DE GUELATAO A LA SCJN: LA HISTORIA PODRÍA REPETIRSE
En el siglo XIX, un indígena zapoteca, Benito Juárez, ascendió desde Guelatao hasta la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), desafiando el orden establecido y poniendo a los desposeídos en el centro del debate judicial. Hoy, 170 años después, Hugo Aguilar Ortiz, un mixteco oaxaqueño, podría reescribir esa historia. Su candidatura representa la posibilidad de un Poder Judicial con rostro y corazón indígena, capaz de transformar las interpretaciones constitucionales para servir a los pueblos y no solo a los poderosos.
Cuando se había computado ya el 60% de las casillas de la elección judicial del pasado domingo, todo apunta a que el único candidato de origen indígena en la contienda tiene asegurado un lugar en la conformación de la SCJN, que entrará en funciones el próximo 1º de agosto.
Y no sólo eso. También es muy probable que este candidato, Hugo Aguilar Ortiz, pueda convertirse en el próximo presidente de la SCJN durante los siguientes dos años. Con una trayectoria que incluye ser representante legal de 40 comunidades indígenas en conflictos agrarios y choques entre el sistema jurídico indígena y el estatal, Aguilar Ortiz representa una figura emergente en el escenario judicial.
Originario de Oaxaca y de raíces mixtecas, Aguilar Ortiz se presenta como un candidato con identidad indígena. Promovió su campaña bajo el lema “¡Ya nos toca!”, con guayaberas similares a las del expresidente Andrés Manuel López Obrador y consignas como “amor y compromiso”.
Al revisar la biografía de Benito Juárez García y su paso por la SCJN, el paralelismo resulta inevitable. Ambos originarios de Oaxaca, ambos de ascendencia indígena, y, si la historia se repite, ambos encabezando la cúpula del Poder Judicial. Quizá también compartan una causa común: la de los desposeídos. Ayer, en una entrevista, Aguilar Ortiz lo expresó así:
“Desde que entré a la facultad de derecho me hice consciente de mi identidad y de que nací con causa. Los indígenas no necesitamos buscar una causa que abrazar o para la cual trabajar; nacemos con causa: la pobreza, la discriminación, la exclusión que hemos vivido en este país, nos hace tener la causa de los pueblos indígenas, y ese es mi caso”.
En 1855, hace 170 años, Benito Juárez, abogado zapoteca, fue elegido ministro de la SCJN durante la presidencia interina de Juan Álvarez, y posteriormente con Ignacio Comonfort. En 1857, al promulgarse la nueva Constitución, fue electo presidente del máximo tribunal.
La Constitución de 1857 otorgaba al presidente de la SCJN un lugar crucial en la vida política: fungía como vicepresidente del país y debía asumir la presidencia en caso de ausencia o renuncia del titular del Ejecutivo.
Aguilar Ortiz, identificado como el único candidato indígena en la lista de aspirantes, percibe esta reforma como una oportunidad histórica, similar a la irrupción de Juárez en el siglo XIX. Sostiene que la visión indígena puede ofrecer respuestas innovadoras a problemas nacionales, como la democracia y la justicia, al incorporar la especificidad cultural de los pueblos originarios. Critica además el uso oportunista de identidades indígenas con fines políticos y defiende que la elección popular de jueces responde al principio de soberanía popular. También expresa su apoyo a la transformación actual del país y sostiene que la ministra Norma Piña no ha comprendido la necesidad de un Poder Judicial renovado y conectado con la realidad social.
Originario de la Mixteca alta de Oaxaca, Aguilar Ortiz cuenta con 30 años de experiencia en la defensa y promoción de los derechos de los pueblos indígenas. Para él, esta oportunidad es histórica e irrepetible, recordando que el último ministro indígena fue Benito Juárez hace más de siglo y medio.
Uno de sus argumentos más contundentes es que el sistema de justicia ha ignorado las especificidades culturales e históricas de los pueblos indígenas, juzgándolos como si fueran ciudadanos comunes y sin atender sus sistemas normativos. Menciona casos de criminalización por prácticas culturales como cazar una liebre en terrenos propios, consumir carne de tortuga o portar armas de bajo calibre para la seguridad comunitaria. Califica al actual poder judicial como “acartonado, pegado a la formalidad, ajeno a la realidad de los pueblos”.
En este contexto, destaca el papel clave de la interpretación constitucional en su propuesta. Aguilar Ortiz subraya que la Constitución es un conjunto de normas generales y abstractas que requieren interpretación. Sostiene que, al enfrentarse a casos concretos, los jueces tienen un amplio margen para decidir, y ahí radica su propuesta: que la interpretación sea “a favor del pueblo, a favor de los desfavorecidos”, en lugar de privilegiar “intereses particulares, el dinero, o una visión que subordina todo al mercado”.
Por hoy fue todo. Gracias por su tolerancia y hasta la próxima.
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