TIEMPOS DE ESTADO: SE CONFIRMA ENTREGUISMO DE LA 4T, MORENA Y SHEINBAUM
La historia de la relación entre el poder político, los barones de la radio y la TV en México es una crónica de claudicaciones. La iniciativa de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum es la consumación de un pacto de impunidad informativa y un favor político de dimensiones históricas que sacrifica el derecho a la información de los ciudadanos en el altar del pragmatismo electoral.
Todo se reduce a un regalo de 13 minutos. El punto medular de este asalto a la pluralidad es la propuesta de reducir los tiempos de radio y TV de 48 a 35 minutos diarios por emisora durante el periodo electoral. La cifra es una poda de 27% del espacio que, por derecho constitucional, pertenece a la nación para el debate público.
La pauta electoral se distribuye 30% igualitaria y 70% proporcional a la votación anterior. Al reducir de 48 a 35 minutos el segmento de 30% igualitario se encoge y condena a los partidos pequeños, las nuevas formaciones y las candidaturas independientes a la invisibilidad, mientras el partido en el poder mantiene su dominio mediante la cobertura informativa sesgada y el uso de la pauta restante.
Al retirar 13 minutos de tiempo oficial, el Estado le devuelve a los concesionarios privados tiempo aire que venderán a precios de mercado para publicidad. Es un subsidio indirecto financiado con la reducción del debate político. La 4T, que presume combatir las élites, le regala a la industria de la radio y TV una ventana de comercialización millonaria.
La reducción implica menos diversidad de voces. Si antes un ciudadano escuchaba 96 impactos de diversas fuerzas políticas en un día para contrastar propuestas, ahora escuchará 70 mensajes. Esta pérdida de 26 spots diarios por emisora debilita la capacidad de la audiencia para formar un criterio propio y facilita la propaganda disfrazada de información.
Lo que Sheinbaum quiere concretar es una voraz demanda de los radiodifusores privados. Al invitar a la Cámara de la Radio y la Televisión (CIRT) a la mesa de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, la Ejecutiva Federal no buscó fortalecer la democracia, sino asegurar el “apoyo” de la radiodifusión electrónica a su reforma electoral. Con esta maniobra, la Cuarta Transformación se consagra como la fuerza política que más ha entregado a los intereses comerciales en la historia reciente.
Esta sumisión tiene una genealogía. Para entender la gravedad de este nuevo entreguismo, debemos mirar que el origen de estos tiempos se remonta al decreto de 1968 de Gustavo Díaz Ordaz, quien instauró el impuesto en especie a la radio y la TV. Décadas después, en 2002, Vicente Fox dio el primer gran “decretazo” al reducir los tiempos fiscales de 12.5 a 1.25%, aunque no se atrevió a tocar la Constitución ni los espacios ganados en 2007 para partidos, candidatos y autoridades.
Fue López Obrador quien, el 23 de abril de 2020, emitió otro “decretazo” reduciendo el tiempo fiscal por considerarlo “excesivo”. Aquella medida fue combatida por el Instituto Nacional Electoral ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque veía reducidos sus espacios electrónicos al tratarse de un organismo constitucional autónomo, bajo el argumento de una invasión de facultades.
Aunque la SCJN validó el decreto de AMLO, el mensaje fue que la izquierda, que alguna vez fue marginada de los medios electrónicos, sus cámaras y micrófonos, ahora que ostenta el poder decide estrangular los espacios públicos para quedar bien con los concesionarios.
Sheinbaum va más allá que sus antecesores. Mientras Fox y AMLO usaron decretos administrativos, ella pretende mutilar el artículo 41 constitucional, que establece que el INE dispone de 48 minutos diarios para la difusión de mensajes político-electorales.
Ése es el precio de la democracia de bajo costo. Con el eslogan de la “reducción del gasto” y una supuesta austeridad que promete un decremento de 25% en el costo de las elecciones, se esconde un debilitamiento institucional. La reforma contempla puntos que suenan atractivos en el discurso popular, pero son peligrosos en su ejecución.
Elección de representación proporcional, una reconfiguración que podría sobrerrepresentar a la mayoría oficialista. Una regulación ambigua de la inteligencia artificial sobre bots y mecanismos algorítmicos, la cual podría derivar en censura discrecional.
Pero el verdadero costo no es monetario. La reducción de 48 a 35 minutos es un atentado directo contra la diversidad informativa. Al haber menos tiempo disponible, los partidos minoritarios y las voces críticas tendrán menos oportunidades de exponer sus plataformas político-electorales frente al avasallante aparato de comunicación gubernamental, incluidos los medios públicos propagandistas.
Es profundamente irónico y cínico que Morena, un movimiento que nació de la lucha contra el cerco informativo y la hegemonía de las grandes televisoras, sea el verdugo de los tiempos del Estado. Al reducir estos espacios, el gobierno de Sheinbaum renuncia a la posibilidad de que la ciudadanía reciba una oferta política plural y contrastada.
La radio y la TV siguen siendo los medios con mayor penetración en México; moldean la opinión pública y construyen realidades para millones que no tienen acceso a la banda ancha. Al devolverle 13 minutos diarios a los concesionarios para que los comercialicen, los partidos pierden influencia y el ciudadano pierde su derecho a saber.
Este segundo piso de la transformación y la opacidad se está construyendo sobre los escombros de la libertad de expresión institucionalizada. No se trata de ahorro, sino de control, exclusión y censura. Al congraciarse con los industriales de la radio y la TV, Sheinbaum compra una paz mediática muy cara para la democracia, pero barata para su administración.
Estamos ante un nuevo retroceso democrático, donde el Estado abdica de su responsabilidad de garantizar el derecho a la información y el debate público. La “izquierda” en el poder ha decidido que es mejor tener a los dueños de los medios como aliados que al pueblo informado.
TOMADO DE PROCESO.COM.MX