Hermosillo, Son., 18 septiembre 2026.- La diputada del Partido de la Revolución Democrática en la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado, Ana Gabriela Tapia Fonllem, presentó una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Sonora y de la Ley para el Desarrollo y Fomento de la Agricultura Orgánica, en materia de fortalecimiento, capitalización y reconversión productiva del campo sonorense.
La legisladora perredista expuso que el campo sonorense atraviesa una de sus peores crisis en décadas por la sequía prolongada, la falta de agua, el aumento de costos de producción y la caída de precios, lo que se refleja en una drástica reducción de superficie sembrada.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural recopilados por la Oficina de Información Agropecuaria y Pesquera del Estado, en 2020 se sembraron 434 mil hectáreas de cultivos cíclicos y para 2025 la estimación cayó a 233 mil hectáreas. En el caso del trigo, emblema de Sonora, se pasó de 250 mil 069 hectáreas en 2024 a solo 59 mil 163 hectáreas estimadas para 2025, con una producción que caería de 1.5 millones de toneladas a 414 mil toneladas.
“Cada hectárea que se deja de sembrar es menos empleo, menos jornales, menos movimiento económico en comunidades enteras del Yaqui, Mayo, Costa de Hermosillo, Caborca y San Luis Río Colorado. No podemos ver esto como un problema de un solo ciclo, necesitamos instrumentos legales permanentes”, señaló Tapia Fonllem.
¿Qué propone la iniciativa?
1. Capitalizar al productor: Que los apoyos existentes puedan destinarse expresamente a adquisición y modernización de maquinaria, construcción y rehabilitación de infraestructura, tecnificación y modernización de sistemas de riego y uso eficiente del agua, y adopción de energías renovables.
2. Concurrencia de recursos: Crear la figura legal para que los recursos estatales sirvan como detonador y se complementen con fondos federales, municipales, de productores, banca de desarrollo y organismos privados, como ocurría con el Programa de Concurrencia de 2018 que logró una bolsa de 85.8 mdp.
3. Reconversión productiva voluntaria: Actualizar la ley para que cuando por falta de agua, clima o mercado un cultivo ya no sea viable, el productor tenga acompañamiento con asistencia técnica, capacitación, semillas, equipo y acceso a programas, sin que sea una imposición. La decisión de qué sembrar seguirá siendo del productor.
4. Recuperación por contingencias: Incluir expresamente apoyos para recuperar la capacidad productiva cuando se presenten sequías, heladas, inundaciones, plagas o enfermedades.
5. Diagnóstico real del campo: Obligar a que el diagnóstico del sector considere disponibilidad de agua, costos de producción, comportamiento de mercados y necesidades de tecnificación.
La iniciativa precisa que no crea nueva burocracia ni implica gasto adicional automático, sino que fortalece los instrumentos que ya existen en la ley, priorizando a los pequeños productores rurales.
“Esta reforma busca que el apoyo no se vaya solo en un ciclo, sino que se quede en el campo en forma de maquinaria, riego tecnificado e infraestructura que siga produciendo. Quienes han trabajado la tierra toda su vida merecen condiciones para seguir haciéndolo”, afirmó la diputada Tapia Fonllem.
COMUNICADO DE PRENSA

