Por Camila Ayala Espinosa
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– De entre todos los reajustes que se aplicaron al Presupuesto de Egresos 2027, uno de los que más preocupa es el aumento de recursos al programa La Escuela es Nuestra, debido a su historial de irregularidades que se han detectado en el manejo del dinero público y al riesgo de que se presenten malas prácticas entre padres de familia y servidores de la nación, alerta el presidente de la Comisión Técnica de Contabilidad y Auditoría Gubernamental del Colegio de Contadores Públicos de México, Nicolás Domínguez García.
De acuerdo con el documento aprobado por la Cámara de Diputados, al Instituto Nacional Electoral (INE) se le recortaron seis mil millones de pesos, recursos que fueron distribuidos entre diferentes programas y dependencias, pero uno de los más beneficiados fue La Escuela es Nuestra, al que se le asignaron tres mil millones de pesos adicionales para infraestructura, equipamiento y servicios de escuelas públicas.
Con este incremento el programa pasó de los 20 mil millones de pesos que originalmente se contemplaban en el proyecto de presupuesto a 23 mil millones de pesos para 2027. Sin embargo, todavía estará por debajo de los 26 mil millones de pesos que recibió en 2026.
Pese a que tendrá menos dinero que este año, para el especialista preocupa que continúen destinándose cantidades millonarias a un programa que ha presentado deficiencias en la aplicación, comprobación y supervisión de los recursos públicos, particularmente porque el dinero se entrega directamente a los servidores de la Nación y padres de familia.
En entrevista con Proceso, Domínguez García explica que La Escuela es Nuestra funciona mediante subsidios que reciben los Comités Escolares de Administración Participativa, integrados principalmente por madres y padres de familia, quienes se encargan de administrar los recursos y decidir qué mejoras realizar en sus planteles.
“La Escuela es Nuestra, es un subsidio, son tres mil millones que se le incrementan”, recuerda.
El especialista detalla que estos apoyos se entregan a fondo perdido, es decir, no se trata de préstamos que los padres tengan que devolver, sino de dinero público que reciben para realizar obras de mantenimiento, rehabilitación, equipamiento y otras necesidades de las escuelas.
El problema, de acuerdo con Domínguez García, no está en que los padres de familia reciban el dinero, sino en las dificultades que pueden presentarse para vigilar cómo lo utilizan, comprobar las obras realizadas y garantizar que los recursos no terminen siendo utilizados para otros fines.
Por ejemplo, los comités escolares pueden decidir reparar baños, mejorar techos, comprar mobiliario o realizar trabajos de mantenimiento, pero también deben conservar los comprobantes de los gastos y acreditar ante la comunidad escolar cómo se utilizó el dinero.
De ahí que la preocupación esté en lo que sucede cuando no se cuenta con documentación suficiente, las obras no se concluyen o no existe una supervisión adecuada para verificar que los trabajos correspondan con los recursos entregados.
Aunque el programa contempla mecanismos de rendición de cuentas, como facturas, recibos, notas de remisión y expedientes de actividades, las irregularidades detectadas en ejercicios anteriores han puesto en evidencia las dificultades para garantizar que estos controles se cumplan.
Incluso, una de las preocupaciones está en que los padres de familia, que no necesariamente cuentan con conocimientos de administración, contabilidad o contratación de obras, tienen bajo su responsabilidad el manejo de recursos públicos. Esta situación requiere acompañamiento y supervisión, pues una comprobación deficiente puede impedir conocer con claridad cómo se gastó el dinero.
A eso se suma la participación de personal vinculado con la Secretaría de Bienestar, como los facilitadores autorizados, quienes intervienen en la organización y el acompañamiento de las comunidades escolares.
De hecho, Domínguez García expone que esa relación también debe mantenerse bajo vigilancia, pues existe el riesgo de que algunos servidores de la nación puedan influir indebidamente en la operación del programa o en las decisiones de los comités escolares.
“Entonces, hay que tener los ojos puestos en este programa, ¿sí?”, señala.
El especialista también alerta sobre posibles situaciones relacionadas con algunos servidores de la nación “porque ellos están ahí coordinando”, particularmente por la cantidad de dinero público que se destina a las escuelas.
Incluso, Domínguez considera que, de no reforzarse la vigilancia, La Escuela es Nuestra podría convertirse en otro escándalo relacionado con el manejo de recursos públicos, como el que ha rodeado “al INE durante la gestión de Guadalupe Taddei”.
La Escuela es Nuestra, historial de irregularidades
Para el presidente de la Comisión Técnica de Contabilidad y Auditoría Gubernamental del Colegio de Contadores Públicos de México, sus preocupaciones no parten únicamente de posibles escenarios, ya que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha documentado irregularidades en La Escuela es Nuestra desde sus primeros años de operación, después de que Andrés Manuel López Obrador anunciara su creación en 2019.
Por citar un ejemplo, en la revisión de la Cuenta Pública 2020 la ASF identificó irregularidades por más de 500 millones de pesos, principalmente porque no se contaba con documentación suficiente para acreditar que el dinero entregado a las comunidades escolares se había utilizado en las obras y mejoras de los planteles.
Incluso, en mil 757 expedientes revisados se detectó la falta de documentación comprobatoria por 564 millones de pesos.
Para 2021 las irregularidades continuaron. La ASF identificó apoyos duplicados a cinco beneficiarios por 1.1 millones de pesos, además de depósitos por 1.5 millones de pesos a tesoreros de siete comités escolares que ya habían fallecido en 2020, sin que se acreditara que los recursos fueron transferidos a sus sustitutos.
También se detectaron recursos depositados en cuentas bancarias distintas de las registradas.
TOMADO DE PROCESO.COM.MX

