Por Iván Evair Saldaña
Ciudad de México.- La ministra Lenia Batres Guadarrama protagonizó este jueves la mayor confrontación hasta el momento del renovado Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al acusar a sus pares de tener “animadversión” en su contra por rechazar uno de sus proyectos sin, dijo, “argumentos jurídicos”. Además, atribuyó esta actitud a un oficio que, reveló, envió al Órgano de Administración Judicial (OAJ) con observaciones a la propuesta de presupuesto 2027 que los ministros aprobaron días antes.
En respuesta, los ministros cerraron filas para rechazar las acusaciones de Batres, cuya posibilidad de presidir la Corte en el siguiente año está en duda debido a una contradicción entre dos artículos de la Constitución.
“Veo una animadversión insana. Voy a retirarlo (el proyecto) y espero sus observaciones y de verdad quisiera creer que no tiene que ver con el oficio que el día de hoy mandé al Órgano de Administración Judicial respecto del presupuesto de esta Corte”, dijo.
El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz tuvo que intervenir en diversos momentos para calmar los ánimos, pero también para refutar las acusaciones de la ministra.
“Me estoy enterando del oficio, en lo personal, ministra, nada tiene que ver. Yo acabo de enterarme, no sé si alguien quiera comentar algo”, dijo mientras sus compañeros también lo rechazaban.
Hubo otras intervenciones como la de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, quien respondió a las expresiones de Batres que, dijo, “me parecen preocupantes”.
“Todo lo que he escuchado en este debate me parecen puntos de vista serios. Entonces, ‘seamos serios’, somos serios, y han sido puntos de vista nada más en la parte del proyecto. Y señalar que ‘es insano lo que se está presentando aquí’, no, pues yo no veo dónde está ninguna de las consideraciones ni expresiones hacia la persona de la ministra ponente, de ninguna manera, son expresiones en contra del proyecto que hoy se nos presenta”, dijo.
El proyecto de Batres resolvía una contradicción entre dos tribunales colegiados sobre cómo deben notificarse a las autoridades las sentencias de amparo emitidas el mismo día de la audiencia. Proponía que la notificación se hiciera por oficio y no por lista, para garantizar que las autoridades conocieran formalmente las obligaciones impuestas y pudieran cumplirlas o impugnarlas. La propuesta buscaba establecer jurisprudencia obligatoria sobre este criterio.
La Ministra acusa
Tal como lo hizo con la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la ministra Batres Guadarrama acusó al renovado Pleno de mantener “privilegios” al interior del alto tribunal que están prohibidos por ley y, como muestra de ello, ventiló que la Corte solicitará para 2027 un presupuesto 17 por ciento mayor al de este año.
En redes sociales, después de confrontarse públicamente con sus compañeros ministros durante la sesión por este mismo asunto, Batres Guadarrama publicó un oficio que envió el pasado miércoles al Órgano de Administración Judicial (OAJ), en el que advierte un retroceso en materia de austeridad republicana dentro de la SCJN.
“Solicito que el Órgano de Administración que usted preside suprima esos privilegios que ya se habían eliminado en ejercicios presupuestales anteriores”, señala el documento.
Batres también acompañó el oficio con un mensaje en el que retrata su actual relación con sus compañeros ministros: “desafortunadamente, ha generado animosidad negativa en mis compañeros ministros y compañeras ministras, que se reflejó en la sesión del día de hoy”.
SCJN solicitará 6 mil 104 millones de pesos para 2027
En el oficio, la togada justificó que desde que ingresó a la Corte, en diciembre del 2023, se comprometió a ejercer la austeridad republicana a la que todo servidor público está obligado conforme a la Constitución.
En ese contexto reveló que el 6 de agosto pasado el Pleno del máximo tribunal, presidido por Hugo Aguilar Ortiz, aprobó, en sesión privada, solicitar 6 mil 104 millones 533,140 pesos de presupuesto, 17.2 por ciento adicional al monto autorizado por la Cámara de Diputados para el ejercicio fiscal 2026.
Lo anterior, dijo, pese a que este año la Corte funcionó con un presupuesto menor al solicitado por la anterior integración del Pleno, encabezada por la hoy ministra en retiro Norma Piña Hernández, y a que aún existen áreas que pueden suprimirse.
“Ha quedado, además, pendiente el ajuste a las pensiones de ex ministras y ministros conforme a las remuneraciones que recibimos ministras y ministros, y la supresión de plazas que se les ha destinado, que, de acuerdo a la Dirección de Gestión Administrativa de esta Corte, asciende a más de 54 millones de pesos en el primer caso (únicamente el excedente) y 39 millones (dejando una plaza), respectivamente”, señaló.
Advierte que si el Órgano de Administración Judicial y posteriormente por la Cámara de Diputados aprueban la propuesta de presupuesto del actual Pleno “habrían sido nugatorios los esfuerzos de austeridad realizados, obligación que conforme a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley Federal de Austeridad Republicana, también debe realizar este Poder Judicial”.
“Esfuerzo que redundaría en canalizar más recursos al gasto sustantivo del estado mexicano, que debe dirigirse a mejorar las condiciones de vida de la población”, señaló.
En el documento también ventiló que el anteproyecto de presupuesto, el cual no es público por el momento, los ministros aprobaron “sin estudio previo, la restitución del seguro de gastos médicos mayores para más de 300 personas servidoras públicas, mandos medios y superiores, que ya se había eliminado el año pasado”.
Según Batres, quienes votaron a favor sostuvieron que la contratación debía mantenerse para respetar los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial, como establece el artículo Décimo transitorio de la reforma judicial. Sin embargo, señala que la Ley Federal de Austeridad Republicana prohíbe, en su artículo 22, contratar con recursos públicos seguros de gastos médicos privados, salvo que estén contemplados en disposiciones generales, condiciones generales de trabajo o contratos colectivos.
“En consecuencia, se señaló en la sesión que no se trata de un derecho de los trabajadores (menos aún de los mandos), sino de prácticas prohibidas
expresamente en ley”, apuntó.
Agregó que votó en contra del presupuesto en su conjunto, dado el incremento propuesto, y en contra la restitución de seguros de gastos médicos mayores. Anunció que pidió no incluir a su ponencia en este gasto.
“Una vez votado, solicité que se suprimiera el monto asignado al personal de mi ponencia tanto del seguro de separación individualizada como del seguro de gastos médicos mayores (95 personas). Dicho personal y la suscrita, desde que ingresamos a la SCJN no hemos recibido estos seguros”, señaló.
TOMADO DE JORNADA.COM.MX