RECONFIGURACIÓN, NO CRUZADA
La reciente incursión contra la cúpula del Cártel Jalisco Nueva Generación en la que el lider de esta oganización mexicana trasnacional cayó abatido, según reportes oficiales, no significa más que eso si la superestructura de este exitoso modelo de negocios ilícitos permanece intacta.
Ante esto cualquier narrativa triunfalista no es más que humo para efectos electoreros para Washington o para un protagonismo hasta indeseado por parte del titular de la secretaría de seguridad nacional que de esa manera buscaría blindar a una presidenta que prefiere no hacerse cargo de esto de manera alguna, por más que siga siendo la responsable aparente aunque formal del estado mexicano.
Lo que estamos presenciando es un movimiento de redimensionamiento dentro de un sistema criminal transnacional que había alcanzado un indeseable punto de concentración de poder en México que ya supone riesgos de naturaleza política para el país vecino que señala directa y persistentemente el enorme grado de control del estado mexicano que afirma hoy ostentan los cárteles.
Durante años había operado sin mayores alteraciones un equilibrio funcional en esto: demanda estructural en Estados Unidos, oferta eficiente en México, redes de suministro transfronterizas y de distribución domésticas en territorio norteamericano y una presión bilateral bien calibrada para evitar desbordamientos en el mercado mediante la inconstitucional instalación de inconstitucionales y abusivos retenes militares en México y aduanas fronterizas con fines de contención de flujos no autorizados.
Nunca se ha tratado esto de una construcción de estabilidad institucional, sino de una estabilidad económica ilícita bien regulada. El mercado funcionaba, los incentivos estaban alineados y la violencia, aunque constante, permanecía contenida dentro de parámetros tolerables para la política estadounidense.
La consolidación del mercado del fentanilo originalmente estimulado en estados unidos por su distribución prescita autorizada previa a su regulación una vez inoculado en millones de clientes potenciales, alteró esa ecuación. La letalidad masiva por su comercialización como droga ilegal convirtió un fenómeno criminal en crisis sanitaria nacional en Estados Unidos.
La muerte pasó de estadística marginal para convertirse en tema de narrativa electoral. Cuando la presión social escala, la tolerancia estratégica disminuye. En ese contexto, los cárteles dejaron de ser vistos únicamente como proveedores externos y pasaron a ser percibidas como amenaza directa a la seguridad interior estadounidense más allá del fentanilo, sino como riesgo político claro y presente que había que contener fragmentando sus estructuras y dispersando sus liderazgos.
A ello se suma un factor clave: la concentración de poder. El CJNG no solo produce y exporta; ha demostrado capacidad paramilitar, expansión y dominio territorial acelerados y diversificación de economías ilícitas. Cuando una organización criminal adquiere rasgos cuasi estatales —control territorial, capacidad armada sofisticada, influencia política local— deja de ser solo actor económico ilegal y se convierte en una importante variable geopolítica.
En este contexto, el Senado mexicano, luego de largas peroratas nacionalistas huecas, se vio forzado a autorizar la semana pasada, luego de una escandalosa ventaneada pública de infructuoso y penoso negacionismo, la extensión de presencia de personal militar extranjero, oficialmente con supuestos fines de capacitación que no resulta difícil interpretar en los acontecimientos de este domingo.
La cooperación en inteligencia y judicialización no es nada nuevo y se ha intensificado desde la salida en lo formal de López Obrador, quien la contuvo en lo que se consolidaba el poder que hoy hace rodar cabezas, donde the United States Department of Justice y la Drug Enforcement Administration son jugadores centrales. Resulta improbable que un movimiento de esta magnitud sea ajeno a ese entorno de coordinación inútilmente negada pero por demás evidente.
Sin embargo, la dimensión más aguda no es externa sino interna. La penetración criminal en estructuras locales de gobierno y seguridad —real o percibida— obliga a reservar información a las propias autoridades civiles y militares mexicanas y ser llevadas por la mano amiga a ejecutar golpes como este con círculos operativos cerrados administrados hasta el último momento y detalle por los propios “asesores”. Este descabezamiento no solo envía mensaje hacia la organización criminal; también reordena equilibrios y nexos hacia dentro del propio aparato estatal.
Por tanto es necesario ir más allá de la lectura facilona de “México vs. Estados Unidos”. El narcotráfico contemporáneo funciona como cadena de suministro transnacional. Los cárteles mexicanos son nodos productivos y logísticos, pero la distribución, el lavado y el consumo ocurren en territorio estadounidense con participación de redes internas. Golpear únicamente al proveedor no elimina la demanda, sólo modifica la arquitectura del mercado y regula los grados de poder que se pueden conceder.
Por ello, el movimiento actual puede interpretarse como intento de fragmentación preventiva. Cuando un actor criminal concentra demasiado poder, aumenta el riesgo sistémico: visibilidad mediática, presión política, inestabilidad regional. Fragmentar reduce esa amenaza, aunque eleva temporalmente la violencia. La historia reciente demuestra que los mercados ilícitos no desaparecen; se reordenan y redistribuyen.
El verdadero interrogante no es si la operación fue coordinada por la generosa y desinteresada asesoría, sino lo qué vendrá después. Si el Estado mexicano logra ocupar los vacíos territoriales con gobernabilidad efectiva, para lo cual debería necesariamente modificar sus estructuras de poder de manera simultánea a los reordenamientos, el golpe podría traducirse en debilitamiento un estructural completo. Si no lo hace, el resultado será reconfiguración y competencia violenta entre facciones que de cualquier manera terminarán por imponerse al propio estado para repetir la historia.
En Estados Unidos, la presión no disminuirá mientras la crisis de opioides siga produciendo costos humanos y oportunismo electorero. En México, la narrativa de soberanía sucumbirá con una cooperación forzada cada vez más profunda, aunque en esta ocasión, por lo menos hasta el momento, luzca políticamente sensible hasta el nuevo cepillazo con coscorrón de Trump para su piñata favorita.
La línea discursiva de capacitación, inteligencia compartida y acción coordinada seguirá siendo tan simulada como el momento indique para la parte estadounidense, aunque es de esperarse la grosera y despectiva descortesía diplomática por parte de las ya recurrentes figuras de gobierno estadounidense, necesariamente como componente narrativo que en momentos de tensión interna como la que ha desatado el caso Epstein, requiera para bajar los negativos que alcance.
Es claro que no estamos ante una cruzada moral ni simple gesto político. Estamos ante una alteración deliberada de un equilibrio criminal que se volvió demasiado visible, demasiado concentrado y demasiado costoso, que en un momento político de alto impacto para el vecino tóxico de al lado, bien pudiera haberse tenido que precipitar en una agenda que ya en varias ocasiones se ha tenido que adelantar ante escándalos recurrentes.
El mercado ilegal seguirá existiendo mientras la demanda y la rentabilidad persistan y su ámbito de influencia es binacional y coordinado. La pregunta de fondo es si el reordenamiento en curso producirá mayor control estatal en nuestro país mediante la recuperación de territorios y espacios de gobierno en manos equivocadas, o simplemente un nuevo ciclo de reconfiguración criminal. La captura de Rocha Moya sería un buen comienzo.
@dparra001