LA LEY CABEZA DE VACA: CRÓNICA DE UN RENCOR HEREDADO
Lo suyo, lo suyo no era el rencor, afirmaba con socarronería… era el odio enfermizo.
En México, algunas leyes suelen recibir nombres solemnes o justificarse con causas o valores de interés general, adornadas con causas patrióticas o revindicatorias, pero algunas terminan siendo conocidas por el nombre de su destinatario.
Por eso, aunque oficialmente se le presente como una reforma en materia de “nacionalidad única para el ejercicio de los poderes ejecutivos”, políticamente bien podría llamarse “Ley Cabeza de Vaca”, o por extensión, “ley goldo llorón”, por aquello que Noroña revelara cuando la mesa ya estaba servida con alimentos precocidos.
La iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum propone impedir que quienes posean doble nacionalidad, como en el caso del villano de Texas o el carnal Marcelo, puedan ocupar la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, a menos que renuncien previamente a la nacionalidad extranjera.
De entrada, el argumento pareciera impecable: quien gobierne “México debe mantener una lealtad exclusiva hacia México”. El problema es que la reforma apareció inmediatamente después de que la propia presidenta colocara sobre la mesa el caso de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, nacido en McAllen, Texas, y adversario histórico del obradorismo.
Cuando primero aparece el nombre y después la iniciativa, resulta de librito preguntarse si estamos ante una reforma por el bien del Estado o frente a una Constitución utilizada para el ajuste de cuentas.
La sospecha no nace de la imaginación opositora. Proviene de la larga confrontación que Andrés Manuel López Obrador sostuvo con García Cabeza de Vaca y de una historia caracterizada por acusaciones, desafueros, órdenes de aprehensión, amparos, expedientes y una intensa persecución política y judicial que atravesó buena parte del sexenio anterior.
Durante el gobierno de López Obrador, Cabeza de Vaca se convirtió en uno de los enemigos predilectos de Palacio Nacional. La Fiscalía General de la República solicitó su desafuero en 2021 por presuntos delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal. La Cámara de Diputados aprobó la declaratoria de procedencia, pero el Congreso de Tamaulipas se negó a retirarle la protección constitucional.
Desde entonces, el expediente jurídico quedó contaminado por la confrontación política. Cabeza de Vaca pudo haber tenido cuentas pendientes con la justicia, pero el gobierno de López Obrador hizo muy poco para evitar la impresión de que, además de perseguir delitos, perseguía adversarios.
Alrededor de esa enemistad circuló durante años una versión según la cual, durante el gobierno de Cabeza de Vaca, uno de los hijos de López Obrador habría sido detenido o interceptado en Tamaulipas por autoridades locales mientras transportaba en un camión una fuerte cantidad de dinero en efectivo procedente de Texas.
Ese rumor circuló con fuerza incluso antes de la persecución oficial a Cabeza de Vaca. No hay expediente conocido, parte oficial ni prueba pública que permita afirmar que el episodio ocurrió efectivamente, sin descuidar que en ese entonces el poder presidencial estaba en la cancha de esta familia y nadie se atrevería a documentar algo como eso que a la larga ha cobrado mayor veracidad.
Pero los rumores políticos no necesitan acreditarse para producir efectos. A veces trascienden porque revelan motivaciones y efectos, como es el caso en cuestión… otras, porque ofrecen una explicación sencilla para reacciones desproporcionadas.
Ese supuesto incidente explicaría la obsesión contra Cabeza de Vaca, ante la ausencia de una explicación creíble, por qué el enfrentamiento adquirió características personales. Lo comprobable es que entre López Obrador y el exgobernador existió una animadversión que superó ampliamente el debate institucional.
Ahora el obradorismo rencoroso y caprichoso pretende convertir esa vieja confrontación en norma constitucional. Allí se encuentra el verdadero problema de la llamada Ley Cabeza de Vaca: no tanto en lo que dispone, sino en el contexto desde el cual surge. La propuesta puede defenderse en términos de soberanía, pero resulta difícil ignorar que su primer efecto político aparente sería cerrar cualquier resquicio a las aspiraciones del exgobernador tamaulipeco. Para Ebrard bien pudiera tratarse de la afrenta de haber ganado una encuesta de popularidad al infame acomplejado en la elección de la candidatura presidencial en 2011.
La iniciativa, entonces, plantea más problemas que los que resuelve.
