Hermosillo, Son.- La Barra Sonorense de Abogados encendió las alertas sobre lo que considera una crisis operativa dentro de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora, al señalar que la negativa a promover acuerdos reparatorios y la falta de recursos humanos están provocando un colapso en el sistema de justicia penal.
Durante una entrevista en el noticiero Nuestras Noticias con Sergio Valle, el presidente del organismo, José Manuel Ávila Valenzuela, aseguró que la Fiscalía ha optado por judicializar incluso delitos menores que podrían resolverse mediante conciliación, generando una sobrecarga innecesaria en los tribunales.
“Fiscalía, literalmente, le cerró la llave a las soluciones alternas y a la forma de terminación anticipada del proceso”, afirmó.
Según explicó, casos relacionados con daños menores por accidentes de tránsito o lesiones leves están llegando a los juzgados en lugar de resolverse mediante acuerdos entre las partes. A su juicio, esta estrategia incrementa los costos para el Estado y retrasa la atención de asuntos de mayor relevancia.
Otro de los señalamientos más severos fue la ausencia de agentes del Ministerio Público en audiencias judiciales. Ávila Valenzuela reveló que, tan solo en Hermosillo, se han registrado alrededor de 600 audiencias sin la presencia de fiscales durante este año.
“No puede ser posible que no vaya el Ministerio Público a una audiencia. Yo tengo 30 años litigando y jamás había visto que un Ministerio Público no fuera a una audiencia”, sostuvo.
El abogado atribuyó parte del problema a la falta de personal y a los bajos salarios. Indicó que Sonora cuenta con apenas 10 ministerios públicos por cada 100 mil habitantes, una cifra muy inferior a la de otras entidades.
Además, aseguró que los funcionarios enfrentan condiciones laborales precarias.
“Necesitan pagarle mejor a un Ministerio Público, darle mejores prestaciones”, señaló, al considerar que un salario cercano a los 50 mil pesos mensuales permitiría mejorar el desempeño institucional.
La Barra también denunció retrasos en la entrega de copias de carpetas de investigación, rezagos en servicios periciales y el uso recurrente de la prisión preventiva justificada, lo que, advirtió, contribuye al hacinamiento en los centros penitenciarios.
Pese a que el organismo ha sostenido reuniones con autoridades de la FGJE y presentó un escrito ante el Gobierno del Estado, aseguró que no han observado cambios.
“Creo yo que tenemos la razón en el sentido de que se está reventando el sistema de justicia penal, sobre todo en Sonora”, lamentó.
TOMADO DE SERGIOVALLE.MX