Por Gustavo Castillo García y Cristina Gómez Lima/Foto: Cristina Gómez Lima
A 17 años de la tragedia de la Guardería ABC, la Fiscalía General de la República (FGR) destacó la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que mantiene vigente la acción penal y permite continuar el proceso judicial contra dos exfuncionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al determinar que los delitos relacionados con el caso no prescriben por tratarse de hechos vinculados a graves violaciones de derechos humanos.
Este sábado a través de un comunicado, la FGR señaló que la decisión del máximo tribunal del país permite que continúe la causa penal iniciada por la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos contra dos exfuncionarios del IMSS, quienes fueron procesados por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas en la modalidad de comisión por omisión.
“La decisión adoptada por la SCJN implica la continuación del proceso penal, ligado con una indagatoria iniciada en la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos de la Fiscalía Especializada de Control Regional, en contra de los dos funcionarios del IMSS, quienes fueron llevados a proceso penal por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas, en la modalidad de comisión por omisión”, compartió en el comunicado la FGR.
Asimismo, explicó que el juicio de amparo fue promovido bajo el argumento de que la acción penal había prescrito y que los delitos investigados debían sujetarse a las reglas generales de prescripción. Sin embargo, recordó que un juzgado federal negó la protección constitucional y posteriormente la SCJN confirmó ese criterio al concluir que los hechos investigados están asociados a violaciones graves de derechos humanos.
La FGR sostuvo que el fallo fortalece la protección del derecho de acceso a la justicia para grupos de atención prioritaria, particularmente niñas, niños y adolescentes. Al determinar, que los delitos no prescriben por el paso del tiempo. Además, precisó que para este análisis no resulta jurídicamente relevante si las conductas investigadas fueron dolosas o culposas.
Actualmente, tres personas permanecen en prisión por su responsabilidad en el caso de la Guardería ABC: Nohemí López Sánchez, ex responsable del área de guarderías del IMSS en Sonora; Sandra Lucía Téllez Nieves, socia propietaria de la estancia infantil; y Roberto Copado Gutiérrez, ex director de Protección Civil Municipal de Hermosillo.
El incendio de la Guardería ABC ocurrió el 5 de junio de 2009 en Hermosillo, Sonora, cuando el fuego se propagó desde una bodega contigua hacia la estancia infantil subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social. En total, 25 niñas y 24 niños perecieron a causas del siniestro, y más de cien sobrevivieron con afectaciones en sus organismos, y a la fecha lidian con las secuelas de las quemaduras e inhalaciones de los gases tóxicos.
Sentencia de la SCJN “refuerza la protección de garantizar el acceso a la justicia”
La sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en torno a la imprescriptibilidad de los delitos cometidos en el Caso de la Guardería ABC, la Fiscalía General de la República (FGR) consideró que ello “refuerza la protección de garantizar el acceso a la justicia por parte de grupos de atención prioritaria, como lo son las niñas y los niños involucrados”.
La institución que dirige Ernestina Godoy Ramos señaló que “la decisión adoptada por la SCJN implica la continuación del proceso penal, ligado con una indagatoria iniciada en la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos de la Fiscalía Especializada de Control Regional, en contra de los dos funcionarios del IMSS, quienes fueron llevados a proceso penal por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas, en la modalidad de comisión por omisión”.
Se debe recordar que en días pasados la SCJN determinó que son imprescriptibles los delitos que cometieron funcionarios del estado de Sonora, del Instituto Mexicano del Seguro Social y directivos de la Guardería ABC, lo anterior al resolver un Amparo en Revisión, relacionado con los lamentables hechos ocurridos en la estancia infantil el 5 de junio de 2009, en Hermosillo, Sonora, en los cuales perdieron la vida 49 niñas y niños, y decenas más resultaron lesionados.
El fallo se dio al resolver un amparo promovido por Sergio Antonio Salazar Salazar, director de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS entre 2006 y 2009, detenido en 2020 y vinculado a proceso bajo la acusación de homicidio y lesiones culposas por omisión en agravio de los menores de la guardería.
Foto Cristina GómezLa Corte aprueba el proyecto de Loretta Ortiz contra la impunidad en el caso ABC
Por unanimidad, el pleno aprobó el proyecto de la ministra Loretta Ortiz Ahlf, que concluyó que el incendio y la omisión del Estado en su deber de cuidado constituyeron graves violaciones a los derechos de la infancia, por lo que la acción penal derivada de esos hechos no puede extinguirse por el paso del tiempo.
Así, la FGR indicó que “el juicio de amparo indirecto se promovió, al considerarse, entre otras cuestiones, que la acción penal estaba prescrita y que no era aplicable el artículo 106, párrafo último de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, dado que los únicos delitos contra la niñez que tienen una regla especial de prescripción son los previstos en el artículo 107 bis del Código Penal Federal, entre los cuales no se encuentran el homicidio ni lesiones culposos, por lo que, en el caso concreto, debía sujetarse a las reglas generales de la prescripción; no obstante, el Juzgado de Distrito negó la protección constitucional”.
Ante ello, la Corte sostuvo que en los delitos asociados con el lamentable suceso, al constituir violaciones graves a los derechos humanos, no resulta procedente la prescripción de la acción penal correspondiente, pues debe privilegiarse el derecho a la verdad y la justicia.
El máximo tribunal consideró “la necesidad de combatir la impunidad, así como evitar la repetición de los hechos y el olvido de los crímenes sin que sea jurídicamente relevante la naturaleza dolosa o culposa de la acción u omisión que se reproche”, informó la FGR.
El Ministerio Público Federal refirió que “debe atenderse a la multiplicidad de bienes jurídicos tutelados y a los derechos humanos lesionados en perjuicio de niñas y niños, así como de sus familias en su carácter de víctimas indirectas”.
TOMADO DE JORNADA.COM.MX