Por Aldo Canedo
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Vania Pérez Morales, quien presidió el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), advierte que la corrupción en México ha llegado a un punto en el que ya no puede prevenirse, sino que debe atacarse de frente.
Sin embargo, denuncia que ese combate no ocurre: el propio sistema, creado para ello, “nunca funcionó”.
En ambos casos, expone, se topó con la falta de voluntad de sus compañeros y de las autoridades que integran el sistema, un aparato que hoy describe como “obsoleto”.
En entrevista con Proceso, la activista y académica de la UNAM, que llegó al CPC a finales de 2021 tras quedar en primer lugar en el proceso de selección, no puede citar un sólo logro del SNA en materia de combate a la corrupción. Concluyó su gestión el 28 de enero de 2025 y admite que la presionaron durante su paso por el comité, pero niega que esa haya sido la razón de su salida: “Nadie me sacó”.
Sin combate a la corrupción
Para Pérez Morales, el Sistema Nacional Anticorrupción es el ejemplo más claro de que en México no se combate la corrupción. “Me ha tocado estar en foros internacionales donde dicen: ‘Ah, México, donde el Sistema Nacional Anticorrupción es como lo dice la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción’. Y es muy triste decir: ‘Sí, pero somos uno de los países más corruptos del mundo’. El nivel de impunidad es de 90%, más de 90%”, denuncia.
Sobre los resultados, no hay ejemplos: “No hay nada que yo te pueda decir hoy. Mira, gracias al sistema conseguimos recuperar ocho millones de pesos. Porque nunca trabajaron. Las instituciones trabajaron en islas, los ciudadanos trabajamos en islas, tratamos de hacer algo, pero no fue”.
Como ejemplo de esa impunidad, cita un caso emblemático: “México es el único país que no tiene una sentencia firme por el caso Odebrecht, que es una trama en la que participa toda América Latina (…) somos el único país”, lamenta.
La razón, sostiene, es la falta de voluntad: “Las autoridades nunca tuvieron voluntad de sentarse de tú a tú –la mayoría, no todas, porque hay gente muy decente, gente que atendió las cosas–; la mayoría nunca quiso sentarse de tú a tú, hablar con los ciudadanos. O sea, fue fake que había un ciudadano en el centro”.
La participación ciudadana, considera, tampoco funcionó: “En términos prácticos es muy difícil que pase porque las autoridades no ven como igual a los ciudadanos, y los ciudadanos me parece que terminan siendo capturados (…) Me parece que la mayoría lo que hace es estar ahí como haciendo una especie de simulación”.
Para ella, el propio Sistema Anticorrupción es síntoma de lo que falló: “Fue un gran fracaso y es tan sintomático que en el sistema se encontró corrupción o posible corrupción (…) El sistema no ha sesionado desde que yo me fui”.
Sobre la falta de voluntad para combatir la corrupción, afirma que a las autoridades “no les interesa que funcione, no hay voluntad, las redes llegan hasta autoridades de muy alto nivel”.
Al preguntarle si esa es la razón por la que no les conviene que funcione, responde: “No les conviene. Todos los caminos llevan al hijo del expresidente (Andy). Todos los caminos llevan a la gente ligada con Rocha Moya e Inzunza”.
Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, y el senador Enrique Inzunza fueron acusados en abril de 2026 por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
Pérez Morales rechaza la idea de que el sistema fracasó por pleitos internos: “No sirvió porque las autoridades nunca tuvieron la voluntad de hacerlo. Cualquier esfuerzo que se quiera hacer hoy de combate a la corrupción ya no puede ser preventivo”.
La corrupción también alcanzó al órgano que organiza las elecciones. Reportajes de Reforma y Latinus revelaron una red de siete proveedores que habría simulado competencia y triangulado recursos para obtener contratos millonarios durante la gestión de Guadalupe Taddei al frente del Instituto Nacional Electoral (INE). Entre ellos figuran Cajas Graf y Corporativo Zeg, ligadas a los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas, que ya habían recibido contratos de organismos electorales locales, como el de Sonora cuando Taddei lo presidía.
