PUEBLA DESPENALIZA EL ABORTO. SONORA CUÁNDO?
Con 29 votos a favor, 7 en contra, una abstención y en medio de fuertes protestas de grupos provida, el conservador estado de Puebla se convirtió en la entidad decimocuarta en despenalizar la interrupción del embarazo hasta las doce semanas de gestación. De esta manera se unió a Veracruz, Sinaloa, Quintana Roo, Oaxaca, Jalisco, Hidalgo, Guerrero, Colima, Coahuila, Ciudad de México, Baja California, Baja California Sur y Aguascalientes.
Aunque los opositores a la medida, al igual que como ha sucedido en varias de las entidades que la autorizaron anteriormente, enfocaron sus argumentos en la defensa de la vida, lo que se aprobó en Puebla no es la autorización de abortar y mucho menos su promoción, sino el no perseguir injustamente a las mujeres que recurren al aborto por fecundaciones no deseadas que en la mayoría de las ocasiones son incluso en contra de su voluntad.
Además, es sólo el darle un marco jurídico a una situación que de facto ya existe. En el año 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que los artículos que penalizan el aborto son inconstitucionales pues violan los derechos humanos de las mujeres y personas con capacidad de gestar, en tanto que consideró que suspender el ejercicio de la profesión al personal médico, a las comadronas y parteras que lo practiquen es también un acto discriminatorio.
Por ello, se le ordenó al Congreso de la Unión quitar estas normas del Código Penal Federal, así como a los Congresos Locales de cada una de las entidades del país para que hicieran lo mismo. Sin embargo, el camino para lograrlo ha sido muy sinuoso y tardado. A tres años de distancia, ni siquiera la mitad de las entidades lo han aprobado, en la mayoría de éstas por las presiones de los grupos de derecha que se autodenominan provida y, seguramente también por la apatía, desinterés o franco rechazo del o la gobernadora del estado.
Tengo la impresión de que este es el caso de Sonora donde el proyecto de Ley respectivo duerme el sueño de los justos desde hace más de tres años, a pesar de contar desde el 2021 con un gobierno presuntamente progresista que en teoría debería de apoyar esos proyectos, así como un congreso local con amplia mayoría feminista.
En este entorno, no encuentro más motivo que pudiera estar frenando la iniciativa que la oposición manifiesta o velada del gobernador Alfonso Durazo Montaño, quién, como lo ha hecho evidente sin la menor presencia de rubor, tiene pleno dominio de las acciones del legislativo.
Este no es un tema de carácter religioso o moral, sino de salud pública. La interrupción anticipada del embarazo existe y ha existido desde tiempo inmemorial y, año con año se incrementa. Esa es una realidad, lacerante si se le quiere definir, pero realidad en fin y la manera de abordarla no debe ser influenciada por creencias religiosas o personales, sino por la necesidad de la población y la de establecer políticas públicas que protejan la salud y la dignidad de las mujeres.
Que se sepa, ninguna mujer que se somete a una interrupción adelantada del embarazo lo hace por gusto, sino orillada por circunstancias y hechos que van más allá de sus preferencias personales.
En torno a la oposición al aborto y la despenalización como delito existen fuertes dosis de hipocresía, pues es de sobra conocido que cuando alguna joven de clase media alta o acomodada decide abortar por los motivos que se quieran, no tienen ningún empacho sus ancestros en llevarla o enviarla a Estados Unidos o a alguna entidad en el que gracias a que se despenalizó, se garantiza que las mujeres tengan acceso a abortos seguros en entornos médicos controlados.
Son, por lo tanto, las mujeres de los estratos económicos con menores ingresos, las que por carecer de recursos para viajar a otras regiones y en virtud de la legislación que penaliza y castiga el aborto, no encuentran hospitales o clínicas en las que se los realicen en condiciones adecuadas y salubres.
Además, la mayoría de las internaciones y muertes de mujeres se dan en los sectores más pobres de la sociedad, lo que no sólo implica que el objetivo de proteger la vida prenatal no se cumple, sino que la penalización del aborto acentúa la inequidad existente. Los países donde el aborto está despenalizado no muestran complicaciones en la salud o internaciones por las complicaciones del aborto inseguro y menos aún muertes maternas.
Si deveras se quiere proteger la vida, hay que empezar por proteger la vida de las mujeres que con toda seguridad, la necesidad de interrumpir un embarazo no deseado, es la disyuntiva más traumante y dolorosa que la vida les ha planteado.
Sintetizando, la despenalización del aborto es un bien social que protege la salud y la dignidad de las mujeres.
Por hoy fue todo. Gracias por su tolerancia y hasta la próxima.
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