CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Luego de pasar cuatro años prófuga, la conductora Inés Gómez Mont fue detenida en Florida, Miami. La extrabajadora de Televisión Azteca cuenta con una orden de aprehensión vigente por presuntos delitos de delincuencia organizada, peculado y lavado de dinero, relacionados con investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Fuentes federales confirmaron a Proceso que la detención de la conductora de televisión derivó del intercambio de información entre el gobierno de Estados Unidos y el de México, pero que aún se encuentra pendiente su procesamiento y registro en el sistema correspondiente para que las autoridades mexicanas sean notificadas formalmente de la captura.
Actualmente, Gómez Mont cuenta con una orden de aprehensión federal por defraudación fiscal equiparada librada el 29 de junio de 2023.
El caso de Inés Gómez Mont y su esposo, el abogado Víctor Manuel Álvarez Puga, se remonta a las investigaciones sobre presuntos actos de corrupción cometidos durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando las autoridades federales detectaron una red de empresas fantasma que habría sido utilizada para desviar recursos públicos y realizar operaciones de lavado de dinero.
Álvarez Puga figuró entre los personajes involucrados en los escándalos de corrupción del sexenio de Peña Nieto. El abogado fue funcionario de la Secretaría de Gobernación, desde donde presuntamente participó en un esquema de desfalco de aproximadamente 2 mil 500 millones de pesos mediante pagos a empresas fantasma.
Las investigaciones también involucraron a su hermano, Alejandro Mario Álvarez Puga, con quien presuntamente construyó una red de empresas utilizadas para emitir facturas por operaciones simuladas y posteriormente lavar recursos provenientes de los desfalcos al erario.
Aunque el caso cobró notoriedad al finalizar el gobierno de Peña Nieto, las investigaciones y acusaciones formales se desarrollaron durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
En septiembre de 2021 se conocieron las acusaciones contra Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga, así como la existencia de órdenes de aprehensión contra ambos y una decena de presuntos cómplices.
La FGR los señaló por su presunta participación en delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Tras conocerse las acusaciones, el matrimonio salió de México y permaneció fuera del alcance de las autoridades mexicanas. Posteriormente se informó que ambos se habían instalado en Estados Unidos.
Gómez Mont, quien desarrolló una carrera como conductora de televisión y pertenece a una familia vinculada con los ámbitos político y empresarial, rechazó inicialmente las acusaciones.
La conductora es sobrina de Fernando Gómez Mont, quien fue secretario de Gobernación durante la presidencia de Felipe Calderón.
Una de sus últimas apariciones públicas conocidas ocurrió el 27 de enero de 2023, cuando publicó un mensaje en Instagram para agradecer una rectificación del periódico Reforma relacionada con información sobre su situación judicial.
La aclaración correspondía a una orden de aprehensión por defraudación fiscal que estaba vigente desde años anteriores, pero cuya existencia no se había hecho pública.
El desbloqueo de las cuentas bancarias
Pese a las órdenes de aprehensión, el matrimonio obtuvo resoluciones judiciales favorables para recuperar el acceso a sus recursos financieros.
El 4 de marzo de 2025 se informó que las cuentas bancarias de Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga habían sido descongeladas, lo que les permitió disponer nuevamente de sus fondos.
La decisión provocó cuestionamientos del gobierno federal.
El 1 de abril de ese año, durante una conferencia presidencial, el entonces titular de la UIF, Pablo Gómez Álvarez, confirmó que el desbloqueo había ocurrido por orden judicial.
La presidenta Claudia Sheinbaum criticó la resolución debido a que ambos continuaban sujetos a órdenes de aprehensión.
Esto “no tiene otro nombre sino corrupción”, afirmó la mandataria.
Pablo Gómez recordó que la pareja estaba acusada de participar en operaciones fraudulentas, entre ellas la simulación de obras, y que ambos habían abandonado el país para evadir a las autoridades.