En 2023 la UIF las incluyó en la lista de personas bloqueadas, aunque después obtuvieron amparos favorables. Jesús Octavio García González, quien representó legalmente a ambas empresas, llegó a ocupar la Dirección de Administración del INE, y el instituto adjudicó de manera directa alrededor de más de 195 millones de pesos a Cajas Graf y a otra empresa vinculada luego de declarar desierta la licitación.
Taddei negó favoritismos y pidió a la ASF auditar las licitaciones, pero la presión creció por la difusión de videos de fiestas con uno de sus contratistas, José Alfredo Hernández Casillas, y por la polémica en torno del viaje de su hijo a París. El domingo 25 de octubre anunció que dejaría el cargo y el lunes 26 formalizó su renuncia ante la Cámara de Diputados, sin referirse a las acusaciones.
Alertas que no prosperaron
Sus advertencias, dice, chocaron con esa misma resistencia. En los primeros meses de 2022 preparó una solicitud de información para pedir los padrones de programas sociales, con base en el artículo 18 de la Ley General del SNA, que permite al CPC acceder sin restricción a la información de las instituciones del Sistema. “Ahí es donde está el meollo del asunto”, sostiene.
Su sospecha partía del crecimiento del gasto social y de lo que le contó, fuera de grabación, una persona que trabajaba para Morena: que las invitaciones al voto y las afiliaciones se hacían con las bases de datos de la Secretaría del Bienestar. “Nosotros trabajamos en Bienestar, pero trabajamos para Morena”, le reveló esa fuente, de acuerdo con su relato.
El entonces secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo, le ofreció ayuda con una condición: “Yo te ayudo, pero convence a tus compañeros”. No lo logró. En el Comité, cuenta, ni siquiera quisieron someterlo a votación: “Es echarnos encima al gobierno y nos van a quitar nuestro sueldo. Siempre ese era su pleito”.
Sobre el huachicol fiscal, sus sospechas surgieron en 2024 a partir de la denuncia de un extrabajador de una plataforma petrolera que la buscó por redes sociales. Según su relato, el trabajador reportó un derrame frente a Salina Cruz, Oaxaca; Pemex habría licitado la limpieza, pero el mar nunca se limpió y la contaminación continuó.
El extrabajador fue despedido tras denunciar ante el Órgano Interno de Control de Pemex. Su caso está ahora ante el mecanismo de revisión del T-MEC, donde el denunciante acusa al Estado mexicano de incumplir las disposiciones ambientales del tratado.
Para Pérez Morales, la contaminación persistente apuntaba a otra cosa: “No puede estarse contaminando el mar si es que no están ordeñando esos ductos (…) Se están robando el crudo, se lo están llevando y están haciendo las ordeñas clandestinamente con la anuencia de Pemex”.
Pérez buscó que el Sistema emitiera un exhorto público y que el tema se sumara a los casos que estudiaba desde el CPC, entre ellos Segalmex, Odebrecht, la Estafa Maestra y la Conade. “Esto va a ser uno de los casos más grandes de corrupción”, recuerda que dijo.
El exhorto no prosperó y en 2025 estalló el escándalo de huachicol fiscal en las aduanas del país, en el que estuvieron involucrados elementos de la Marina y empresarios dedicados al manejo de hidrocarburos.
Para ella, era justo el tipo de caso para el que se creó el Sistema: “El sistema se creó con la finalidad de que, en un caso que trabajaba con redes de corrupción, todos (los integrantes del SNA) le echáramos bola (…) Oigan, miren el huachicol, y que todos dijeran: ‘Ah, esto es mi competencia’. Eso nunca pasó en el sistema”.
TOMADO DE PROCESO.COM.MX