LA AGENDA LEGISLATIVA DEL CONGRESO DE SONORA: UN MONUMENTO A LA OMISIÓN
Mientras las cifras de asesinatos y desapariciones en Sonora se multiplican y los feminicidios dejan una estela de sangre en las calles de Hermosillo, San Luis Río Colorado y principalmente en Cajeme que destaca entre las ciudades más violentas de México y el mundo, el Congreso local se sumerge en discusiones tibias, ceremoniales e inútiles, cuando la violencia no es una amenaza futura, sino una calamidad presente.
Mientras eso ocurre, la penosa legión de los “dipucats” del tío poncho y el resto de agazapados que les acompañan estilo “submecatum libre”, lejos de estar a la altura del momento histórico, legislan como si vivieran en otro estado, en otra época, en otro país.
En vez de articular una agenda robusta, audaz y centrada en la emergencia humanitaria, llamar a cuentas al ejecutivo y rémoras presupuestales que le acompañan, algo que atienda en serio la emergencia de los cerca de 7,000 asesinatos oficialmente reconocidos y más de 3,000 desaparecidos, los diputados se congratulan con reformas administrativas o ajustes cosméticos a verdaderas estulticias.
¿Dónde están las iniciativas para fortalecer las tareas de búsqueda?, ¿Dónde está el marco legal que sustituya a los colectivos de madres buscadoras que arriesgan la vida cada día por la descarada omisión institucional?, ¿Qué han hecho para blindar a las mujeres que denuncian violencia antes de que sus nombres aparezcan en las notas rojas?, ¿Qué les hace falta para pedir la destitución del Fiscal por sus acumuladas acciones contradictorias y su cerrazón característica?
Lo poco que han propuesto —como el endurecimiento de penas por violencia familiar— es un paliativo tardío y aislado, sin coordinación ni presupuesto, sin políticas públicas integrales. Aumentar castigos no sirve de nada cuando los agresores no son detenidos, cuando las carpetas de investigación duermen años en escritorios oxidados por la negligencia institucional.
El Congreso presume una agenda de inclusión y derechos, pero es incapaz de escuchar a quienes claman justicia en las calles.
En cada sesión, los legisladores aplauden con falsa solemnidad reformas menores, mientras afuera, madres con palas y credenciales del INE colgadas al cuello buscan los huesos de sus hijos. ¿Eso no merece urgencia legislativa? Su silencio ante la agresión a la libertad de expresión les delata como serviles, omisos y sumisos ante casos como el de Karla Estrella por parte de un par de impresentables de sus propias filas.
En Sonora, las víctimas han hecho más por la justicia que quienes tienen la facultad de cambiar la ley. Eso, por sí solo, es una evidente muestra de quienes se ostentan como representantes de los sonorenses cuando solo son lacayos a la voluntad del gobernador.
Los diputados que son diputados, no como estos, tienen el deber de legislar para proteger la vida, la propiedad, el buen gobierno, pero estos se dedican a proteger su vida política como premisa principal, por lo que es necesario decirles fuerte y claro que si no están para enfrentar la violencia que asola a nuestro estado con valentía institucional, si no van a traducir el dolor social en leyes realmente transformadoras, si no están dispuestos a ejercer la autoridad política que en teoría deberían tener, lo mínimo que deberían hacer es verse al espejo y decirle al que tienen enfrente que debería tener vergüenza por su cobardía y ceder el paso a quien tenga lo necesario para hacer algo que valga la pena frente a esta desbocada tragedia pública e institucional.
Becas Sonora de Oportunidades: ¿Programa histórico o herramienta electorera?
Desde 2021, el gobierno de Alfonso Durazo en Sonora ha puesto en marcha el programa “Becas Sonora de Oportunidades”, como eje central de la política educativa del estado. Más de 465 mil estudiantes han recibido algún tipo de apoyo, desde primaria hasta universidad, con una inversión acumulada de 2 mil 600 millones de pesos.
El propósito oficial es sin escatimarle nada, algo destacable: “Que ningún estudiante abandone la escuela por falta de recursos”.
Y según lo informado por el gobierno, gracias a ello se ha logrado reducir la deserción escolar de un 15 a cerca de un 10 por ciento. También se han distribuido miles de tarjetas SIM con internet gratuito, especialmente útiles en comunidades rurales y zonas urbanas marginadas.
Pero… ¿Es tan positivo como parece a simple vista?
Aunque la cobertura es masiva, el programa aún carece de evaluaciones externas rigurosas que demuestren su impacto con evidencia inobjetable, dura. Tampoco se ha transparentado públicamente el padrón completo de beneficiarios, lo que se presta a serias dudas sobre los criterios de asignación así como de una consecuente confiabilidad en los presuntos efectos en favor de los estudiantes.
Además, su potencial uso político es indiscutible: Elevado a rango constitucional por iniciativa del propio gobernador, el programa garantiza presencia territorial y popularidad electoral, especialmente en zonas marginadas donde el apoyo económico pesa más que cualquier discurso o evidencia de uso tendencioso.
Luego entonces, es de preguntarse ¿Estamos ante una auténtica y efectiva política de Estado… o ante una estructura clientelar cuatrotera más con rostro social carente de transparencia y por tanto de resultados medibles?
El mérito ético del programa es indiscutible, pero su futuro dependerá no sólo del presupuesto, sino de la capacidad institucional de los hoy depositarios del programa para resistir la tentación del uso político.
Sería bueno que considere el gobernador Durazo que lo que no se evalúa, no se puede mejorar…