El funcionario señaló que, pese a las investigaciones penales y a las órdenes de captura, una resolución judicial había permitido a los acusados recuperar el control de sus cuentas.
La detención de Víctor Manuel Álvarez Puga en Estados Unidos
El expediente judicial dio un giro en septiembre de 2025, cuando Víctor Manuel Álvarez Puga fue detenido en Miami, Florida, por agentes migratorios estadunidenses debido a irregularidades en su situación migratoria.
El abogado fue recluido en el Krome North Service Processing Center, un centro de detención de migrantes ubicado en las afueras de Miami.
La detención se mantuvo fuera del conocimiento público durante varias semanas, hasta que el 27 de octubre de 2025 se informó sobre su situación y el procedimiento que enfrentaba ante las autoridades estadunidenses.
El caso migratorio reactivó las gestiones del gobierno mexicano para conseguir su extradición y presentarlo ante la justicia por las acusaciones de defraudación fiscal, lavado de dinero y otros delitos.
El 2 de diciembre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que México había solicitado la extradición del abogado.
Durante su conferencia de prensa, la mandataria explicó que había consultado el asunto con un representante de la FGR que participaba en las reuniones del gabinete de seguridad.
“Nos interesa mucho que no haya impunidad en esto”, sostuvo Sheinbaum al referirse al caso.
La presidenta también pidió que la Fiscalía avanzara en las investigaciones relacionadas con empresas factureras y operaciones financieras ilícitas.
“Nos interesa la cero impunidad en delitos de la delincuencia organizada, pero también delitos de cuello blanco como este”, declaró.
En julio de 2026, la FGR actualizó la situación jurídica de Álvarez Puga y precisó que, aunque había sido detenido en septiembre de 2025 por motivos migratorios, las autoridades estadunidenses le habían concedido la libertad mediante el pago de una fianza y la colocación de un dispositivo de geolocalización.
El abogado permanecía sujeto al procedimiento migratorio en Estados Unidos y tenía programada una nueva audiencia para noviembre de 2026.
La captura y vinculación a proceso del cuñado de Inés Gómez Mont
Otro episodio ocurrió el 9 de julio de 2026, cuando agentes federales detuvieron a Alejandro Mario Álvarez Puga, hermano de Víctor Manuel y cuñado de Inés Gómez Mont, en Puerto Cancún, Quintana Roo.
La captura se realizó alrededor de las 21:26 horas, en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida por un juez de control de la Ciudad de México.
En el operativo participaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR, en coordinación con la Secretaría de Marina.
El detenido fue trasladado a la capital del país para comparecer ante la autoridad judicial que lo requería.
El 12 de julio, la Fiscalía General de la República informó que un juez federal había vinculado a proceso a Alejandro Mario Álvarez Puga por su probable responsabilidad en el delito de defraudación fiscal.
La acusación correspondía a la presunta omisión del pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) durante el ejercicio fiscal 2016, en perjuicio del fisco federal.
El juez impuso la medida cautelar de prisión preventiva y estableció un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.
La FGR aclaró que este proceso penal era independiente de los procedimientos de extradición que enfrentaban Víctor Manuel Álvarez Puga e Inés Gómez Mont en Estados Unidos.
La precisión resultó relevante debido a que los hermanos Álvarez Puga habían sido señalados previamente por las autoridades federales como integrantes de una presunta red de empresas fantasma vinculada con operaciones financieras ilícitas.
La solicitud de extradición contra Inés Gómez Mont
En el mismo comunicado del 12 de julio de este año, la FGR dio a conocer nuevos detalles sobre las acciones emprendidas para conseguir la captura de Inés Gómez Mont e informó que había presentado una solicitud de detención provisional con fines de extradición contra la conductora y que continuaba integrando la petición formal que sería presentada ante las autoridades de Estados Unidos.
La Fiscalía precisó que tanto Gómez Mont como Víctor Manuel Álvarez Puga eran requeridos en México por su presunta participación en delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
TOMADO DE PROCESO.COM.MX