Por Camila Ayala Espinosa/Foto: Evan Vucci/AP
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– La respuesta del presidente Donald Trump, de imponer un arancel global de 10% luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos echó abajo parte de los gravámenes que impuso, abre dos puertas para México, una de ellas con riesgos.
Empresarios y analistas coinciden en que, pese al fallo judicial, todavía no hay motivos para estar en paz.
Ayer 20 de febrero la Suprema Corte estadunidense resolvió que la Ley de Poderes Económicos en Caso de Emergencia Internacional (IEEPA) no faculta a Trump para establecer aranceles. El fallo insiste en que utilizar esa legislación para imponer gravámenes implica un abuso de autoridad.
“El gobierno interpreta la IEEPA como si otorgara al presidente la facultad de imponer unilateralmente aranceles sin restricciones y modificarlos a voluntad (…) También resulta revelador que, en el medio siglo de existencia de la IEEPA, ningún presidente haya invocado ese estatuto para imponer aranceles, y mucho menos aranceles de esta magnitud y alcance”, sostiene la resolución de la Corte de EU.
Incluso, el alto tribunal consideró que no es justificable que Trump haya usado el argumento de atender dos amenazas extranjeras, la entrada de drogas ilegales provenientes de Canadá, México y China, y los déficits comerciales “grandes y persistentes”.
La reacción llegó apenas horas después. Trump anunció que impondrá un arancel global de 10% al amparo de la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974. Además, su administración recurrirá a otros instrumentos legales para sostener su agenda comercial.
“La Sección 122 autoriza al presidente a imponer aranceles de hasta 15% por un periodo máximo de 150 días, con el objetivo de atender desequilibrios en la balanza de pagos”, indica un análisis del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (COMCE).
Además, Estados Unidos ya analiza activar investigaciones bajo la Sección 301 de la misma ley.
Ese mecanismo permite imponer aranceles específicos por país, ya sea sobre un producto determinado o sobre múltiples productos, cuando se concluye que existen prácticas consideradas violatorias o discriminatorias frente a los intereses comerciales estadunidenses.
Impactos en México
El máximo órgano empresarial de representatividad en el país, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), no tardó en analizar el impacto inmediato. En el lado positivo la decisión de la Corte estadunidense disminuye la arbitrariedad en la imposición de aranceles por parte de Trump.
“Sin embargo, dicha decisión disminuye las preferencias que México ha tenido durante los últimos meses, ya que, actualmente, no se pagan los aranceles IEEPA en exportaciones mexicanas que cumplen con las reglas de origen del T-MEC, y nuestros competidores si pagan los aranceles denominados “recíprocos””, sostiene el documento obtenido por Proceso.
A ello se suma otro factor, la resolución impactará en la correlación de fuerzas dentro del Congreso estadunidense y en el apetito de los legisladores por participar directamente en la definición de la política arancelaria.
“Pone en duda la legalidad de los 18 acuerdos comerciales bilaterales con diversos países (Unión Europea, Reino Unido, Japón, Corea, países del sureste asiático y de Centro América, etcétera.) Debilitaría la imagen del presidente DT aún más, justo cuando se encuentra en su punto más bajo”, sostiene el análisis.
Para el COMCE, uno de los principales organismos involucrados en la renegociación del T-MEC, el panorama sigue siendo delicado. A diferencia de la Sección 122, con la que ahora se ampara Trump, la Sección 301 requiere investigaciones formales, pero puede derivar “en medidas de mayor permanencia y alcance”.
Sin embargo, no todo es negativo, el COMCE sostiene que el papel de la Corte subraya el cumplimiento pleno de los compromisos del acuerdo comercial más importante de América del Norte.
“Fortalece la competitividad regional, beneficia la prosperidad compartida de Estados Unidos y América del Norte en su conjunto, y contribuye a reducir la incertidumbre que incide en las decisiones de inversión y en la estabilidad de las cadenas de suministro”, sostiene.
De hecho, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) respaldó la posición del COMCE, al considerar que el fallo reconoce la “relevancia” de las instituciones.
Para la Confederación, el precedente reafirma un principio esencial para la economía real: la política comercial funciona mejor cuando se conduce con certidumbre jurídica, proporcionalidad y reglas claras, porque eso protege el empleo, sostiene el abasto y da estabilidad a quienes producen, mueven y venden -expuso a este medio de comunicación.
Llamado a la cautela
El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, principal actor público en la interlocución sobre aranceles y el T-MEC, pidió nuevamente prudencia frente a este nuevo episodio comercial.
“Lo primero que tenemos que hacer es actuar, como ha dicho la presidenta Sheinbaum, con sangre fría”, sostuvo.
De acuerdo con el funcionario, el punto de partida actual es que el 85% de lo que exporta México no tiene aranceles.
Los aranceles que tenemos sobre vehículos -dijo-, sobre acero y aluminio, dependen de otro principio legal, que es una cláusula, un artículo en su ley, que establece esa posibilidad.
Al mismo tiempo, informó que México busca acelerar la diversificación de mercados, por lo que en mayo próximo firmará la modernización del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México (TLCUEM).
Analistas miran con suspicacia
Para la directora de Análisis Económico en Grupo Financiero BASE, Gabriela Siller, sin los aranceles IEEPA existe la posibilidad de que “Trump quiera responder imponiendo aranceles sectoriales”.
“Esto podría ser peor para México, pues los aranceles del 25% por IEPPA no se estaban cobrando al pie de la letra”, explicó a Proceso.
Más del 80% de los bienes ya estaban exentos de ese arancel por cumplir con el TMEC, lo que reducía el impacto real sobre gran parte de las exportaciones mexicanas.
Mientras tanto, el coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (LACEN), Ignacio Martínez, explicó en entrevista con la reportera que la Casa Blanca dispone de un amplio marco jurídico “para impulsar el crecimiento de la economía estadounidense y fomentar el mercado interno bajo medidas fiscales y adopción de barreras arancelarias”.
Toda vez, “adoptar una política comercial proteccionista causando fuertes estragos en la economía mundial y el comercio internacional”.
El investigador insiste en que, a través de su política económica, Trump diseña una política comercial acorde a la “estrategia de seguridad nacional”, por lo que ante este embate es “preciso conocer el marco jurídico comercial que Washington puede emplear para ejecutar su política de nacionalizar la globalización a través del patriotismo comercial”.
Por ejemplo, está la Ley de Seguridad Nacional de 1947, que permite establecer aranceles a los países que atenten contra la seguridad de Estados Unidos.
TOMADO DE PROCESO.COM.MX