CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Joaquín Correa, juez titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona imputó al conjunto blaugrana de la ciudad condal por cohecho, así como a Josep María Bartomeu y Sandro Rosell, expresidentes de la institución, además de a José María Enriquez Negreira, exárbitro y a su hijo, Javier Enriquez.
De acuerdo a Radio y Televisión Española (RTvE), Joaquín Correa comentó que “acuerda atribuir a todas las personas hasta el momento investigadas, incluido el FC Barcelona, el delito de cohecho”. Sobre Negreria declaró que se le atribuye el “delito continuado de cohecho pasivo en concepto de autor”.
Mientras que a Javier Enriquez es por delito continuado de cohecho pasivo en concepto de cooperador necesario. Respecto a la persona jurídica del FC Barcelona y a los directivos del citado club investigados se les atribuye un delito continuado de cohecho activo.
Dicha noticia ocurrió el mismo día en que la Guardia Civil registró las oficinas del Comité Técnico de Árbitros (CTA), las cuales se encuentran en la sede de la Real Federación Española de Futbol (RFEF) para recopilar mayor información sobre dicho caso.
El Caso Negreira investiga el pago de hasta 7.5 millones de euros por parte del Barça a Negreira cuando éste era vicepresidente del CTA. Pese que él no era funcionario como exige el delito de cohecho, el juez entiende que “Enríquez Negreira tenía la condición de funcionario público a efectos penales dado que desempeñaba funciones públicas como vicepresidente del CTA, entre otras las relativas a las calificaciones de los árbitros y a los ascensos y descensos de árbitros”.
Los pagos que se investigan del Barcelona a Negreira se habrían producido durante 18 años y cesaron en el momento en que el exsilbante dejó de ser vicepresidente del CTA. Estos pagos, que comenzaron en 2001, se fueron incrementando de los 70 mil euros iniciales a 700 mil anuales.
“Por deducción lógica los pagos realizados por el FC Barcelona satisfacían los intereses del club en atención a su duración y al incremento anual. De aquí se deduce también que los pagos produjeron los efectos arbitrales deseados por el FC Barcelona, de tal manera que debió existir una desigualdad en el trato con otros equipos y la consiguiente corrupción sistémica en el conjunto del arbitraje español. No obstante, las investigaciones de la Guardia Civil podrán confirmar estos extremos obtenidos por inferencia lógica”, añade el juez.
Entre los indicios que sustentan sus sospechas, el magistrado menciona la “carta intimidatoria” que Negreira envió a mediados de 2018 al Barcelona después de que el club decidiera “prescindir” de sus servicios, en la que le amenazaba con revelar una serie de hechos ilícitos que “podrían perjudicar gravemente” al club.