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De Primera Mano/Francisco Javier Ruiz Quirrín

 

DE LA “DICTADURA PERFECTA” DE VARGAS LLOSA AL DESCARO TOTALITARIO DE FERNÁNDEZ NOROÑA

EL ESCRITOR peruano Vargas Llosa, cuando conoció el régimen político en México basado en la hegemonía del PRI, lo calificó como una “dictadura perfecta”.

Y es que el presidente en turno gobernaba con su partido y con la Secretaría de Gobernación. Las organizaciones obreras, campesinas y populares conformaban un ente corporativo alrededor del gobierno.

Y todo era una simulación.

Porque las instituciones nacionales tenían un dueño: El presidente de la república y la simple sugerencia de éste último era una orden monárquica.La oposición era inexistente.

Y los tres poderes del Estado mexicano (el Ejecutivo, -desde luego-, el Legislativo y el Judicial) estaban sujetos al presidente en turno.

Los senadores, los diputados y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eran designados desde la residencia oficial de Los Pinos.

Esa era la supremacía del régimen de partido único. La “dictadura perfecta” a la que hizo alusión Vargas Losa, incluía el cumplimiento de una “forma” en la que se respetaba la división de poderes, la vigencia de la Ley y el gobierno hacía sentir su autoridad ante la presencia de bandas delincuenciales.

En nuestros días, ese régimen hegemónico está de regreso, con una gran diferencia: La forma no importa. Ahora con todo descaro se “patea” la Ley.

También se está conformando una diferencia que cambiará radicalmente la vida de México y de los mexicanos: El control del Poder Judicial Federal a manos de la Presidencia de la República, sujetará la Ley a los intereses políticos del grupo en el poder.

Lo peor: El “Estado de Derecho”, como le conocemos, desaparecerá para establecer un régimen totalitario, una dictadura pero no simulada, porque el control total de parte del gobierno no se ocultará y será abierta y descarada.

Ya lo hemos visto.

Gerardo Fernández Noroña, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, encerró el concepto en una sola expresión cuando le cuestionaban acerca de criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: “Son irrelevantes sus conceptos”, expresó.

Al mismo tiempo, dos jueces que han otorgado amparos cumpliendo con su obligación legal y contra reformas de la “cuarta transformación”, podrían ser llevados a juicio penal ante denuncias del propio Consejo de la Judicatura del Poder Judicial Federal.

Por lo pronto, un comentario o sugerencia de la presidenta Sheinbaum es una orden tajante para “MORENA” en el Congreso de la Unión, como justamente sucedió en el caso de la reforma a la Ley del INFONAVIT.

Los empresarios, al ser escuchados en el Senado, tenían la esperanza de que se tomara en cuenta sus opiniones a la hora de la votación. Jamás imaginaron que la propia presidenta, desde su “mañanera”, estableciera que dicha reforma debería ser votada sin más cambios. Y la “orden real” se cumplió “sin quitarle una sola coma”.

Para el próximo mes de septiembre, el control total de los tres poderes de la Unión estará concentrado en palacio nacional. Las elecciones para elegir nuevos juzgadores, será toda una simulación, a nivel federal y en las entidades del país.

Y todavía hay millones de mexicanos que no creen que se vaya a establecer una dictadura y mucho menos que desaparezca el “Estado de Derecho” en México.

La consumación de este propósito se podrá constatar en el momento en que cualquier mexicano solicite un Amparo para protegerse del abuso del gobierno y se dé cuenta que ese escudo para la defensa de las garantías individuales y el exceso del poder, ha desaparecido.

CAMBIOS… ESTAMOS de acuerdo en los apuntes que especialistas empiezan a elaborar, respecto a la nueva temática en la que necesariamente caerán las materias impartidas en las escuelas de Derecho en México…

Tradicionalmente, nos hemos educado en la defensa de la Constitución como la manera más efectiva de luchar por la libertad y evitar los excesos del gobierno, pero en los tiempos por venir habrá una preponderancia a otorgar facultades a las y los jueces para anteponer al cumplimiento estricto de la Ley, la defensa de los derechos humanos…

Es decir, antes, se recurría a la literalidad de lo establecido y era una “máxima” en el litigio, la expresión “la Ley es la Ley”, pero al reformarse su artículo 1 de la Carta Magna, se ha ampliado el espectro de las competencias de las autoridades, quienes ahora tendrán “la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, independencia, indivisibilidad y progresividad.

El Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos…”… Como ocurrió en el caso de la secuestradora francesa Floren Cassez, que a pesar de probadamente ser una delincuente, recuperó su libertad por una aparente violación a sus derechos humanos…

Y si en lo sucesivo ninguna controversia constitucional o juicio de garantías o Amparo, tendrán validez en la Corte contra leyes votadas en el Congreso de la Unión, el Derecho, deberá ser aplicado de forma muy diferente…