LAS COMUNIDADES MINERAS SEGUIRÁN “CHUPANDO FAROS”
El Fondo Minero fue un fideicomiso público creado en México en 2014, como parte de la Reforma Fiscal, con el objetivo de destinar recursos económicos a las comunidades y municipios donde se desarrollaba actividad minera. Su finalidad era compensar a estas zonas por los impactos sociales, ambientales y urbanos derivados de la minería, promoviendo el desarrollo regional y una distribución más equitativa de la riqueza generada por la extracción de minerales. Operó hasta 2019, cuando fue eliminado en el contexto de la extinción de fideicomisos públicos.
Los recursos del Fondo se utilizaban en proyectos de infraestructura vial, urbana, educativa y de salud, así como en programas de desarrollo social y remediación ambiental. Entre sus objetivos principales estaban compensar los impactos negativos de la minería, impulsar el desarrollo económico y social de las regiones mineras, y mitigar los daños ecológicos asociados a esta actividad.
El Fondo Minero se sustentaba en la Ley Federal de Derechos y era administrado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU). Aunque dejó de operar, su creación marcó un precedente en la búsqueda de una minería más responsable y orientada al beneficio social.
La eliminación del Fondo ha generado debate sobre cómo financiar proyectos en zonas mineras. Aunque se han implementado nuevos mecanismos, persiste la discusión sobre la mejor manera de compensar a las comunidades afectadas por la actividad minera.
Por las razones antes mencionadas, le cuestioné su desaparición a la senadora Lorenia Valles el pasado lunes, cuando tuvo a bien acompañarnos en la reunión del grupo de periodistas Kiosco Mayor. Ingenuamente —o tal vez con un optimismo mal fundamentado—, asumí que su función como presidenta de la Comisión de Minería del Senado de la República consistía en apoyar al sector. Más ingenuo aún, llegué a pensar que, siendo sonorense, tendría algún interés en defender los intereses de sus paisanos. Dejándole perfectamente claro que le hablaba tanto como sonorense como en su calidad de representante en la Cámara Alta, le expresé mi punto de vista:
Le pregunté si estaría dispuesta a buscar una solución para destrabar los recursos del Fondo Minero y aplicarlos conforme al propósito original que justificó la creación de ese gravamen adicional. Cabe destacar que este impuesto, incrementado este año en 1 % según la Ley de Derechos, afecta a una industria minera ya de por sí castigada: sin incentivos, con una carga fiscal desproporcionadamente alta, y enfrentando limitaciones que frenan la inversión, lo que inevitablemente nos resta competitividad frente a otros países.
Su respuesta fue franca, sin rodeos, sin ambigüedades y sin intentar suavizar o disimular la verdad de las intenciones de la federación sobre esos recursos. Respondió: “desde campaña fuimos muy claros respecto a ese tema, no hay una modificación en el destino de esos recursos y se tiene que seguir garantizando que continúe la reconstrucción de las escuelas en ese sentido”.
Previamente se había echado todo un choro para explicarnos que existe un programa llamado La Escuela es Nuestra, que recibe la mayor parte de esos recursos, los cuales este año tendrán un aumento significativo. Este programa opera a través de comités conformados por padres de familia, quienes tienen la responsabilidad de decidir en qué se invertirán los fondos asignados.
“Es un tema que tenemos como parte de nuestro plan de trabajo y vamos a estar visitando los diferentes proyectos mineros que hay en las diferentes regiones de nuestro país incluyendo Sonora”, nos comentó. Añadió que, en su momento, se invitará a los medios de comunicación y que estas visitas se llevarán a cabo también en las principales entidades mineras del país.
“Entrando de lleno en el tema de la minería, el periodista Francisco Javier Ruiz Quirrín planteó la cuestión sobre la prohibición de la minería a tajo abierto. La legisladora reconoció la importancia del sector en la entidad, destacando que Sonora no solo lidera en minería, sino que también es el epicentro de la proveeduría minera. Además, admitió que existe una necesidad urgente de atender este asunto.
“De eso se trata -señaló-, me parece a mí que como legisladores y legisladoras no se trata solamente de imponer lo que yo pienso. Es decir, hay una realidad y hay un motor económico muy importante que es la minería en general y una de sus vertientes es a cielo abierto. Hay buena disposición por parte de los mineros y las mineras (también hay muchas mujeres) para poder encontrar los mecanismos que garanticen que la actividad se pueda regular de la mejor manera. Tenemos que reconocer algunos casos de éxito, porque los hay, aunque hay otros que también han devastado el medio ambiente; lo que hay que encontrar es el equilibrio y el mecanismo que garantice que la actividad pueda prevalecer”.
Esperemos que encuentre verdaderas soluciones y logre implementarlas.
Más le vale, le podrían decir algunas de sus comadres, pues si llegaran a alinearse los astros a su favor en 2027, el sector minero podría ser un gran aliado, pero también una poderosa fuerza opositora.
Por hoy fue todo. Gracias por su tolerancia y hasta la próxima.
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