Por Camila Ayala Espinosa
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Servicios Broxel, la empresa dirigida por Gustavo Gutiérrez Galindo, que ha obtenido contratos millonarios con gobiernos de Morena, habría cobrado entre 125.3 millones y 175.4 millones de pesos adicionales a las condiciones económicas con las que ganó una licitación de vales de despensa para trabajadores del gobierno federal en 2025, de acuerdo con documentos de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, así como internos en poder de Proceso.
Todo comenzó con la licitación consolidada LA-06-400-006400001-N-19-2025, realizada por Hacienda para el suministro de vales electrónicos de despensa correspondientes a la prestación de fin de año de los trabajadores del gobierno federal durante el ejercicio fiscal 2025.
Sin embargo, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno precisó que la licitación contempló atender las necesidades de 206 instituciones de la Administración Pública Federal (APF).
Según el contrato de fallo de licitación, la contratación contempló la dispersión de recursos por un monto mínimo de 7 mil 345 millones 451 mil 069.01 pesos y un máximo de 10 mil 337 millones 990 mil 531.80 pesos.
En este procedimiento participaron Servicios Broxel, SAPI de CV, y Toka Internacional, SAPI de CV, sin embargo, la primera compañía obtuvo la adjudicación al ofrecer un descuento de 3.01%, frente al 2.84% de su competidora.
En el caso de Broxel, el descuento representaba entre 215 millones 017 mil 880.05 pesos y 302 millones 616 mil 243.34 pesos, dependiendo del monto contratado. Con ello, su propuesta económica quedó entre 6 mil 928 millones 433 mil 284.56 pesos y 9 mil 751 millones 079 mil 548.83 pesos.
De hecho, en el fallo de la licitación, Hacienda justificó su decisión al señalar que Broxel cumplió con los requisitos legales, administrativos y técnicos establecidos en la convocatoria, además de haber presentado “el mayor porcentaje de descuento”.
El documento también señala que la propuesta ganadora se encontraba “dentro del Presupuesto Autorizado” para el ejercicio fiscal 2025, motivo por el cual se determinó adjudicarle el servicio.
En el fallo de la licitación y del contrato, es Óscar Bautista Hernández, coordinador de Adquisiciones Consolidadas de Bienes y Servicios, dentro de la Unidad de Compras y Contrataciones Públicas Consolidadas, quien firma autorizando.
La adjudicación contempla la dispersión de los recursos correspondientes a la prestación de fin de año, por lo que la empresa estaba obligada a cumplir con los plazos establecidos para ambas actividades.
“El proveedor, SERVICIOS BROXEL, S.A.P.I. DE C.V., deberá dar estricto cumplimiento a los plazos para la entrega de los medios electrónicos, así como para la dispersión de medida de fin de año, conforme a lo establecido en el Anexo Técnico”, se lee en el fallo.
Broxel aplicó un cálculo distinto al ofertado
Sin embargo, al revisar los contratos celebrados con las instituciones federales, se identificó que Broxel aplicó una base de cálculo distinta a la contemplada en su propuesta económica del 8 de diciembre de 2025.
El problema está en que la empresa ofreció un descuento de 3.01% sobre el Precio Máximo de Referencia (PMR), el cual ya incorporaba una reducción previa de 2.75% establecida por Hacienda.
Es decir, primero debía aplicarse la reducción de 2.75% para obtener el precio máximo de referencia y, sobre esa cantidad, descontar otro 3.01%, que fue precisamente el porcentaje con el que Broxel ganó la licitación.
No obstante, en los contratos examinados se identificó que la compañía aplicó únicamente el descuento de 3.01% sobre los recursos destinados a dispersión, sin considerar la reducción previa de 2.75%.
Esto generó una diferencia equivalente al 2.667225% de los recursos destinados a dispersión.
De hecho, por cada millón de pesos Broxel debía cobrar 943 mil 227.75 pesos, considerando ambas reducciones, pero facturó 969 mil 900 pesos, es decir, 26 mil 672.25 pesos adicionales.
Sin embargo, la documentación examinada por Proceso identifica contratos con al menos 150 instituciones federales. Si el cálculo se limita a esos 150 entes públicos y se mantiene el mismo supuesto proporcional, la diferencia estimada sería de entre 125.3 millones y 175.4 millones de pesos.
