DEL MACHISMO A LA OPRESIÓN FEMENINA
Esta columna es la primera entrega de una zaga de tres publicaciones sobre los excesos jurídicos derivados de una agenda de género que ha pasado del reclamo legítimo a la distorsión institucional.
Hoy: el “acoso sexual” y los abusos que se cometen bajo su amparo.
Mañana: la “violencia política de género” como arma para blindar privilegios.
Y el viernes: un caso real en el que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sancionó a una ciudadana de Hermosillo por ejercer su derecho a opinar en redes.
Durante décadas, la lucha contra el machismo tuvo razones de sobra. El feminismo ganó terreno en la legislación, la cultura, la educación y los medios con una bandera clara: justicia. Pero en algún punto, la justicia se convirtió en privilegio; la equidad, en desequilibrio. Y el Estado, en lugar de corregir asimetrías, comenzó a crear nuevas formas de opresión… con rostro femenino.
El concepto de “acoso sexual”, por ejemplo, ha mutado de ser una figura útil para castigar conductas verdaderamente violentas, a convertirse en una categoría elástica, subjetiva y —cada vez más— peligrosa. Hoy no hace falta tocar, insistir, coaccionar ni amenazar. Basta con que alguien “se sienta incómoda” y te acusan. Basta con que una mujer diga que la miraron feo, que le dijeron “guapa” o que alguien la incomodó “sin querer”, para que se desate una persecución con consecuencias laborales, sociales, penales y mediáticas.
Casos que indignan
Uno de los ejemplos más recientes es el caso de #LadyUber, ocurrido en febrero de 2025 en la Ciudad de México. Una pasajera, molesta con el conductor por no acelerar como ella deseaba, comenzó a insultarlo y luego amenazó con denunciarlo por acoso sexual. En una llamada fingida, gritó que el chofer “le decía cosas” y “no quería avanzar”, cuando en realidad las grabaciones demostraron que nada de eso había ocurrido.
Lo más grave fue la amenaza directa: “¿Avanzas, o te avientas cinco años de cárcel?”. ¿Cuántas veces, sin una grabación de por medio, hombres inocentes terminan en el Ministerio Público o en prisión preventiva por falsas acusaciones como ésta?
Otro caso alarmante es el de #LadyLomas, Iris Liliana N., quien fue sorprendida intentando ingresar ilegalmente a una propiedad en Lomas de Chapultepec. Al ser confrontada por la policía, destruyó cámaras de seguridad, agredió a los oficiales y, cuando fue arrestada, gritó: “¡Me están acosando!”. Meses antes, había utilizado tácticas similares para denunciar falsamente a su exesposo por violencia y exigir una pensión millonaria.
El uso del “acoso” como chantaje, como herramienta de manipulación legal, ya no es un fenómeno aislado. Es una estrategia que se replica, que se viraliza y que tiene eco en sistemas jurídicos cada vez más desequilibrados.
El caso de #LadyViolación es todavía más preocupante: durante una disputa con un comerciante, una joven lo amenazó directamente con inventarle un intento de violación. “Yo te mando al bote… vemos quién pierde más”, le dijo frente a una cámara. Así, con esa facilidad.
Y si creemos que esto solo ocurre con mujeres anónimas, el caso de la bloguera Tamara de Anda “Plaqueta” en 2017 nos demuestra que figuras públicas también han usado el aparato institucional para castigar lo trivial. La denuncia a un taxista que le gritó “guapa” terminó con el hombre detenido por una falta cívica. ¿Eso es justicia o revancha?
Cuando el feminismo se vuelve punitivismo
Nadie niega que el acoso sexual exista ni que sea un problema. Lo que se denuncia es la desproporción. El hecho de que cualquier conducta o palabra pueda ser reinterpretada a conveniencia para destruir reputaciones, empleos y vidas. Que se invierta la carga de la prueba: el acusado debe probar su inocencia, y la denunciante… solo tiene que “sentirse agredida”.
¿Queríamos justicia o queríamos venganza?
El problema es que este sistema alimenta dos monstruos:
- El miedo a relacionarse, en especial en espacios laborales o educativos, donde ya se ha vuelto riesgoso conversar, hacer una broma o mostrar amabilidad.
- La desprotección real de las verdaderas víctimas, porque en medio del ruido, las denuncias genuinas se confunden con las tácticas de presión, chantaje o venganza.
Lo más irónico es que estas distorsiones, en lugar de empoderar a la mujer, la presentan como un ser emocionalmente frágil, incapaz de confrontar el disenso o procesar una interacción sin la tutela del Estado.
Es decir: se ha sustituido al hombre opresor por un Estado sobreprotector que infantiliza a la mujer.
Y cuando el derecho penal comienza a actuar con base en emociones y no en pruebas, el daño es irreversible. Se destruyen vidas, se anulan libertades y se erosiona el principio básico de toda democracia: la presunción de inocencia.
La columna de mañana abordará otro tema espinoso: la violencia política de género. Veremos cómo este concepto, también legítimo en su origen, ha sido convertido en un escudo de impunidad para figuras públicas, usado para silenciar la crítica, manipular procesos electorales y perseguir adversarios con el apoyo de los tribunales electorales.
Y el viernes, remataremos con un caso concreto, aterrador por sus implicaciones: una mujer sonorense sancionada por opinar libremente en redes sociales.
Porque si la ley se convierte en mordaza, todos estamos en peligro.
Incluidas las mujeres.
Por hoy fue todo, gracias por su tolerancia y hasta la próxima