CRIMEN ORGANIZADO: EL MONSTRUO MEXICANO
LE PREGUNTÉ A GEMINI IA cómo calificaría, del uno al diez (donde uno es el menor logro), la lucha contra el crimen organizado en México durante los últimos seis sexenios, desde el gobierno de Claudia Sheinbaum hasta el de Carlos Salinas de Gortari.
La respuesta fue reveladora: Sheinbaum obtuvo entre dos y tres; Amlo, un uno; Peña Nieto, un dos; Calderón, un uno; Fox, un dos; Zedillo, un tres; y Salinas, un cuatro. La IA explicó que estas calificaciones reflejan fallas sistémicas, estrategias inconsistentes y la creciente complejidad del crimen organizado. Sin embargo, los números apenas rozan la superficie de un problema que ha permeado todos los rincones de la sociedad mexicana.
El crimen organizado en México ya no se limita a los cárteles de drogas. Abarca más de 30 actividades distintas. Aunque el narcotráfico y el huachicol fiscal acaparan titulares, las redes criminales se han infiltrado mucho más allá.
Participan en préstamos predatorios (desde los de “gota a gota” hasta esquemas empresariales), rifas ilegales, extorsiones de todo tipo, control de precios en mercados locales, fraudes inmobiliarios, manejo de agua en distritos de riego, minería ilegal, entretenimiento para adultos, trata de personas y contrabando de ganado.
También incursionan en licitaciones gubernamentales, tala ilegal, cultivos ilícitos, tráfico de armas, explotación de especies y recursos naturales, tráfico de órganos, ferias culturales, medios de comunicación, transporte, logística, remesas, secuestros y el sector financiero, con una presencia incipiente en criptomonedas y tiempos compartidos. Más preocupante aún es su creciente influencia en la política, donde moldean elecciones y gobiernos locales.
¿Qué les falta explorar?
Delitos cibernéticos avanzados, tráfico de recursos estratégicos como litio y agua a gran escala, y la producción de entretenimiento (cine o plataformas de streaming). Estos son retos, pero no están fuera de su alcance. Por cierto, aún les falta consolidar su influencia en el incipiente poder judicial, los medios nacionales, el sector militar, el mercado de valores y las finanzas globales, pero su incursión en estos ámbitos es cuestión de tiempo.
Hablar del crimen organizado en México no es solo enmarcarlos y reducir al país a los cárteles de Sinaloa o Jalisco Nueva Generación. Según la DEA, el primero opera en 47 países y el segundo en más de 100, controlando cadenas completas de suministro de sus productos ilícitos. Sus ganancias anuales se estiman entre 40 y 80 mil millones de dólares por cártel, un imperio financiero comparable a las mayores corporaciones globales.
Ese es el tamaño del monstruo.
La complejidad del problema radica en la resiliencia de estas organizaciones. Su estructura jerárquica, desde líderes hasta operativos de bajo nivel, les permite reemplazar rápidamente a quienes son nulificados, a menudo mediante reacomodos violentos. Este dinamismo las hace casi inmunes a las tácticas tradicionales de seguridad.
El crimen organizado no opera solo. Depende de “facilitadores” de la economía formal que no son delincuentes de tiempo completo, pero son esenciales para su funcionamiento: empresarios, comerciantes, profesionales, técnicos, empleados, proveedores, políticos, candidatos y hasta partidos políticos. La sociedad misma, ya sea por coerción o por la normalización de la violencia, también contribuye.
En comunidades vulnerables, los cárteles actúan como un gobierno paralelo, ofreciendo servicios y protección donde el Estado falla. Los consumidores, consciente o inconscientemente, alimentan este ciclo al adquirir productos ilícitos, como combustible robado o alimentos provenientes de extorsión.
Los cárteles también buscan legitimidad mediante filantropía calculada: donan a iglesias, financian fiestas patronales y realizan obras de caridad para ganarse la lealtad de comunidades y proyectar una imagen de benefactores.
El sector educativo no escapa a su alcance. En algunas regiones, extorsionan a padres y maestros para permitir que las escuelas operen sin incidentes. La negativa puede resultar en secuestros o asesinatos. En zonas vulnerables, las escuelas son terreno de reclutamiento, donde menores son convertidos en halcones, sicarios, informantes o vendedores de droga. En universidades, los cárteles buscan estudiantes brillantes y explotan laboratorios de química para perfeccionar drogas sintéticas.
La economía criminal en México está tan entrelazada con la formal que actúa como un “impuesto” invisible sobre las actividades legítimas. Interrumpir esta estructura tendría costos inmediatos: aumento de la violencia, inestabilidad, desempleo en la economía ilícita y pérdida de “inversión” criminal. Sin embargo, a largo plazo, los beneficios serían significativos: menos extorsión, reducción de la violencia, mayor confianza para la inversión y recuperación de activos incautados.
Combatir estas organizaciones trasnacionales requiere una estrategia integral: atacar sus finanzas para cortar el lavado de dinero, fortalecer las instituciones de seguridad y el Estado de derecho, invertir en programas sociales y económicos para abordar la desigualdad, fomentar la cooperación internacional —pues es un problema global— y, sobre todo, promover una cultura basada en valores éticos y morales. No es tarea menor.
O bien se podría seguir el ejemplo de Salinas, quien priorizó el desarrollo económico (como el TLC) y minimizó la atención mediática al problema. Sin embargo, esto solo oculta al elefante en la habitación, permitiendo que crezca.
La lucha contra el crimen organizado en México no es solo contra cárteles, sino contra un sistema profundamente arraigado que prospera con complicidad, miedo y oportunidades. El monstruo es vasto, resiliente y está incrustado en la sociedad.
Desmantelarlo requiere no solo voluntad política, sino un cambio cultural profundo. La pregunta es si México —y el mundo— están dispuestos a enfrentarlo.
EN FIN, por hoy es todo, mañana le seguimos si Dios quiere.
Armando Vásquez Alegría es periodista con más de 35 años de experiencia en medios escritos y de internet, cuenta licenciatura en Administración de Empresas, Maestría en Competitividad Organizacional y Doctorando en Administración Pública. Es director de Editorial J. Castillo, S.A. de C.V. y de “CEO”, Consultoría Especializada en Organizaciones…
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