LA JUSTICIA, UNA VEZ MÁS, EN ENTREDICHO
El pasado sábado sucedió un hecho de sangre que no ha sido explicado suficientemente, y que sigue dejando más dudas y suspicacias, que certezas.
Le cuento a grandes rasgos:
De acuerdo a la versión ofrecida por el propio titular de la Fiscalía General de Justicia en el Estado, Gustavo Rómulo Salas, ese día, elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) huían a toda prisa en su vehículo oficial, tratando de alejarse de un par de camionetas con sujetos a bordo que los perseguían, en la colonia Las Peredas, al sur de Hermosillo.
Los agentes habían realizado un cateo a un domicilio, cuando fueron interceptados por los presuntos delincuentes, supongo que fuertemente armados.
En su huida, los policías se encontraron con un vehículo de reciente modelo Toyota Camry, por lo que, de acuerdo a su dicho, pensaron que su abordante pertenecía a la misma banda de sicarios que los perseguía.
Textualmente, de acuerdo a la colega reportera Maria José Noyola, del periódico Expreso, el fiscal Salas señaló: “Al terminar el cateo, salen dos elementos, los cuales manifiestan que fueron perseguidos por unas camionetas y que un vehículo les cerró el paso. Ellos consideran y piensan que fue una agresión, por lo cual le disparan, resultando herido el tripulante del vehículo…el tripulante del vehículo es un particular que no tiene nada que ver con los hechos, no es un delincuente”.
Ciertamente, en la confusión, abrieron fuego: setenta impactos en el vehículo, algunos de ellos dieron en la humanidad del abogado Carlos Arturo Bustamante Bracamontes, coincidentemente, esposo de una funcionaria de la propia Fiscalía de Justicia. ¡Cuánta desafortunada casualidad!.
Un día antes, el viernes 23, los elementos de la AMIC se habían enfrentado a sujetos armados durante un operativo en la invasión Tres Reinas, colonia casualmente también, cercana a Las Peredas, donde fue el cateo. Ahí cayó abatido un agente de la fiscalía y un delincuente neutralizado.
En todo este zipizape de fatídicos desencuentros a balazos y de declaracionitis de parte de la autoridad, el fiscal Salas aseguró ante los avezados reporteros que los dos policías que habían abierto fuego contra el abogado, ya habían sido JUDICIALIZADOS, con lo que esto signifique. Usted y yo pensaríamos que fueron detenidos en el acto, mientras se desarrollaban las investigaciones.
Pues resulta que no. Los agentes agresores de Bustamante Bracamontes, extrañamente, se encuentran en calidad de desaparecidos. Huyeron.
El vicefiscal Tadeo Gradías confirmó lo anterior, y dice que ya los buscan…supongo que por cielo, mar y tierra, como dice el clásico.
Por increíble que parezca el relato, así fue. Todo hace suponer que a los policías los dejaron escapar. Esperemos que no por mucho tiempo.
Con hechos como éste que se suceden más frecuentemente de lo que usted piensa, ¿cómo confiar en la justicia?.
Es más, las cosas están tan revueltas, que usted recordará el caso de un par de jovencitos, Jonathan e Irving, señalados por la fiscalía con índice de fuego como integrantes de una peligrosa banda de secuestradores -un caso mediáticamente muy sonado- y que fueron detenidos a finales del año pasado, pues déjeme decirle que ya recobraron su libertad…provisionalmente sí, pero ya están en la calle.
Quién sabe si se trate de un error involuntario del Ministerio Público o del propio Juez Penal, pero el caso es que no recibieron sentencia en cinco meses, y de acuerdo a La Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, si esto sucede, un menor puede obtener su libertad provisional
¿Error?, ¿acuerdo?, ¿negligencia?, ¿irresponsabilidad?, vaya usted a saber, policiaca lectora, justiciero lector, pero lo cierto es que este tipo de situaciones refuerzan la percepción ciudadana del ineficiente e ineficaz trabajo de las autoridades procuradoras de justicia.
ENCUADRE ELECTORAL
Como usted ya bien sabe, este próximo domingo habrá elecciones para nombrar a ministros, magistrados y jueces, en todo el país.
Por tal motivo, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales en Sonora le recuerda que el voto debe de ser libre, secreto, directo, personal y SIN PRESIONES.
Cualquier intento, de cualquier persona, que quiera comprar o condicionar su voto, es un DELITO ELECTORAL, y de acuerdo a la Ley General en Materia de Delitos Electorales, se castiga con hasta 9 años de cárcel.
Así que, si vas a votar este 1 de junio, hazlo con responsabilidad y ABSOLUTA LIBERTAD.
Te dejo aquí el 6622 121746 y el correo delitoselectorales@fiscalia.sonora.gob.mx, para cualquier denuncia.
No te garantizo que la vayan a tomar en cuenta, porque la nueva fiscal especializada en este tema es pro Morena, pero hay que cumplir con la obligación ciudadana de denuncia, en caso de que veas alguna irregularidad.
Avisada (o) estás.
IN PROXIMUM
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