DANIEL GARCÍA, NI ÁNGEL NI DEMONIO
Las acusaciones contra Daniel García Escalante existen y están documentadas, pero aún no tienen una resolución definitiva. En política, la percepción pesa… pero también la prudencia.
En mi columna anterior, en la que abordé a los posibles aspirantes a la alcaldía de Hermosillo que pudieran surgir desde el interior del Ayuntamiento generó reacciones. Particularmente en torno a Daniel García Escalante.
Algunos lectores interpretaron el análisis como un ataque. No lo fue. Y conviene dejarlo claro.
Primero, reitero lo que escribí el pasado 9 de marzo en la entrega titulada “Alcaldía de Hermosillo, la joya de la corona en 2027”:
“Conviene aclarar algo desde el principio. Estas ‘elucubraciones’ no son producto de estudios demográficos, sociológicos ni de análisis electorales formales. Son simplemente deducciones derivadas de la lectura sistemática de las columnas políticas de periodistas sonorenses publicadas a lo largo del presente año. Es decir, se trata de apreciaciones subjetivas y sin pretensión de rigor científico”.
Ese es el marco. Y bajo ese mismo criterio debe leerse esta entrega.
Sobre Daniel García Escalante, lo primero que debo decir —con toda honestidad— es que no lo conozco personalmente ni he seguido de cerca su desempeño como servidor público. Eso, lejos de ser una limitación, me obliga a un ejercicio de mayor prudencia.
Ahora bien, también sería irresponsable ignorar que su nombre aparece vinculado a una serie de observaciones relevantes.
Durante su gestión como Secretario de Desarrollo Social en el sexenio de Claudia Pavlovich, auditorías del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) detectaron irregularidades en programas sociales, particularmente en “Unidos por tu Mayor Bienestar”.
Entre los hallazgos se mencionan pagos duplicados, registros de beneficiarios inexistentes o fallecidos, falta de documentación comprobatoria y observaciones por montos que superaban, en su momento, los 140 millones de pesos.
No se trata de rumores de café. Son observaciones técnicas derivadas de auditorías formales.
A esto se suman testimonios de personas que, según los registros oficiales, habrían recibido apoyos que aseguran nunca les fueron entregados, así como inconsistencias administrativas detectadas por instancias de control.
¿Está cerrado el caso? No.
Por el contrario, varias observaciones no han sido solventadas en su totalidad, lo que derivó en denuncias formales y en procesos que actualmente se encuentran en etapa judicial. El propio García Escalante ha recurrido a amparos, lo que confirma que el asunto sigue abierto.
Hasta aquí, los hechos.
Pero la política rara vez se mueve sólo en el terreno de los expedientes.
En su etapa actual dentro del Ayuntamiento de Hermosillo, García Escalante ha sido una pieza clave en la operación del modelo de participación ciudadana, particularmente a través de los comités CRECES y el llamado presupuesto participativo.
Este esquema ha mostrado crecimiento en participación y recursos, pero también ha sido objeto de críticas por presunto uso político, opacidad en algunos procesos y acusaciones de perfilamiento electoral.
Incluso existe un expediente ante el Tribunal Estatal Electoral por posibles actos anticipados de campaña y uso indebido de recursos públicos.
¿Eso lo convierte en culpable? No.
Pero tampoco permite ignorar los cuestionamientos.
Aquí es donde entra el punto central.
En política, las trayectorias no se definen sólo por las acusaciones, sino por su resolución. Y, en este caso, esa resolución aún no llega.
Por ello, en lo personal, le concedo el beneficio de la duda.
No por ingenuidad, sino por principio.
Porque en un entorno donde la denuncia se ha convertido también en herramienta política, el juicio anticipado suele ser tan peligroso como la impunidad.
Ahora bien, el hecho de que el alcalde Antonio Astiazarán lo considere un perfil viable dentro de su equipo le añade una variable adicional: la validación política interna.
Y eso, en el ajedrez rumbo a 2027, no es menor.
Al final, Daniel García Escalante no es —hasta hoy— ni el villano que algunos dibujan, ni el funcionario intachable que otros defienden.
Es, más bien, un actor político en zona gris.
Y en política, las zonas grises suelen resolverse de dos maneras: en los tribunales… o en las urnas.
Por hoy fue todo.
Gracias por su tolerancia y hasta la próxima.