NACERÁN LOS TRIBUNALES DEL PUEBLO
CÓMO SI FUERA la cereza en el pastel, los nueve nuevos ministros acordaron ayer que proyectan realizar audiencias públicas donde participen ciudadanos bajo el concepto de una Suprema Corte eficiente, cercana a la gente y que atienda a la población que vive en condiciones de vulnerabilidad. Ya trabajan en la elaboración de instrumentos jurídicos que les otorguen validez legal.
Se parece a los tribunales del pueblo de los países socialistas. Alegan que darán voz y voto a las poblaciones más vulnerables y que se tomará en cuenta a profesionales y organizaciones especializadas. ¿Dónde he escuchado eso?
Dicen que buscan combatir el rezago, la impunidad y la corrupción para lograr una justicia pronta y expedita. https://goo.su/7wMF0
Según estándares internacionales debe haber 18 jueces por cada cien mil habitantes, otros hablan en el caso de América Latina de diez, pero México cuenta con 2.5, muy lejos de la cifra promedio.
En un país que en los últimos cinco años se estima que los juzgados (federales, estatales y administrativos) han acumulado hasta 22 millones de casos (de los cuales se calculan hasta 13.75 millones nuevos), se ha generado un rezago de hasta de 9 millones de expedientes.
A nivel nacional, se estima que entre 1.65 y 2.75 millones de casos nuevos llegan anualmente a los juzgados de México (federales, estatales y administrativos), con un predominio de casos familiares (40%) y civiles (30%).
Mientras la tasa de rezago es del 65 por ciento y de impunidad –casos que no se resuelven–, del 94 por ciento, tenemos la causa por la cual los juicios suelen durar entre dos y seis años, dependiendo del tipo de caso.
En nuestro país no se han abierto nuevos juzgados desde el 2016 que se abrieron juzgados orales. En 2018 se reorganizaron los existentes, pero no se generaron nuevos porque simplemente inició la etapa de austeridad republicana.
El Poder Judicial cuenta con mil 496 órganos jurisdiccionales y administrativos, que incluyen aproximadamente 900 juzgados de distrito y 300 tribunales colegiados de circuito a nivel nacional, además de otros órganos como los Centros de Justicia Penal Federal. Y aunque no hay un censo exacto, se estima que, a nivel estatal, en el país, hay hasta tres mil juzgados en todos los órdenes.
Si lo proyectamos a la necesidad de jueces en Latam apenas y cumplimos con una cuarta parte, y si es a nivel mundial estamos lejísimos de cumplir con el mínimo requisito.
Las condiciones en México se siguen degradando pues con un Poder Judicial a modo, los inversionistas en estos momentos ven con recelo la aplicación de una justicia real pues al integrarse un tribunal del pueblo, con un empresariado odiado por la 4T, no tendrán acceso a ganar sus casos. En los países socialistas quienes emitían veredictos eran gente allegada a la nueva ideología. Lo mismo pasará en México.
Basta con recordar lo que hizo Amlo con su “lo que decida el pueblo” y varias empresas tuvieron que cerrar.
Incluso, según un reporte de EL PAÍS, el Banco de México y Moody’s advirtieron que esta incertidumbre afecta las inversiones, especialmente en sectores que dependen de concesiones gubernamentales y contratos a largo plazo.
Por lo pronto en los últimos tres meses, según el especialista Alberto Carrillo, se ha presentado una salida masiva de empresas de alto calibre que no sólo abandonan sus operaciones, sino que también se llevan consigo empleos, inversión y confianza.
Tenemos el caso de Monterrey donde se han desocupado más de 425 mil metros cuadrados de naves, bodegas, terrenos y parques industriales liberados por al menos 30 compañías. Bosch, Michelin, Remsa, SB Logistics y AGP Glass encabezan una lista que crece en silencio. A esto se suma la venta de todas las plantas de Iberdrola y el cierre de cuatro fábricas de Wrangler en Torreón, afectando a más de 2,000 trabajadores. ArcelorMittal tuvo que detener su alto horno en Michoacán por daños en sus turbinas.
México está dejando de ser seguro para ser competitivo. La inversión fija bruta cayó -6.7%, la construcción no residencial se desplomó -17.1%, y la compra de maquinaria y equipo muestra retrocesos en todos los frentes. No hay ánimo para construir, ni para planear. Lo que hay es una destrucción sistemática de empleos formales, según cifras del IMSS.
Los empresarios no se van por capricho. Se van porque el país les deja pocas razones para quedarse. La incertidumbre jurídica, agravada por la desaparición de órganos autónomos y reformas al Poder Judicial, genera temor sobre sentencias arbitrarias, conflictos fiscales y falta de garantías contractuales y solución de controversias entre particulares.
A esto se suma la inseguridad en carreteras, donde el 84% de los robos se concentra en los principales corredores logísticos.
La respuesta del gobierno ha sido anunciar nuevos polos industriales en Michoacán, Tlaxcala y Campeche, pero sin condiciones mínimas de seguridad, energía y certeza jurídica, todo eso se convertirá en humo.
Un país sin respeto a sus leyes pierde su plataforma de confianza. Lo peor de todo es que ya sabíamos que esto iba a ocurrir.
Los empresarios ya lo habían visto y se están alejando. Las empresas no hacen ruido: evalúan, deciden y se van. Y cuando lo hacen, no hay marcha atrás. Haber cómo le hace la 4T para detener esa tendencia.
EN FIN, por hoy es todo, mañana le seguimos si Dios quiere.
Armando Vásquez Alegría es periodista con más de 35 años de experiencia en medios escritos y de internet, cuenta licenciatura en Administración de Empresas, Maestría en Competitividad Organizacional y Doctorando en Administración Pública. Es director de Editorial J. Castillo, S.A. de C.V. y de “CEO”, Consultoría Especializada en Organizaciones…
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