PROTEGER AL PÚBLICO NO PUEDE CONVERTIR AL GOBIERNO EN ÁRBITRO DE LA CENSURA
En México existe una alarmante tendencia a habituarse a situaciones que tendrían que despertar nuestra indignación. La nueva discusión sobre control de contenidos digitales es la muestra de cómo para el Estado le resulta conveniente administrar el daño.
El Gobierno federal abrió una consulta pública sobre los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, emitidos por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. Según lo informado, la consulta inició el 27 de julio y concluirá el 21 de agosto, y busca recibir opiniones de concesionarios de radio y televisión, usuarios, audiencias, academia y sociedad civil. Los lineamientos aplican a radio, televisión abierta, televisión y audio de paga, programadoras públicas, comerciales y sociales, y prevén que los medios cuenten con código de ética y defensoría de audiencias, implica pues muchas cosas, cabe preguntarnos, ¿existen los derechos de las audiencias hoy en día?
Vamos por partes, aún no se consolidan esos derechos sin duda, por ello, el objetivo de esta propuesta puede sonar razonable. Las audiencias si tienen derechos en papel, tienen en el papel, el derecho a distinguir entre noticia y opinión, a no ser engañadas con publicidad disfrazada de contenido, y a recibir información veraz y oportuna. Por ello, la propia presentación oficial señala que se busca evitar “laxitud, subjetividad o discrecionalidad” en la interpretación de la norma, y que los lineamientos contemplan mecanismos de queja ante defensorías de audiencia para materializar esos derechos, ¿será?
El riesgo aparece justo en el lugar donde el Estado dice querer proteger con este principio de los derechos de las audiencias, para que el propio Estado decida qué es información falsa, descontextualizada o incorrecta, ojo con eso.
En la Comisión Permanente, Morena defendió la consulta pública y sostuvo que no hay riesgo de censura; Ignacio Mier dijo que “no es la biblia lo que se está consultando” y que el proyecto puede enriquecerse, bien, pero veremos. Por otro lado, el PRI y PAN advirtieron que existen puntos ambiguos que podrían abrir la puerta a que una autoridad administrativa revise contenidos, determine qué es falso o descontextualizado y genere presión sobre medios críticos, esa autoridad, es sin duda el riesgo en la discrecionalidad, por la falta de la autonomía que pueda tener según como está conformada la estructura administrativa que conocerá esos procedimientos, he ahí el riesgo.
Desde una lectura jurídica, el problema no es reconocer derechos de las audiencias, eso ya está, el problema es convertir esos derechos en una herramienta de control editorial o incluso de censura. Sin duda, en una democracia moderna se necesitan medios responsables, sí, pero también necesita que el Gobierno no se convierta en juez de la verdad pública. La libertad de expresión no protege solamente opiniones cómodas, sino también investigaciones incómodas, críticas duras, férreas, a la sátira, incluso los errores corregibles y los debates públicos. Si una autoridad con integración política puede sancionar contenidos por criterios abiertos, el efecto no será necesariamente la censura directa; puede ser algo más silencioso y eficaz: autocensura.
La crítica más fina no consiste en negar todo. Sería ingenuo decir que los medios no cometen abusos. Sin duda, hay desinformación, linchamientos mediáticos, amarillismo, propaganda disfrazada de noticia y daños injustos a reputaciones, vaya me tocó vivirlo como Fiscal. Un análisis publicado en El País reconoce esa doble tensión: por un lado, el derecho social a exigir responsabilidad a concesionarios que usan un bien público; por otro, el peligro de que una instancia dominada por la fuerza política en el poder pueda terminar dictaminando y sancionando contenidos que le incomoden, grave riesgo a la libertad de expresión.
Por eso, la solución no es tirar la consulta a la basura ni aprobar como acto de fe, sino la solución es corregir con bisturí jurídico: conceptos precisos (no subjetivos), autoridad verdaderamente autónoma e independiente (no como está el día de hoy), sanciones proporcionales, debido proceso, defensa efectiva, criterios técnicos y una línea roja clara: ninguna autoridad administrativa debe decidir el contenido editorial de un medio por razones políticas, no, objetividad y claridad.
Sí, el Estado mexicano debe proteger a las audiencias, pero nunca administrar la conversación pública, debe ser el observador, no el actuante. Sí, debe exigir transparencia a los medios, pero no fabricar un mecanismo para disciplinarlos, no debe ser su labor. Y debe recordar algo fundamental, una regulación pensada para “mejorar” la información puede convertirse, en manos equivocadas, en una herramienta para censurar y castigar a quien incomoda, ese no es el camino.
*Mtro. Odracir Ricardo Espinoza Valdez
Abogado Penalista, Académico, Primer Fiscal Anticorrupción del País y Ex asesor Legal del Departamento de Justicia de EU en México.