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El Juglar de la Red/Rafael Cano Franco

 

OTRA CARTA INCRIMINATORIA

CUANDO ISMAEL… “El Mayo” Zambada García hizo pública su versión sobre cómo fue su detención y traslado a Estados Unidos, diciendo que fue un secuestro, incriminando al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y diciendo que Héctor Melesio Cuén fue asesinado en el mismo lugar donde a él lo emboscaron, no solamente descubría los vínculos de políticos con grupos criminales, también daba pie para el inicio de una guerra entre los grupos que lo siguen a él, conocido como “La Mayiza” y los que defienden los intereses de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, conocidos como “La Chapiza”.

La carta del “Mayo” Zambada cimbró las estructuras políticas de Morena, pues la inclusión de Rocha Moya en el texto, daba una prueba de lo que ya se sospechaba, que algunos políticos y gobernantes de Morena –como seguramente lo hicieron otros en el pasado—tienen un pacto con el narco.

Fue tal el escándalo que todos los goberandores de Morena, a uno solo, emitieron un documento donde metían las manos al fuego y ponderaban la honorabilidad de Rubén Rocha Moya; lo respaldaban y se solidarizaban con él.

Cuando la Fiscalía General de la República (FGR) fue destruyendo la versión creada por la Fiscalía de Sinaloa (FGJS) sobre el asesinato de Héctor Melesio Cuén y demostró que lo dicho por Ismael Zambada García eran hechos comprobables, ningún gobernador o gobernadora de Morena desanduvo sus pasos.

Ahora que Genaro García Luna manda una carta donde expone algunos detalles de su juicio en Estados Unidos y precisa en el documento que el presidente Andrés Manuel López Obrador está vinculado a narcotraficantes, el asunto no solamente toma tintes de un escándalo judicial, también puede escalar a una crisis diplomática.

Cartas como la escrita por García Luna, generalmente pasan por algunos filtros del sistema penitenciario norteamericano e incluso, dependiendo de sus repercusiones son analizadas por otras instancias de mayor envergadura política, donde se decide si se dejan circular o simplemente se restringen o censuran.

Que García Luna escriba ese documento e involucre al presidente López Obrador con los mismos narcotraficantes utilizados para que declararan en el juicio en su contra, que asegure que todo está en los registros oficiales de México y de Estados Unidos; que hable de la existencia de contactos, videos, audios, fotografías, registros de comunicación y gestión del Presidente de México y sus familias, con esos narcotraficantes, indica que al gobierno de Estados Unidos le puede servir esa declaración y por eso “la dejaron pasar”.

Y como el gobierno de México decidió “pausar” las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Canadá, ni forma de hacer algún reclamo.

Pero tampoco puede considerarse que lo anterior es obra de la casualidad o un evento aislado qu simplemente sucedió y ya; ¡para nada! Este tipo de acusaciones públicas no son más que la manifestación de que el gobierno de los vecinos del norte tiene evidencias de varios tipos que pueden involucrar a López Obrador y las insinúan justo cuando la reforma judicial fue aprobada.

Como es sabido, la reforma judicial, en los términos que se aprobó no fue del agrado de Estados Unidos y su embajador, Ken Salazar, lo dejó claramente establecido. La postura emitida por el embajador fue calificada como “injerencista” por el gobierno de México y fue entonces que el presidente decidió anunciar la pausa en las relaciones entre ambas naciones.

Así estaba la situación cuando Genaro García Luna decidió que era momento de escribir su carta y no existió ningún filtro que impidiera su aparición pública.

El contenido del documento, que en su mayor parte se centra en establecer que no hay una sola prueba presentada que sustente las acusaciones en contra de García Luna, pero es evidente que eso pasa a un segundo término cuando hace la mención del presidente López Obrador y lo relaciona en tratos con grupos criminales, exactamente la misma acusación que le endosaron a él.

Que situaciones de esta naturaleza aparezcan justo a unos cuantos días de que finalice el sexenio, no necesariamente van a tener eco en un proceso judicial contra el presidente de México, más bien parece que desean mantenerlo ocupado y razonando sobre el futuro que le depara.

No deja de ser evidente para el gobierno de Estados Unidos que López Obrador tiene una gran presencia en el gobierno de Claudia Sheinbaum, sea con el respaldo de ella o en contra de ella, pero le deja “herencias” en el gabinete, en Morena y en ambas Cámaras legislativas, de ahí que para Estados Unidos lo trascendente es tratar de apuntalar a la futura presidente de México en el entendido de que con ella deberán negociar y para eso requieren que tenga capacidad de decisión y no se le perciba como una extensión a control remoto de López Obrador.

Sheinbaum Pardo había pedido y propuesto que la reforma judicial no se aprobara de inmediato, incluso habló de un gran diálogo nacional para afinar los puntos controversiales, pero apenas acabó de hablar la Cámara de Diputados ya estaba aprobando el documento y unos días después pasó en el Senado de la República con el voto de la traición de la familia Yunes.

La carta de García Luna no tiene la intención de “ablandar” a López Obrador, de lo que se trata es de mantenerlo ocupado pensando en su futuro inmediato y con ello darle a Claudia Sheinbaum Pardo de reorganizar algunos aspectos de su gobierno y deshacer compromisos pactados de antemano, como por ejemplo ratificar a Rogelio Ramírez de la O como el titular de la Secretaría de Hacienda y replantear su Rosa Icela Rodríguez es el mejor perfil para ser Secretaría de Gobernación.

Las reacciones a la carta de García Luna van a ser muy interesantes y se espera que el presidente López Obrador de inmediato las descalifique aduciendo se tratan de dichos expresados por un criminal preso en Estados Unidos, sin hacer alusión a una eventual injerencia del gobierno de Estados Unidos.

Se espera, como suele suceder, que todos a una, los gobernadores de Morena aparezcan dando su apoyo y respaldo al presidente de México en un desplegado donde avalen su comportamiento y lo exoneren políticamente de cualquier responsabilidad o dicho de García Luna.