¿Cómo se comprobará una renuncia efectiva de nacionalidad? ¿Será suficiente una manifestación ante la Secretaría de Relaciones Exteriores? ¿Se exigirá una certificación del país extranjero? ¿Qué sucederá cuando una nación no permita renunciar a su nacionalidad o imponga procedimientos prolongados? ¿Se aplicará el mismo criterio a quienes adquirieron voluntariamente otra ciudadanía y a quienes la recibieron automáticamente desde su nacimiento? ¿Se impediría adquirirla o recuperarla una vez en el cargo?
Todavía más importante: ¿por qué limitar la prohibición a la Presidencia, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno si el poder ejecutivo tiene más figuras, como las presidencias municipales donde el supuesto en cuestión implicaría lo mismo?
Además, si la doble nacionalidad representa por sí misma un conflicto de lealtades, entonces también debería preocupar en secretarios de Estado, legisladores, ministros, mandos militares, fiscales, responsables de inteligencia o integrantes de comisiones encargadas de seguridad nacional. Si solamente representa un riesgo cuando se trata de un adversario con potencial electoral, entonces no estamos frente a un principio jurídico, sino ante un filtro político.
La contradicción alcanza dimensiones mayores cuando recordamos que el Estado mexicano lleva décadas promoviendo la recuperación de la nacionalidad entre los hijos de migrantes. México celebra y hasta cataloga como heroicas a sus comunidades binacionales, reclama su cercanía y presume sus remesas, pero ahora parece decirles que ostentar dos nacionalidades puede convertirlas en ciudadanos políticamente excluibles.
Para enviar dinero son héroes; para aspirar al poder pueden ser considerados portadores de una lealtad incompleta.
No se propone quitarles la nacionalidad mexicana ni sus derechos ordinarios, ciertamente. Sin embargo, se introduce una categoría política delicada: la idea de que un mexicano con otra nacionalidad es, por definición, menos confiable para gobernar.
La lealtad a México no se demuestra renunciando a una doble nacionalidad, también tendría que medirse mediante el patrimonio, los negocios, los conflictos de interés, las cuentas bancarias, las relaciones empresariales y las decisiones tomadas desde el gobierno.
Hay mexicanos con una sola nacionalidad cuyos intereses se encuentran colocados fuera del país, así como binacionales que han dedicado su vida a servir a México. Un documento no garantiza patriotismo y dos pasaportes tampoco prueban traición.
La iniciativa todavía deberá pasar por el Congreso de la Unión y por la mayoría de las legislaturas estatales. No es, por lo tanto, una ley vigente. Pero la mayoría oficialista cuenta con los recursos políticos suficientes para convertir un ajuste de cuentas presidencial en mandato constitucional.
Ese es el punto que debe ocuparnos. Las constituciones se reforman para establecer reglas generales, impersonales y duraderas, no para resolver rivalidades particulares ni clausurar candidaturas incómodas. Cuando una modificación constitucional puede identificarse inmediatamente con nombre, apellido y partido, su legitimidad queda inevitablemente bajo sospecha.
Claudia Sheinbaum tiene derecho a proponer que quienes gobiernen México posean una sola nacionalidad. Lo que no puede evitar es que se le pregunte por qué la iniciativa surgió precisamente ahora, después de señalar a Cabeza de Vaca y cuando comienza a configurarse el escenario electoral de 2027.
También debe responder si la reforma nació de una convicción propia o si forma parte del inventario de agravios que López Obrador dejó en Palacio Nacional, esto porque el expresidente no solamente heredó un movimiento, una mayoría legislativa y una estructura de poder. También dejó enemigos, expedientes pendientes y rencores sin resolver.
La duda es si Claudia Sheinbaum pretende gobernar con su propia agenda o continuar cobrando las cuentas personales de su antecesor. Cabeza de Vaca puede ser investigado y, si existen delitos comprobables, procesado por ellos. Lo que resulta peligroso es modificar la Constitución para obtener por la vía política lo que el gobierno no ha conseguido demostrar de manera definitiva por la vía judicial.
Por eso la reforma podrá llamarse oficialmente como quieran. Podrán envolverla en soberanía, patriotismo y defensa del interés nacional. En el lenguaje del poder, sin embargo, ya tiene otro nombre: Ley Cabeza de Vaca, la crónica de un rencor heredado.
@dparra001