UN TERCIO DE SONORA NO CABE EN UNA VENTANILLA
El 2 de octubre, la Secretaría del Trabajo informó que este mes no abriría la plataforma para nuevas vinculaciones de Jóvenes Construyendo el Futuro, y tres días después la presidenta Claudia Sheinbaum precisó en su conferencia matutina que el registro volverá a abrirse hasta enero de 2027, porque, en sus palabras, “ya hay suficientes jóvenes en el programa” y la meta del año “prácticamente” se cumplió. Al día siguiente, durante la glosa del informe en la Cámara de Diputados, el secretario Marath Bolaños aseguró que el programa va a continuar y que seguirá apoyando a los cerca de 197 mil jóvenes que hoy están inscritos, quienes conservan su beca de 9,582 pesos mensuales y su seguro del IMSS. Conviene decirlo con precisión, porque varios titulares hablaron de suspensión: cerraron el registro hasta 2027, y el programa sigue funcionando para quienes ya están dentro.
El momento del anuncio importa tanto como el anuncio. En agosto, el IMSS registró apenas 38,319 puestos de trabajo nuevos en todo el país, una de las cifras más bajas para ese mes en una década, y en los primeros ocho meses del año se sumaron 281,397. Con el empleo formal creciendo a ese ritmo, un joven de 20 años que en Navojoa, en Cajeme o en San Luis Río Colorado contaba con inscribirse en octubre tendrá que esperar tres meses sin beca, sin seguro y sin una fecha exacta, y esa espera, aunque parezca un ajuste administrativo menor, dice mucho de cómo se diseña la política para jóvenes en México.
Lo que se trata como sector se puede pausar
Hay además una razón económica que hace urgente este debate. El Consejo Estatal de Población, con proyecciones de CONAPO, estima que el peso de los jóvenes de 12 a 29 años bajará a 28.5% de la población sonorense en 2030, lo que significa que la ventana demográfica que hoy tenemos abierta se va cerrando, y cada joven que no consigue un empleo productivo en estos años representa productividad que Sonora no podrá recuperar cuando haya menos jóvenes por cada adulto mayor. Como economista, leo este tema como parte de la política económica del estado, con el mismo rango que la energía o el agua.
A los 25, muchos ya sostienen una casa
El mapa también cambió. En 1990, 41.3% de los jóvenes sonorenses vivía en las ciudades de más de 100 mil habitantes; en 2020 la proporción llegó a 63.9%, de modo que las regiones del estado están perdiendo a su juventud frente a seis ciudades. Hace unas semanas escribí sobre las ciudades donde la gente se quiera quedar y sobre el costo de formar con recursos públicos a jóvenes que luego se van, y este dato confirma que la oportunidad tiene que llegar a cada región conforme a su vocación productiva, en el valle, en la sierra, en la costa y en la frontera.
Un apoyo que no termina en empleo se queda corto
Frente a ese cuadro, mi crítica apunta al diseño del programa y nunca a los jóvenes que participan en él, muchos de los cuales lo usan para conseguir su primera experiencia laboral y merecen que su esfuerzo termine en un trabajo con futuro. El modelo admite al joven por una carencia, porque las reglas de operación definen a la población objetivo como personas de 18 a 29 años que no estudian ni trabajan, le da hasta 12 meses de apoyo sin una ruta medida hacia el empleo formal y deja las aperturas y los cupos en manos de decisiones centrales, lejos de las regiones. La medida de éxito que comunica el gobierno, 7 de cada 10, junta en un mismo número a quienes encontraron una ocupación productiva, a quienes regresaron a estudiar y a quienes se quedaron en su centro de trabajo, y con esa mezcla nadie puede saber cuántos egresados tienen hoy un empleo formal con seguridad social. A eso se suma una pregunta que el anuncio dejó sin respuesta: con qué criterio y con qué datos de empleo se decidió cerrar el registro en octubre y reabrirlo en enero.
Lo que propongo para Sonora
El tercer componente es una alianza entre empresas, escuelas y municipios, región por región, con prácticas y formación dual ligadas a vacantes reales, prioridad para los jóvenes de menores recursos y un compromiso sencillo de transparencia: publicar cuántos jóvenes tienen empleo formal a los 6 y a los 12 meses de haber pasado por el programa. Un indicador así se puede auditar, se puede comparar entre municipios y obliga a corregir lo que no funciona.
Una política para jóvenes que vive metida en todas las decisiones del gobierno, que la dirigen los propios jóvenes y que rinde cuentas con empleos formales medidos, se vuelve imposible de poner en pausa con un anuncio, porque detenerla significaría detener la economía de cada región del estado. Ese es el estándar que merece un tercio de Sonora, y es también la mejor manera de defender las oportunidades de quienes hoy, a los 25 años, ya están construyendo una familia y una vida en esta tierra.