LOS VERICUETOS DE LA JUSTICIA
Desde la forma en que se dio a conocer la existencia de 25 órdenes de aprehensión en contra de directivos de la tienda y funcionarios relacionados con el incendio de Waldo´s en Hermosillo, algo no olía bien.
A temprana hora del miércoles 24, el colega Jorge Morales daba a conocer los nombres de los señalados por la Fiscalía General de Justicia en Sonora, entre ellos, los extitulares de Protección Civil en el Estado, Juan González Alvarado y Armando Castañeda.
De hecho, el comentarista Aarón Tapia, en una publicación en X, fue más allá: incluía al diputado Raul González de la Vega entre los posibles señalados.
Ante la filtración de nombres y presuntos delitos cometidos, la fiscalía permaneció impávida. Reaccionó hasta muy tarde y con un escuetísimo comunicado de prensa. Contenían más datos las filtraciones surgidas desde la misma autoridad.
Eso hizo pensar a más de uno que la información circulada “off the record”, primordialmente en redes, era más con la aviesa intención de un daño político que jurídico.
Y no esperamos mucho para constatarlo: el pasado viernes 26, los cinco imputados que estaban en calidad de detenidos, salieron libres.
Varios “errores” (que a la luz de los acontecimientos parecieran a propósito) procedimentales dieron al traste con el desarrollo de la investigación y un entorpecimiento inicial del camino a la justicia para las familias afectadas por el incendio de la tienda.
¿Cómo les explico?
Trataré.
En primer lugar, el avance del proceso judicial se frenó por una serie de alegatos de la defensa sobre la legibilidad y presentación de las ¡copias! de la carpeta de investigación. Además, según dice la fiscalía, el juez consideró que el expediente era demasiado voluminoso por lo que no se podía continuar con la fase de vinculación a proceso. Bajo ese criterio, fue otorgado un período de 18 días más a la defensa para la revisión completa de la información contenida en dicho expediente.
Argumentos bastante pueriles, ¿no?, sobre todo, en un evento de alto perfil como éste, en donde el gobernador Durazo personalmente ha estado al tanto para que la demanda de justicia de las familias afectadas sea cumplida a cabalidad.
Aún más: la filtración de los nombres de los implicados por la fiscalía con órdenes de aprehensión constituye una gravísima falta al debido proceso y a la presunción de inocencia. Dos actos contemplados expresamente en nuestras leyes.
Y en apariencia, solo dos autoridades tenían esa información: la Fiscalía General de Justicia de Sonora a través de su Ministerio Público, y el Supremo Tribunal de Justicia en manos de un Juez. Podría especular que el Ejecutivo, pero solo sería eso, especulación.
Luego entonces, de las primeras dos autoridades debió salir la filtración…a menos que.
Según me comentaban algunos amigos abogados consultados, esta sola “pifia”, con visos de haberse realizado de forma deliberada e intencional, quizá podría no “tumbar” todo el proceso contra los presuntos responsables en el incendio de la tienda Waldo´s, pero sí plantear nulidades para entorpecerlo.
¿Sería esa la cochina intención?
Es por eso que el acto de filtrar los nombres y delitos de los presuntos responsables a la prensa amerita una SERIA Y PROFUNDA INVESTIGACIÓN para dar con el o los responsables. Y dar a conocer el resultado en aras de la transparencia para evitar el famoso “sospechosismo”.
Resulta una verdadera burla para los imputados y para la misma autoridad este tema, porque en los actos procesales del debido proceso y la presunción de inocencia la secrecía debe ser total y absoluta.
Sin duda, vivimos una época difícil en la procuración de justicia. No es un desenlace inicial nada fácil para la parte ofendida por la tragedia, porque la incertidumbre y el desamparo continúan.
Ya me imagino el coraje mayúsculo del gobernador Durazo ante la liberación de los imputados por “minucias” en el procedimiento, porque su palabra está de por medio.
ENCUADRE PUNZANTE EN CITAS
1).- “El suscrito y mi familia se ha visto injustamente envuelta en una persecución política”: Hernán Hernández Riquelme, exsecretario de Seguridad Pública en Tabasco, señalado como jefe del grupo criminal “La Barredora”. Tamaña desvergüenza del sujeto, protegido del hoy senador morenista Adán Augusto López cuando fue gobernador del Edén del Sureste. Tal para cual.
2). “Cerramos este 2025 como el segundo país con menos desocupación en el mundo. La transformación da resultados”: presidenta Sheinbaum. Lo que no dice es que estas cifras no se reflejan en mejores niveles de crecimiento económico para el país. De hecho, el Banco de México recortó su proyección a la mitad para este próximo año. Los clásicos resultados a la mexicana de la clase política: verdades a medias o medias verdades.
3). “Sin duda, esta triunfal resolución no hubiera sido posible con gobiernos del pasado, pero los tiempos han cambiado y no permitiremos que haya impunidad e injusticia”: Napoleón Gómez Urrutia, tras el fin de una huelga que duró 18 años en Cananea. El Napo fue acusado por trabajadores del mineral de haberse “agenciado” a la mala el fondo de 52 millones de dólares para repartirse entre los mineros sindicalizados tras la requisa de la entonces Compañía Minera de Cananea. De hecho, estuvo autoexiliado en Canadá hasta que López Obrador lo hizo Senador, y con ello, le dio fuero. Otro desvergonzado con protección.
4). “Este asunto ya está afectando gravemente y destrozando a varias familias”: Daniel Healy, miembro del poderoso clan Healy Loera, propietarios del periódico El Imparcial, sobre una disputa de dineros entre su cuñado Carlos “El Cacho” Soto – esposo de Teresita Healy- y Gilberto “Tito” Salazar. De hecho, “El Cacho” fue acusado de fraude por su propia suegra, Doña Silvia de Healy. Qué enredos entre la casta dorada hermosillense. Como quien dice: los ricos también lloran.
IN PROXIMUM
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