Por Benjamín Pacheco López
ENSENADA, B.C., (apro) .- La Oficialía Mayor del gobierno de Marina del Pilar Ávila reconoció la existencia de contratos formales con proveedores señalados en la lista de personas y empresas sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del gobierno de los Estados Unidos.
Lo anterior conforme al oficio OMG/DNPA/DlR/1677/2026, firmado por el oficial mayor David Ramsés Cervantes Aguilar, con fecha del 29 de septiembre, y dirigido el día 30 a Víctor Manuel Cortes Rodríguez, titular de la Dirección de Fiscalización y Evaluación de la Inversión Pública de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, para “poner a disposición los expedientes” por si dicha área los quiere “consultar” en algún momento.
Cervantes Aguilar refirió la lista de personas físicas y morales señaladas por Estados Unidos y la búsqueda respectiva entre los proveedores locales.
“Hago de su conocimiento que, haciendo una búsqueda en los archivos físicos y digitales de la Dirección de Normatividad y Políticas Administrativas de la Oficialía Mayor de Gobierno, unidad administrativa encargada de ejecutar los procedimientos de contratación de servicios profesionales, se localizaron diversas contrataciones formalizadas con algunas de las personas mencionadas en el listado emitido por la OFAC”, conforme aparece en el documento.
Tras esto, el oficial mayor explicó que los hallazgos van “en un dispositivo USB en sobre cerrado (con) los listados de las contrataciones respectivas”.
También aseguró que las contrataciones enlistadas se apegaron a la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, que se verificó que los prestadores de servicios profesionales no se encontraran inhabilitados o sancionados a través de la revisión del Registro Homologado de Proveedores y Contratistas Sancionados, y que estuvieran al corriente de sus obligaciones fiscales.
“Por lo que no existió impedimento legal alguno para la formalización de los contratos respectivos”, afirmó.
David Ramsés Cervantes Aguilar aclaró que los subcomités de adquisiciones, arrendamientos y servicios de la administración pública paraestatal también realizan procedimientos de contratación, pero que él “no cuenta con información respecto a la totalidad de los prestadores de servicios profesionales adjudicados”.
“Por lo que, si se requiere conocer si estos subcomités han contratado a las personas físicas y morales mencionadas en la lista de la OFAC, le sugiero solicitar la información directamente a los organismos paraestatales”, sugirió.
Proceso solicitó este jueves 1 de octubre al área de Comunicación Social la información sobre empresas y contratos detectados, pero no hubo respuesta formal.
La OFAC, del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, sancionó a 21 personas y 25 entidades de Baja California por su presunto apoyo al Cártel de Sinaloa; esto, para posibles líderes del crimen organizado, políticos, empresarios y distintas compañías, según difundió el 29 de septiembre pasado.
Marina del Pilar pide “revisión exhaustiva”
La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda solicitó verificar si las empresas señaladas por la OFAC habían tenido relación contractual con su administración, con el fin de remitir de manera inmediata los expedientes a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y actuar conforme a la ley.
Mediante un comunicado, citó que las instituciones públicas adjudican contratos con base estricta en la información, los registros del padrón de proveedores y las restricciones jurídicas vigentes al momento en que se celebran los procesos administrativos.
“El principio es muy claro: cuando se contrató, se hizo conforme a la información y la situación jurídica entonces disponibles. En ese momento no existía inhabilitación, sanción previa ni impedimento legal alguno para celebrar dichos actos. Hoy existe información nueva y, a partir de ella, actuamos en consecuencia: revisando a fondo, descartando cualquier riesgo y dando vista a los órganos de control. Lo que no se puede hacer es trasladar automáticamente una circunstancia conocida en 2026 a decisiones administrativas tomadas años antes”, sostuvo Ávila Olmeda.
Reiteró que tras los señalamientos del Tesoro pidió “revisar exhaustivamente” cualquier antecedente contractual, determinar con rigor técnico si existió alguna vulneración o riesgo en materia operativa o patrimonial, y colaborar abiertamente con las autoridades competentes en todo momento.
Y afirmó que, de aquí en adelante, cualquier persona física o moral señalada por autoridades nacionales o extranjeras por sospecha de actividades criminales no podrá participar como proveedora del gobierno del estado, en tanto no aclare y resuelva formalmente su situación jurídica ante las instancias correspondientes.
TOMADO DE PROCESO.COM.MX