Anticorrupción detecta 29.4 mdp pendientes
La situación también fue documentada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que en el oficio 223/DGPCMC/352/2026, fechado el 10 de noviembre de 2026, señaló que Servicios Broxel todavía tiene pendientes de reintegro aproximadamente 29.4 millones de pesos a 39 instituciones de la Administración Pública Federal.
“La empresa recibió pagos en exceso en perjuicio del erario público que aún no ha devuelto en su totalidad, a pesar de los requerimientos efectuados por las instituciones; actualmente se encuentra pendiente el reintegro a 39 entes de la APF, por aproximadamente 29.4 millones de pesos (mdp)”, sostiene.
Aunque la firma aseguró en una carta dirigida a Nacional Financiera (Nafin) y Bancomext que el problema obedeció a una mera “discrepancia interpretativa y técnica” ya atendida, la autoridad mantiene abierto el expediente sancionador.
De hecho, la Secretaría Anticorrupción expuso que las irregularidades identificadas podrían derivar en sanciones contra la compañía, incluida la posibilidad de que sea inhabilitada para obtener nuevos contratos con el gobierno federal.
Piden negar crédito de 4 mil 200 mdp a Broxel
En medio de estos señalamientos, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno recomendó negar un crédito de hasta 4 mil 200 millones de pesos solicitado por Servicios Broxel ante Bancomext en este 2026, al considerar que el financiamiento podría poner en riesgo recursos de la banca de desarrollo.
La dependencia aseguró que otorgar ese crédito implicaría trasladar al gobierno federal los riesgos financieros de una empresa que todavía enfrenta observaciones por sus contratos públicos y que podría ser sancionada bajo la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Tan solo en 2025, sus contratos con la administración pública federal oscilaron entre 6 mil 928.7 millones y 9 mil 751 millones de pesos, mientras que sus convenios con el Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Morena, sumaron entre 1 mil 795 millones y 3 mil 591 millones.
A ello se suma una cartera proyectada de negocios gubernamentales por más de 32 mil 296 millones de pesos, con instituciones como la propia SHCP, el Gobierno capitalino y diversos organismos estatales.
Detectan posible conflicto de interés en Hacienda
En el oficio Oficio 223/DGPCMC/352/2026, la Secretaría Anticorrupción también identificó un posible conflicto de interés relacionado con un representante legal de la compañía y un alto funcionario de Hacienda.
De acuerdo con el documento, Karlo Gerardo Siliceo Valdespino, representante legal de Servicios Broxel, es familiar de Miguel Sergio Siliceo Valdespino, actual titular de la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Este último funcionario ocupó anteriormente la Dirección General Adjunta de Emisiones y Relaciones Internacionales en Bancomext, justamente la institución ante la cual Broxel busca obtener el financiamiento de hasta 4 mil 200 millones de pesos.
De hecho, Miguel Sergio Siliceo Valdespino conserva una licencia sin goce de sueldo en Bancomext, por lo que mantiene un vínculo laboral con el banco encargado de analizar la solicitud de crédito.
Por su parte, en su defensa escrita del 5 de noviembre de 2026, Carlos Alberto Reyes Pérez, representante legal de Broxel, afirmó que no existe controversia pendiente y atribuyó la falta de cierre del caso a la carga de trabajo de la autoridad.
También negó haber recibido notificaciones formales de la Contraloría de Jalisco por presuntas anomalías relacionadas con la operación de la Tarjeta Única en esa entidad.
Broxel arrastra irregularidades en la CDMX
Los señalamientos contra Servicios Broxel tampoco son nuevos: documentos obtenidos vía transparencia exponen que entre 2019 y 2025 la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) de la Ciudad de México le exigió el reembolso de más de 121 millones de pesos correspondientes a vales de despensa que no fueron entregados a los trabajadores.
Un ejemplo es el contrato DEABS-02-2019, cuya cláusula décima segunda establecía que Broxel debía devolver hasta 5% de los vales no entregados entre el 11 de diciembre de 2019 y el 11 de diciembre de 2020.
TOMADO DE PROCESO.COM.MX