SONORA SIN AGUA: EL PROBLEMA QUE CONDICIONA TODO LO DEMÁS
A lo largo de los años, tanto por mi formación profesional como por las responsabilidades que asumí en el sector agropecuario y rural de México, he seguido con atención el tema del agua como parte sustantiva de cualquier política pública de desarrollo económico y social. Se ha trabajado mucho para resolver los problemas que Sonora enfrenta, pero hay que decirlo con franqueza: los esfuerzos siguen siendo insuficientes.
Sonora tiene 62 acuíferos. De ellos, 32 presentan algún grado de déficit hídrico, según datos de la Comisión Nacional del Agua para el ejercicio fiscal 2026. Eso coloca al estado como el segundo con más fuentes subterráneas en condición de presión, solo detrás de Jalisco. A nivel nacional, el panorama es igual de severo: 292 de los 653 acuíferos del país contienen menos agua de la que deberían, y 178 están clasificados en déficit crítico (CONAGUA, 2026). El número de acuíferos sobreexplotados en México pasó de 32 en 1975 a 114 en 2023, un incremento de 256% en menos de cinco décadas.
Para la capital del estado, el problema ya no es futuro. Hermosillo enfrenta una demanda de 5,250 litros por segundo, y la ciudad crece entre 7,000 y 8,000 tomas nuevas cada año, el equivalente a integrar un municipio como Huatabampo anualmente (Agua de Hermosillo, Foro Estatal de Agua y Sustentabilidad, marzo 2026). La presa El Molinito se secó. La única fuente superficial en operación, el Acueducto Independencia, aporta apenas 30 millones de metros cúbicos al año de los 135 que la ciudad consume. El resto depende de entre 80 y 90 pozos subterráneos que operan al límite de su capacidad. Y cada verano, las colonias populares del norte de la ciudad reportan menos de seis horas de suministro diario, baja presión y fugas que tardan días en repararse.
Mientras tanto, Agua de Hermosillo llega a atender hasta 300 fugas por día en temporada alta. El 40% de la infraestructura hídrica nacional presenta fugas, según el Sistema de Información del Agua de CONAGUA; la UNAM estima que el 45% del agua se pierde antes de llegar al usuario final. La infraestructura subterránea de Hermosillo es vieja, y su deterioro multiplica las pérdidas del líquido que ya escasea.
Lo que funcionó en los noventa y lo que dejamos a medias
En 1989 arrancó el programa nacional de transferencia de distritos de riego a los usuarios. Se pasó de un modelo centralizado y subsidiado a uno de gestión directa, organizado en módulos, respaldado por la nueva Ley de Aguas Nacionales de 1992. Fue un cambio drástico: el agua dejó de ser administrada exclusivamente por el Estado y pasó a ser gestionada con participación del sector privado y los propios productores. Se redujeron costos operativos, se mejoró el mantenimiento de la infraestructura, y se crearon asociaciones civiles con capacidad técnica y administrativa. El valor de la producción en zonas de riego pasó de representar el 67% al 76% del total entre 1990 y 2010.
Pero los resultados tienen luces y sombras. Aún se desperdicia el 14.4% del volumen en los distritos de riego. Casi la mitad de los distritos presentan fallas operativas. Y la expansión del uso de agua subterránea durante los noventa generó la presión estructural que hoy padecemos: acuíferos sobreexplotados, especialmente en el noroeste. Si al principio el gran reto era operar mejor el agua, hoy el gran reto es cómo evitar que se acabe.
La herida abierta del Río Sonora
Se creó el Fideicomiso Río Sonora, con un fondo de 2,000 millones de pesos financiado por la empresa. Se distribuyeron pipas y tinacos, se construyeron algunas plantas potabilizadoras y se implementaron programas de atención médica. La pregunta es si fueron suficientes, y la respuesta es concreta: no del todo. El fideicomiso fue cerrado en 2017 sin haber concluido todas las obras comprometidas. Hubo críticas documentadas por opacidad en la asignación de recursos y falta de participación de los afectados. Las compensaciones fueron parciales. A más de una década, no se ha logrado una remediación integral ni existe un monitoreo independiente y permanente de la calidad del agua en la región. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió recomendaciones señalando violaciones a derechos humanos por la falta de atención adecuada. El fideicomiso fue una solución parcial, orientada más a contener la crisis mediática que a resolver el fondo del problema.
El Acueducto Independencia: símbolo de lo que hacemos mal
La tribu Yaqui se opuso desde el inicio argumentando que el agua del río Yaqui les pertenece, e interpuso recursos que llegaron hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ordenó consultar a la comunidad y revisar el impacto ambiental. Esa consulta nunca fue completa, el acueducto sigue operando de forma irregular, y lo más revelador es que tampoco resolvió el problema de fondo: Hermosillo sigue buscando nuevas fuentes de abasto, porque lo que se planteó como solución de corto plazo terminó dejando un conflicto de largo plazo.
Tres acciones concretas, no aspiracionales
Primero, reordenar el uso del agua como prioridad legal y operativa. Eso implica tecnificación obligatoria del riego: goteo, presurizado, medición en tiempo real. Y reconversión de cultivos de alto consumo hídrico en los valles del Yaqui y del Mayo. La agricultura necesita agua superficial y agua tratada. La minería necesita agua residual tratada y desalinización. Separar las fuentes evita que ambos sectores compitan por los mismos acuíferos. Con derechos volumétricos claros y transferibles, quien ahorra vende y quien necesita paga.
Segundo, crear nuevas fuentes sustentables de abasto. Un programa estatal de desalinización modular en la costa, Guaymas, Puerto Peñasco, para uso urbano e industrial, acompañado del reúso total de aguas tratadas para agricultura e industria.
Tercero, control real del recurso: medición digital obligatoria para todos los pozos, combate frontal a la sobreexplotación, y un organismo técnico autónomo con participación ciudadana que planifique a 20 o 30 años sin politizaciones.
He tenido la oportunidad de visitar Israel con productores y miembros del sector privado, y de ver de primera mano cómo funcionan estas tecnologías en un territorio tan árido como el nuestro. Lo que vi allá demuestra que esto funciona. Un país donde más de la mitad del territorio es desierto hoy recicla el 90% de sus aguas residuales para agricultura, la tasa más alta del mundo (OCDE). Produce más del 80% de su agua potable por desalinización. Y su consumo per cápita es de 138 metros cúbicos anuales, contra 691 del promedio de la OCDE. Lo que vi en esa visita no fue solo infraestructura; fue un modelo coherente donde la tecnología va acompañada de políticas públicas firmes que convierten la escasez en ventaja estratégica.
Si estas tres acciones no caminan de forma simultánea, Sonora seguirá administrando la crisis en lugar de construir la seguridad hídrica que el estado necesita para atraer inversión, sostener su agricultura y garantizar agua limpia para sus comunidades. El agua es el factor que determina el futuro económico de Sonora. Ignorarlo es gobernar a ciegas.