APAGANDO EL FUEGO EN TERRITORIO YAQUI
No es tan complicado entender el origen del conflicto entre el gobierno con algunos de los pueblos yaquis, pero tampoco es un tema sencillo.
Las demandas principales de los habitantes de Loma de Guamúchil no tienen tanto que ver con el Plan de Justicia para la etnia, sino que se remontan -en su etapa más cercana- al decreto expropiatorio que el gobierno de Ernesto Zedillo hizo de unos predios -conocidos como Las Isletas y La Cuchilla- que el gobierno federal expropió para que el gobierno del estado los escriturara a nombre de particulares.
Ese asunto se encuentra todavía en litigio y se están realizando estudios topográficos para determinar si tales predios que la tribu reclama como suyos, están incluidos en el decreto expropiatorio.
Ciertamente, hay demandas relacionadas con el Plan de Justicia, pero no son las fundamentales.
Con otro agregado: el pueblo yaqui de Loma de Bácum decidió, desde 2016 establecer sus propios espacios de negociación con el gobierno, después de que estallara un conflicto a propósito del gasoducto al que se oponían los pobladores; en aquel momento hubo diferencias con yaquis de otros pueblos que intentaron deponer al gobernador de Loma de Bácum, provocando un enfrentamiento en el que salieron a relucir armas de fuego.
En aquel entonces se hablaba de que los habitantes de Loma de Bácum estaban reclamando una indemnización por parte de la empresa Ienova, a cargo de ese gasoducto, por 300 mil dólares por cada kilómetro de territorio yaqui que cruzara. Ya se imaginarán la disputa entre los pueblos de la etnia que sí validaron ese proyecto y los que no.
El 21 de octubre de 2016 estalló la violencia, hubo un enfrentamiento armado con saldo de varios heridos, vehículos incendiados y el asesinato de Cruz Buitimea Félix; la fiscalía detuvo como responsable del hecho a Fidencio Aldama, quien duró preso seis años, saliendo absuelto apenas el año pasado.
Esas heridas en la memoria del pueblo yaqui quedan abiertas y de vez en vez alimentan nuevos episodios de protesta como los que se vivieron el pasado fin de semana, cuando habitantes de Loma de Guamúchil bloquearon intermitentemente la carretera federal 15, exigiendo una reunión con el gobernador Alfonso Durazo.
Ese encuentro se llevó a cabo ayer y uno de los acuerdos fue sostener una nueva reunión en Palacio de Gobierno el próximo martes, con el titular del ejecutivo estatal, pero también con los titulares de las dependencias involucradas en otros puntos de la agenda donde aparecen demandas relacionadas con el agua, la tierra, los servicios públicos, programas de vivienda y apoyos sociales, entre otros.
Existe una mesa permanente para dar seguimiento al Plan de Justicia Yaqui, pero en ella no participa el pueblo de Loma de Bácum; el de Loma de Guamúchil sí, pero sienten que han sido excluidos de algunos programas y acciones incluidos en el Plan.
Ayer acudió a Loma de Guamúchil el gobernador Durazo acompañado de funcionarios de los tres niveles de gobierno (estatal, federal y del municipio de Cajeme, representado por el alcalde Javier Lamarque Cano).
Allí el gobernador les dijo que no había necesidad de bloquear la carretera y afectar a terceros “si cada vez que les da la gana vengo con ustedes”, les dijo.
También refrendó el compromiso de dar cumplimiento a lo establecido en los Planes de Justicia impulsados por el presidente López Obrador en beneficio de los ocho pueblos, compromisos que presentan avances significativos y que habrán de fortalecerse durante la gestión de la presidenta electa Claudia Sheinbaum.
Después de la reunión del próximo martes en Palacio, volverán a encontrarse en Loma de Guamúchil para continuar con el seguimiento a estas demandas.
II
De ninguna manera pueden minimizarse los episodios de violencia criminal que desde hace aproximadamente un mes comenzaron a registrarse en Hermosillo con inusual frecuencia.
La capital del estado había permanecido casi refractaria a la violencia que se vive en otros municipios como Cajeme, Caborca, Santa Ana, Sonoita o San Luis Río Colorado, entre otros pueblos de la zona del desierto.
El hecho de que de un tiempo a la fecha los homicidios dolosos casi promedien uno diario debe prender focos ámbar en el tablero de las autoridades municipales, porque indican que por alguna rendija se están colando personas del crimen organizado que eventualmente vendrían a ‘disputar la plaza’, como suele decirse en la jerga de nota roja.
Me rehúso a pensar que esto pudiera estar combinado con algún elemento de tipo político-electoral tendiente a demeritar lo que hasta ahora ha sido un trabajo encomiable en la seguridad pública municipal, sobre todo si se compara con el resto de los municipios más poblados de Sonora.
Es un hecho que las más recientes ejecuciones en la capital del estado tienen todo el sello de la disputa entre grupos criminales y eso de ninguna manera puede ser una buena señal; antes bien, tiene que ser un llamado de alerta para fortalecer las acciones de coordinación con fuerzas estatales y federales, para evitar que Hermosillo se sume a la lista de municipios con altos índices de criminalidad.
Preocupante.
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