EXPLICACIONES
Hoy se cumple un año de que el narcotraficante Ismael El Mayo Zambada fue extraído de Sinaloa y entregado a autoridades estadunidenses mediante un engaño montado por los Chapitos, los hijos de su compadre Joaquín Guzmán Loera.
Durante ese lapso, dos presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, han pedido públicamente, en al menos 35 ocasiones, que el gobierno de Estados Unidos explique cómo fue que se llevaron a El Mayo en un avión, que voló desde una pista en el norte de Culiacán hasta el aeródromo de Santa Teresa, Nuevo México, donde tanto Zambada como Joaquín hijo quedaron a disposición de las autoridades de aquel país.
López Obrador lo hizo el 26, 27 y 30 de julio; el 2, 6, 9 y 12 de agosto, y el 19 de septiembre de 2024. Sheinbaum lo pidió también el 9, 21, 24 y 30 de octubre; el 8, 20 y 22 de noviembre, y el 9 de diciembre de 2024; asimismo, el 16, 21 y 28 de enero; el 10, 11, 17, 21, 24, 25 y 26 de febrero; el 11 de marzo; el 7, 15 y 27 de mayo, el 10 y 27 de junio, y el 3, 15 y 24 de julio (ayer).
Eso, sin considerar las notas diplomáticas que se han enviado con el mismo propósito.
No, pues ya estuvo que Washington nunca va a explicar qué fue lo que sucedió hace un año; qué tipo de acuerdo se trabó con los Chapitos a cambio de que entregaran a Zambada, y cómo se realizó el operativo. Sin embargo, faltan muchas otras explicaciones sobre lo sucedido ese día, y esas no dependen de la disposición de Estados Unidos de informar. Hay muchas cosas cuya aclaración está en manos de las autoridades mexicanas y sería bueno que las dilucidara.
¿Quién y por qué montó la escena en la gasolinería para tratar de engañar a la opinión pública sobre la muerte de Cuén, haciendo creer que el político fue asesinado en un asalto, cosa que fue desmentida en una carta de Zambada?
¿Fue parte consciente de esa manipulación la Fiscalía General de Justicia de Sinaloa, que dio por buena la pantomima y sostuvo su versión hasta que la Fiscalía General de la República realizó su propia investigación? ¿Por qué se permitió que renunciara la fiscal sinaloense Sara Bruna Quiñónez, el 16 de agosto de 2024, y no se le investigó como probable responsable del encubrimiento del asesinato de Cuén?
¿Qué es lo que sabe de todo esto el gobernador Rubén Rocha Moya, quien, casualmente, viajó a Los Ángeles ese día, según se informó?
¿Por qué nunca pudieron dar las autoridades mexicanas con El Mayo y detenerlo, a pesar de que algunos periodistas lograron entrevistarse con él?
¿Qué operativos de seguridad se montaron en Culiacán y otros lugares del estado, entre la fecha del secuestro de Zambada y el inicio de las hostilidades entre los grupos antagónicos del Cártel de Sinaloa –un lapso de 46 días–, en previsión de cómo podrían reaccionar los integrantes de la Mayiza?
¿Cómo es que han podido evitar su captura Ismael Zambada Sicairos, alias El Mayito Flaco, e Iván Archivaldo Guzmán Salazar –hijos de El Mayo Zambada y El Chapo Guzmán–, quienes siguen al frente de sus respectivas facciones?
¿Por qué hay tanta tolerancia con el desgobierno en Sinaloa y no se ha invitado al gobernador Rocha a dar un paso al costado?
Las respuestas a esas preguntas son explicaciones necesarias de lo que ha sucedido en el último año en Sinaloa –donde cerca de mil 200 personas han sido asesinadas y otras tantas desaparecidas– y que no dependen de lo que Washington quiera decir, sino únicamente del gobierno de México.
Obviamente, obtener la versión oficial de esa información no depende de uno, pero hay que seguir insistiendo.