central y Comandos de la Frontera, los cuales son disidencias de las antiguas FARC y son considerados organizaciones “terroristas” por el gobierno de Trump, al igual que el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que también tiene presencia en esa zona.
Las “explosiones” de laboratorios de cocaína conocidas por los medios son la ocurrida la noche del 22 de enero pasado en el corregimiento de Llorente, donde se registraron 12 muertos, y la de la vereda Pital de la Costa, donde se reportaron cinco decesos. Ambas localidades forman parte del municipio de Tumaco, que tiene una extensa zona rural.
La revista colombiana Raya, que se ocupó del tema este jueves, señaló que una tercera “explosión” habría ocurrido en un caserío cercano al Río Rosario, al norte de Tumaco. La publicación se preguntó en el titular del reportaje: “¿Estados Unidos o Ecuador son los responsables?”
Pobladores de la zona dijeron a la revista que las “explosiones” de laboratorios procesamiento de hoja de coca y cocaína “serían el resultado de operaciones secretas de Estados Unidos”.
Trump ha amenazado con atacar en terreno a grupos del narcotráfico en Colombia y en México. A Petro, incluso, le dijo que se “cuide el trasero”. Pero luego de la reunión que sostuvieron en la Casa Blanca el pasado martes, ambos mandatarios superaron sus confrontaciones y acordaron acciones conjuntas contra organizaciones criminales.
Después del ataque del Pentágono a Venezuela, el pasado 3 de enero, y de la “extracción” de Nicolás Maduro para ser juzgado en Nueva York por narcotráfico, las amenazas de Trump se volvieron mucho más creíbles.
Secuencia de hechos
Una pieza clave en la estrategia geopolítica de Trump para América Latina es el presidente ecuatoriano Daniel Noboa, un joven multimillonario nacido en Estados Unidos, formado académicamente en ese país y entusiasta partidario del mandatario estadunidense.
El pasado 21 de enero, de manera sorpresiva, Noboa anunció la imposición de un arancel del 30% a los productos de Colombia con el argumento de que este país no coopera en el combate al narcotráfico en la frontera común.
Un día después se produjo la “explosión” del laboratorio de cocaína en Llorente y el 24 de enero resultó destruido el laboratorio en Pital de la Costa.
El 25 de enero, el subsecretario de Guerra de Estados Unidos, Joseph M. Humire, inició una visita de dos días a Ecuador para “orientar los esfuerzos hacia amenazas como el narcotráfico y buscar la forma de mejorar la seguridad en la frontera norte” (con Colombia), según dijo el comandante de las Fuerzas Armadas ecuatorianas, general Henry Delgado.
El ministro ecuatoriano del Interior, John Reimberg, dijo que se están realizando “bombardeos” contra estructuras vinculadas al narcotráfico y a la minería ilegal y sostuvo que la cooperación con Estados Unidos está encaminada a “atacar al narcotráfico, atacar la frontera”.
El 17 de diciembre último, personal de la Fuerza Aérea de Estados Unidos arribó con equipo a la base aérea de Manta, en Ecuador, localizada 330 kilómetros al sur de la frontera con Colombia.
La Embajada de Estados Unidos en Ecuador informó en X que se trataba de una “operación temporal” orientada “al fortalecimiento de la recopilación de información y las capacidades de lucha contra el narcotráfico”.
Un mes antes los votantes ecuatorianos habían rechazado en un referéndum la propuesta de Noboa de que se instalen bases militares extranjeras en el país.
Víctimas civiles
El presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) de Colombia, Camilo González Posso, dice que los testimonios de observadores directos de la destrucción de laboratorios de cocaína en Tumaco indican que fueron “explosiones provocadas por artefactos teledirigidos”.
“Entonces pues hay una alerta porque Trump dijo que iba a hacer operaciones para bombardear fábricas de cocaína”, señala el experto en conflicto armado y exnegociador de paz del gobierno de Petro con la disidencia de las FARC denominada Estado Mayor Central.
De acuerdo con González Posso, el presidente Petro sólo ha hecho alusiones a los presuntos ataques con drones provenientes de Ecuador porque de esto “no hay una confirmación oficial y, hasta ahora, sólo se trata de hipótesis”.
A diferencia de los ataques contra embarcaciones que presuntamente transportan drogas en el Caribe y el Pacífico, los ataques a los laboratorios de cocaína en el suroccidente de Colombia no han sido reivindicados por Estados Unidos.
“Pero la situación es muy grave –asegura el presidente de Indepaz–, porque hay decenas de personas calcinadas, civiles, incluso personas que transitaban cerca de donde ocurrieron las explosiones, probablemente niños y mujeres, aunque todo esto es lo que se sabe de manera extraoficial, porque no hay pronunciamiento de las autoridades”.
Éste es, agrega, “un silencio sospechoso y prudente, pero si se llegara a comprobar que es una agresión desde el exterior, con drones y con participación de Estados Unidos, de Ecuador, pues sería ya un precedente de intervención y agresión, pero además sin ninguna justificación, porque lo que han hecho explotar es lo que llamamos ramadas, unos laboratorios muy artesanales, rudimentarios”.
Para González Posso estos bombardeos constituyen “una violación a todo principio de humanidad y a toda norma del derecho internacional humanitario, porque las víctimas son gente inerme, no son gente armada, son campesinos asalariados que de ninguna manera pueden ser considerados un objetivo militar”.
Y asegura que aunque estuvieran involucrados en una actividad ilegal, “en Colombia no existe la pena de muerte y toda persona tiene derecho al debido proceso”.
El experto en conflicto y paz asegura que el presidente Petro estaba al tanto de esos hechos desde antes de su viaje a Washington para reunirse con Trump, pero no tiene elementos para responsabilizar a Estados Unidos o a Ecuador de estos presuntos ataques, aunque “existen muchos indicios”.
“Mi hipótesis –señala– es que si se llegasen a comprobar estos indicios, el presidente Petro se va a pronunciar en una forma categórica, señalando que eso es una violación de la soberanía, que es inaceptable y que tiene que haber por parte de Estados Unidos, si fuera el caso, una aclaración sobre el asunto”.