Por Aarón Ibarra
CULIACÁN, Sin (Proceso).– La fractura del Cártel de Sinaloa consumada con el secuestro de Ismael el Mayo Zambada García, y el presunto involucramiento de políticos locales con el gobernador morenista Rubén Rocha Moya a la cabeza, detonaron en ese momento una crisis de violencia y de gobernanza que prevalece después de dos años.
En una carta, Zambada García advirtió cómo fue víctima “de una traición”. Fue citado el jueves 25 de julio de 2024 a una reunión con Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y con Héctor Melesio Cuén Ojeda, exaliado de Morena y en ese momento el acérrimo rival del oficialismo estatal, en un inmueble del residencial Huertos del Pedregal.
La idea era zanjar las diferencias políticas. Pero Melesio Cuén fue asesinado y el Mayo secuestrado y llevado contra su voluntad a Estados Unidos, donde fue detenido por las autoridades de ese país y recién condenado a cadena perpetua en una corte local.
Han pasado dos años desde que en Sinaloa se firmó una declaración de guerra. El predio de descanso en Huertos del Pedregal sigue con los sellos de aseguramiento, y en su interior la Fiscalía General de la República (FGR) comprobó que en ese inmueble fue secuestrado el líder histórico del Cártel de Sinaloa y también fue asesinado Cuén Ojeda, político de los más poderosos de Sinaloa.
Ambos crímenes, los más graves de ese caso, siguen impunes al igual que se mantienen sin justicia más de 94% de los cerca de tres mil asesinatos; tampoco están resueltas las casi cuatro mil desapariciones registradas oficialmente desde ese jueves a la fecha.
Las únicas “novedades” del caso Sinaloa son la separación de Rubén Rocha Moya como gobernador, vía solicitud de licencia la noche del 1 de mayo de este año, y la acusación contra él y nueve de sus colaboradores, entre ellos el senador Enrique Inzunza y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, de parte del gobierno de Estados Unidos por tener nexos con los Chapitos, la facción que traicionó al Mayo Zambada.