Por Camila Ayala Espinosa/Foto: Omar Martínez/Cuartoscuro
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Incertidumbre y preocupación son las palabras que mejor describen el sentir del sector privado en medio de la aprobación de la reforma a la ley aduanera, una medida que, además de generar temores por su posible impacto operativo y comercial, resulta insuficiente para allegar a la federación los recursos que busca y aliviar la presión sobre las finanzas públicas.
Durante la discusión del proyecto que pasó prácticamente intacto, salvó que entrará en vigor el 1 de enero de 2026, diversas voces del sector empresarial han expuesto los riesgos. Para la International Chamber of Commerce México (ICC México), el nuevo marco legal tiene el potencial de frenar el dinamismo del comercio exterior, que representa más de 36 % del PIB mexicano, y desalentar inversiones en un momento en que México intenta aprovechar las oportunidades del nearshoring.
De acuerdo con un análisis del organismo, los principales puntos de preocupación son la sobrerregulación y la duplicidad de requisitos, al concentrar responsabilidades excesivas en los agentes aduanales, imponerles obligaciones que rebasan sus facultades y aumentar el riesgo de suspensión o cancelación de patentes.
También preocupa el incremento de costos y tiempos; con los nuevos procesos, verificaciones adicionales y aranceles de hasta 50% para ciertos bienes encarecerían las operaciones de importación y exportación golpeando directamente a sectores estratégicos como el automotriz, químico, farmacéutico y de alta tecnología.
Otro punto crítico señalado por la ICC México es el impacto en la competitividad regional. La sobrerregulación podría restar atractivo a México frente a otros países que compiten por inversiones derivadas del nearshoring, además de generar contradicciones con compromisos internacionales.
De acuerdo con el análisis, algunas disposiciones son incompatibles con el T-MEC y con el Acuerdo de Facilitación del Comercio de la OMC, “lo que expondría a México a posibles controversias internacionales”.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) coincidió en las observaciones y centró su atención en el artículo 59, que busca integrar un expediente electrónico único. Para las empresas, este cambio implica adaptar sistemas, homologar catálogos y capacitar personal, lo que representa un costo operativo adicional.
El organismo también pidió conservar la posibilidad de rectificar información antes del Mecanismo de Selección Automatizado (MSA), establecida en el artículo 89.
“Restringirla sería equivalente a impedir que un contribuyente corrija su declaración antes de enviarla al SAT. Mantener esta facultad refuerza la transparencia, distingue los errores de buena fe del intento de fraude y permite enfocar los esfuerzos de fiscalización en los casos de riesgo real”, expone la Coparmex.
En cuanto a los artículos 178 y 184-B, el sindicato patronal pidió proporcionalidad en las sanciones.
“Si bien coincidimos en aplicar castigos firmes al fraude, la simulación y la reincidencia, es indispensable que los errores sin dolo no pongan en riesgo la viabilidad de las empresas”, sostuvo.
Actualmente las multas pueden alcanzar hasta 300% del valor de la mercancía por errores formales, como discrepancias menores en una Norma Oficial Mexicana (NOM) o en una descripción comercial.
“Una sanción de ese nivel puede significar el cierre definitivo para una MiPyME que sí quiere cumplir”, explicó el organismo.
A su vez, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) elaboró un análisis que destaca los riesgos de la reforma para la importación de bienes intermedios e insumos esenciales para la producción.
Nos preocupa el riesgo de desabasto –expone la Canacintra– si la reforma eleva cargas de forma desequilibrada y obliga a compartir con terceros información sensible.
De acuerdo con su evaluación, el desabasto podría afectar sectores clave como el automotriz, eléctrico, electrónico, químico, petroquímico, metalmecánico, acero, plásticos, alimentos y bebidas, farmacéutico, dispositivos médicos y la agroindustria.
Los industriales subrayaron que la reforma exige detalles financieros y descripciones minuciosas de mercancías, incluso de componentes considerados secretos industriales.
“Esa combinación puede frenar la cadena de suministro que sostiene la integración de México con Norteamérica y con otros socios. Nuestra prioridad es cuidar la continuidad operativa sin afectar la recaudación”, sostuvo la Canacintra.
Otra inquietud del sector es la concentración de obligaciones en un solo eslabón, como el agente aduanal, lo que a juicio de la cámara aumentará tiempos y costos sin que ello implique un mayor control.
Recaudación insuficiente
De acuerdo con un análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), la reforma a la Ley Aduanera, junto con las modificaciones al Código Fiscal de la Federación, la Ley Federal de Derechos y la Ley del IEPS, generaría una recaudación adicional calculada en 270.7 mil millones de pesos, equivalente a 0.7% del PIB.
“Se proponen cambios en materia aduanera para impulsar la modernización tecnológica y un mayor control”, se lee en el documento del CIEP.
Sin embargo, el Centro de Investigación insistió que esos ajustes normativos no sustituyen la necesidad de una reforma fiscal estructural, con una visión de largo plazo que permita fortalecer los ingresos públicos sin poner en riesgo la competitividad ni la inversión privada.
TOMADO DE PROCESO.COM.MX