LA SALUD NO SE CURA CON INAUGURACIONES
Esta semana, trabajadores y derechohabientes del Hospital General Dr. Fernando Ocaranza, del ISSSTE, bloquearon durante 6 horas el bulevar Morelos de Hermosillo. Protestaban por aire acondicionado descompuesto, elevadores fuera de servicio, equipo obsoleto y olores de drenaje en áreas de hospitalización. El gobernador acudió, ofreció reparaciones y prometió subrogar a hospitales privados la atención de unos 40 pacientes. La escena resume el estado de la salud pública en Sonora y en el país. Cuando un hospital colapsa, la respuesta llega en forma de visita oficial, recorrido y anuncio de nueva inversión.
El sistema de salud mexicano vive entre la promesa y la realidad. Millones de derechohabientes del Seguro Social, del ISSSTE y del IMSS-Bienestar enfrentan a diario largas colas, esperas para cirugía, escasez de medicamentos y un número insuficiente de especialistas. Lo perciben en cada consulta. Lo confirman las cifras: 73.6% de la población considera que hay desabasto de medicinas, y 58.7% reporta dificultades reales para conseguir las que necesita.
Las obras que no llegan al paciente
El reto aparece después del listón. Lo que de verdad cuenta llega cuando el ciudadano consigue una cita más rápida, encuentra el medicamento que le recetaron y accede al especialista que necesita. Ahí los resultados siguen cortos. Tenemos obras nuevas y, al mismo tiempo, quejas por tiempos de espera, falta de especialistas y desabasto intermitente. Algunas instalaciones recién inauguradas evidencian fallas ante el primer contratiempo climatológico, lo que revela construcción apresurada y poca previsión para operar todo el año.
El reto está en la gestión
La federalización del modelo IMSS-Bienestar trasladó hospitales, personal y presupuesto del gobierno federal a un esquema operado desde el centro. Sonora fue uno de los primeros estados en incorporarse. A nivel institucional se amplió la infraestructura y se contrató personal. El balance, sin embargo, es mixto. La desigualdad territorial persiste: quien vive en Hermosillo, Ciudad Obregón o Nogales tiene más posibilidades de atención especializada que quien vive en un municipio rural o serrano. La centralización de las decisiones en la Ciudad de México restó capacidad de respuesta inmediata al estado. Cuando cada ajuste operativo depende del centro, el problema local tarda más en resolverse.
México destina a la salud pública 2.6% de su Producto Interno Bruto para 2026. La Organización Mundial de la Salud recomienda 6%. El promedio de la OCDE llega a 12.8%. El gasto creció en pesos, hasta 965 mil millones, y aun así seguimos en un tercio de lo que marca el estándar internacional. Ya he escrito antes sobre cómo el país, sus estados y municipios gastan y se endeudan sin un destino claro. La salud es el ejemplo más doloroso de esa desconexión entre el gasto que se anuncia y el resultado que recibe la gente.
El dinero, además, no alcanza por igual. Una persona con seguridad social cuenta con 2.3 veces los recursos de una persona atendida por el IMSS-Bienestar. El déficit de especialistas roza los 154,786 médicos en todo el país, y un hospital nuevo no sustituye la ausencia de cirujanos, oncólogos y enfermería capacitada. En Sonora, al 29 de mayo faltaban por entregar 74,483 piezas de medicamento oncológico en los servicios del IMSS y del IMSS-Bienestar. El gobierno estatal inyectó 280 millones de pesos para atender el desabasto. La pregunta de fondo permanece: por qué un sistema que recibe más infraestructura sigue fallando en lo básico.
Mi respuesta es directa. El verdadero reto está en administrar bien los recursos que ya existen. Administrar la salud pública exige planeación, indicadores y supervisión diaria. Un evento o una gira no sustituyen ese trabajo. Cuando un hospital falla, las preguntas que importan son medibles: cuántos especialistas faltan, qué porcentaje de medicamentos hay en desabasto, cuánto espera un paciente para una cirugía, cuántos equipos están fuera de servicio, cuántas camas quedan disponibles. Esas respuestas no caben en un discurso, y por eso las visitas terminan ocupando el lugar de los resultados.
Lo he vivido de cerca. Me ha tocado acompañar a familiares en la espera de una consulta y de una cirugía, y conozco el peso de esos días sin fecha cierta.
Lo que mediría desde el primer día
Propongo empezar por mostrar lo que hoy se oculta. Un tablero público de indicadores, actualizado cada semana, donde cualquier ciudadano verifique el abasto de medicinas, los tiempos de espera, las cirugías pendientes y la disponibilidad de especialistas. La tecnología para hacerlo ya existe. Falta la decisión de transparentar los datos.
Sobre esa base planteo medidas de gestión que un gobierno estatal puede impulsar sin esperar más dinero de la federación. Primero, un centro estatal de abasto y distribución con medición en tiempo real, donde cada hospital reporte a diario sus existencias de medicamentos, material quirúrgico y equipo crítico; si una unidad tiene excedente y otra carece, la redistribución debe ocurrir en un máximo de 24 a 48 horas, porque la salud no espera. Segundo, desburocratizar la atención, revisando cada trámite y eliminando los que no impactan al paciente, para que el médico dedique su tiempo a la consulta y no a la captura de información. Tercero, un programa de productividad hospitalaria que aproveche mejor los hospitales que ya tenemos antes de construir más, con metas públicas semanales de cirugías realizadas, consultas otorgadas, tiempo promedio de espera y ocupación de quirófanos. Cuarto, un programa urgente de especialistas de la mano de universidades públicas y privadas, que vincule de forma permanente a estudiantes y pasantes con los hospitales públicos. Quinto, una evaluación constante hecha por los usuarios, porque quien mejor mide un sistema de salud es el paciente que sale del hospital.
La salud pública se resuelve cuando el paciente encuentra al médico, recibe el medicamento y obtiene atención oportuna. Las inauguraciones, las conferencias de prensa y los recorridos no llegan hasta ahí. Antes de pedir más presupuesto, los gobiernos tienen que demostrar que cada quirófano, cada medicina y cada peso disponible funcionan al máximo. Lo que se mide, mejora. Lo que se oculta, se deteriora. Y la salud de los sonorenses lleva demasiado tiempo esperando que alguien se atreva a medirla en serio.