Por Edith González
DURANGO, Dgo. (apro).- A más de un año de la desaparición de Carlos Emilio en Mazatlán, Sinaloa, su madre, Brenda Valenzuela Gil, presentó una demanda de amparo contra el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y otros funcionarios de esa dependencia, a quienes señala por presuntas omisiones en el cumplimiento de diligencias ministeriales relacionadas con la investigación.
La acción legal reclama la falta de ejecución y supervisión de órdenes emitidas por el Ministerio Público Federal para localizar a dos personas que podrían aportar información sobre los hechos. De acuerdo con la demanda, las instrucciones fueron giradas en distintas ocasiones, pero hasta el momento no existen constancias suficientes que acrediten que las autoridades hayan realizado todas las acciones necesarias para ubicarlas.
En un pronunciamiento público, Valenzuela Gil sostuvo que el incumplimiento de estas diligencias obstaculiza el esclarecimiento de la desaparición de su hijo y prolonga la incertidumbre de su familia.
“Una orden de la Fiscalía no es una sugerencia: es un mandato que las autoridades deben ejecutar”, señaló. Añadió que cada día sin avances en la búsqueda puede representar una pérdida irreparable de oportunidades para conocer el paradero de Carlos Emilio.
La demanda identifica como autoridades responsables a García Harfuch, al subsecretario de Inteligencia e Investigación Policial y a titulares de distintas áreas operativas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Entre los actos reclamados se encuentran la presunta omisión de supervisar y ejecutar las diligencias ordenadas por el Ministerio Público Federal, así como la falta de localización de los dos posibles testigos.
Uno de los señalamientos centrales del recurso judicial es que, pese a la reiteración de los mandamientos ministeriales, los registros de investigación no contienen informes completos sobre las acciones emprendidas para localizar a las personas requeridas. La familia sostiene que tampoco existe constancia suficiente de que se hayan agotado las búsquedas en los domicilios que aparecen en los registros oficiales.