PLAN C, CON C DE COLOSIO
Para nada es casualidad que a punto de cumplirse 30 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio la Fiscalía General de la República a cargo de Alejandro Gertz Manero reviva el caso retomando la hipótesis del ‘segundo tirador’, un hombre que al ser detenido e investigado, dio positivo a la prueba de Harrison con la que se probó había disparado un arma.
Atemos cabos. Alejandro Gertz Manero tiene fama de ser uno de los hombres de mayor confianza del presidente de la República, a quien le reporta no solo los casos judiciales, sino que se ha convertido en uno de sus principales asesores políticos.
La revelación de la FGR surge el mismo día que Luis Donaldo Colosio Riojas, el hijo del malogrado candidato presidencial solicitó al presidente el indulto de Mario Aburto, preso desde hace casi 30 años como el único autor material del asesinato del magdalenense.
El texto del boletín es sugerente. En una de sus partes medulares alude al juez quinto de distrito de procesos penales federales, Jesús Alberto Chávez Hernández que hace 20 días se negó a liberar una orden de aprehensión contra Jorge Antonio Sánchez Ortega, el presunto segundo tirador que se ha convertido en un fantasma perdido en las brumas del tiempo.
Al aludir al juez, el boletín es sugerente en la línea no judicial, sino político-electoral, montado en la línea presidencial de denostar al Poder Judicial: “En este caso, el juez llegó hasta el extremo de emitir consideraciones de orden personal en contra del Ejecutivo Federal, lo cual es absolutamente inadmisible en un proceso de esta importancia, demostrando así que los delitos de carácter político, al igual que los de grandes despojos patrimoniales vinculados con gobiernos anteriores, se obstaculizan judicialmente para impedir que la justicia los alcance.
Informa también que Sánchez Ortega fue protegido por Genaro García Luna, entonces subdirector operativo del temible Centro de Información y Seguridad Nacional (CISEN), quien lo habría ayudado a escapar, pese a las pruebas que demostraban su participación en el magnicidio.
Pero en este momento, ni García Luna ni Sánchez Ortega ni la propia procuración de justicia son el objetivo de la reapertura del caso. Lo que se pretende a todas luces es recrear aquellos convulsos días de 1994, signados por la descomposición del partido gobernante, que derivó no solo en el magnicidio, sino en una saga político-policiaca en la que también fue asesinado el dirigente nacional del PRI, Francisco Ruiz Massieu y desapareció el diputado federal priista Manuel Muñoz Rocha, entre otros casos.
De lo que se trata, todo parece indicar, es de fijar en la conversación pública durante la coyuntura electoral personajes y situaciones que ilustran una de las etapas más oscuras de la política nacional. Personajes del PRI, fundamentalmente, aunque también algunos del PAN.
La reapertura del caso Colosio se inscribe en la misma línea de la propuesta de reformas -la electoral y la judicial- que el presidente está por enviar al Congreso a sabiendas de que no cuenta con la mayoría calificada para ser aprobadas.
Es irrelevante si las reformas son rechazadas, como irrelevante sería que recapturaran a Sánchez Ortega. De lo que se trata es de mantener viva la confrontación con el Poder Judicial, con la oposición en el Legislativo y con las instituciones electorales, villanos favoritos de la narrativa presidencial.
A quien suponga como una ventaja en la coyuntura electoral para la oposición será que AMLO no aparezca en las boletas electorales, le tenemos malas noticias: el presidente tendrá en estos dos temas abundante material inscribirse en la conversación de las campañas electorales, convirtiéndose en un personaje central de la contienda.
Todo, para sacar adelante su ‘Plan C’ que por lo visto se escribirá en una parte con la ‘C’ de Colosio.
II
En temas locales pasó lo que tenía que pasar y María Dolores del Río renunció a la secretaría de Seguridad Pública para buscar la candidatura de Morena a la alcaldía de Hermosillo, ciudad capital que gobernó en el periodo 2003-2006.
María Dolores llega en un momento complicado por lo que respecta a la responsabilidad que recién deja, la seguridad pública, pues aunque los números indican una tendencia leve a la disminución de delitos y la percepción ciudadana en el tema, ha habido episodios de violencia significativa en varias regiones del estado y en la propia capital.
Hay versiones encontradas sobre la eventual candidatura de la exsecretaria -todavía tiene que pasar el trámite de la encuesta- pues mientras algunos sostienen que sería un flan frente a lo que se percibe como una fuerte candidatura del actual alcalde Antonio Astiazarán, otros afirman que su trabajo fue clave para bajar aunque sea levemente los números relacionados con la seguridad.
Destacan las jornadas permanentes por la paz, la ley para la prevención social de la violencia y la delincuencia; la creación de 325 comités vecinales y escolares que involucran a más de 10 mil personas, así como 96 chats de alerta ciudadana.
También se crearon 18 redes alineadas a la estrategia Mujeres Constructoras de Paz y se ha trabajado con los pueblos originarios como seris, triqui y guarijío; se creó el decreto Salva, una plataforma a través de la cual se han atendido más de 70 mil reportes al 911, así como el Protocolo Violeta para atender llamados en los que corre peligro la integridad de las víctimas.
Vamos a ver cómo le va a la exsecretaria, que como panista logró 116 mil votos en 2003 y en 2015, como candidata de MC logró 40 mil votos; ahora veremos cómo se desempeña bajo la marca de Morena.
Desde luego, la hoy exfuncionaria tiene claroscuros sobre todo en su último cargo, pues solo en las últimas semanas se han registrado eventos de alto impacto, como el enfrentamiento de policías con sicarios en Siete Cerros donde 13 de estos últimos fueron abatidos; se localizaron 39 ‘narcofosas’ en el campo pesquero El Choyudo donde las madres buscadoras encontraron más de 50 cuerpos, y apenas la madrugada del pasado domingo se registró un tiroteo en el antro Jakarta en el que perecieron tres sujetos presuntamente ligados a una célula criminal que tiene su base en Nogales.
Sobre este último caso, el fiscal estatal Rómulo Salas informó ayer que sus investigadores no pudieron acceder a las imágenes de las cámaras de seguridad del antro, ya que estas fueron arrancadas, por lo cual se está citando a declarar a varios testigos y a los agentes de la policía municipal que acudieron como primeros respondientes.
Al respecto, el secretario del Ayuntamiento de Hermosillo, Florencio Díaz Armenta, manifestó su disposición para colaborar con las investigaciones del caso.
Veremos en qué termina todo esto, pues no han faltado los apuntes en el sentido de que, en el contexto de la lucha electoral ya en marcha, el asunto adquiera visos de politización, lo cual sería lamentable.
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