Por Mathieu Tourliere
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Además de desestimar las evidencias sobre el reparto de “acordeones” durante la elección presidencial del pasado 1 de junio, el bloque mayoritario de magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) impidió que se diera vista al Instituto Nacional Electoral (INE) para que investigue presuntas irregularidades, incluyendo por el uso de estas “guías de votación”.
Durante la sesión de este martes, los tres magistrados identificados con el oficialismo, encabezados por la presidenta Mónica Aralí Soto Fregoso, votaron en contra de 14 propuestas que buscaban dar vista al INE para investigar los señalamientos de partes quejosas respecto a las elecciones judiciales.
En uno de estos juicios, la parte quejosa denunció “violaciones graves, reiteradas y sistemáticas” a las reglas electorales por el actuar de los comités de evaluación, por la “indebida intervención de altos funcionarios públicos” y la “elaboración y distribución masiva de acordeones que afectó la autenticidad de los resultados”, entre otros.
El proyecto de resolución que fue adoptado por el TEPJF desechó el juicio de inconformidad, tras considerar que los promoventes no aportaron las pruebas suficientes para respaldar que las irregularidades denunciadas “trascendieron de forma determinante en los resultados de la elección”; sin embargo, planteaba ordenar al INE revisar las acusaciones y seguir pistas para probar las irregularidades.
Mónica Soto y los dos “Felipes” –Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Fuentes Barrera– votaron a favor de desechar el juicio de inconformidad, pero se opusieron a que el INE abriera una investigación sobre la denuncia. Lo mismo hicieron en otros 13 juicios de inconformidad, en los que las partes quejosas señalaron que los candidatos ganadores fueron beneficiados por los “acordeones”.
En la sesión de la semana pasada, los tres magistrados han minimizado el rol de los acordeones en los resultados de los comicios, y han reiterado que no existen pruebas que demuestren que fueron elaborados por terceros como parte de una “estrategia generalizada”, financiada de manera ilícita; a la par, se han negado a que el INE investigue los casos.
TOMADO DE PROCESO.COM.MX