A DOBLAR LAS MANITAS
A FINALES DE NOVIEMBRE del año pasado, durante su XXVI asamblea nacional, el PAN reformó sus estatutos. Para la elección de candidatos no es necesario que militen en Acción Nacional pero los aspirantes deben contar con competitividad electoral comprobada y arraigo social.
En este contexto, el alcalde de Monterrey, el priista Adrián de la Garza el pasado 24 de junio levantó la mano y solicitó ser el candidato del PAN a la gubernatura de Nuevo León lo cual recibió el visto bueno de la cúpula nacional panista bajo el esquema de “candidatura común” y también de Alito Moreno. Aunque hay un pero.
Por supuesto que las estructuras tradicionales tanto de albiazul y tricolor pusieron el grito en el cielo. Pero la palabra esta dada y falta la formalización del pacto una vez que surjan las convocatorias respectivas. Tontos no son.
Las encuestas recientes (Rubrum y otros indicadores de julio/agosto) muestran un estado fragmentado en tres grandes bloques en los cuales otorgan a Morena un rango de entre 25 y 27%, a MC 22-24%, el PRI 19% y el PAN 22%. Pero cuando se mide la candidatura común los números se disparan entre 32 y 35% que coloca a Adrián de la Garza en una posición ventajosa que se fortalece ante un empresariado que muestra su satisfacción por su gestión al frente de la capital, sobre todo en materia de seguridad.
Pero lo que hizo el priista capitalino no es solamente sembrar una oportunidad de triunfo, sino jalar las riendas –generando un antecedente–, para que la conformación de candidaturas por las gobernaturas no se dirima desde el centro del país, sino que se respeten las oportunidades de aquellos que cuenten con capacidad de competencia real.
Aunque aún las cúpulas no han aprobado el esquema en todos los 17 estados, la tendencia indica que ocurrirá en algunos lo mismo que en Nuevo León como Sinaloa con el diputado priista Mario Zamora, pues el PRI ocupa un 23.2% de las preferencias, el PAN 14.3% y Morena lidera con 33.1%. Pero juntos le rebasan.
En el caso de Sonora, el panista y ex priista Antonio Astiazarán, ya confirmó públicamente que buscará esa alianza, pues los momios arrojan para Morena el 37.5% de las preferencias contra un PAN (26.6%) y un PRI (12.6%) que por separado perderían competitividad.
Es curioso lo que ocurre en San Luis Potosí. El licenciado y policía, Enrique Galindo, hoy alcalde de la capital fue expulsado del PRI en 2024 por oponerse a la reelección de Alito aunque posteriormente el Tribunal Electoral Federal la revocó.
El pasado 28 de julio se registró como aspirante a la coordinación Estatal del Cambio y la Defensa de la Familia del PAN aprovechando la misma coyuntura que en el de Monterrey. Lo interesante es que Morena encabeza con 26%, le sigue el PVEM (22.4%), el PRI (16.2%) y el PAN (7.5%), de tal forma que si persiste la idea del Verde de ir solos y no en alianza con los guindas, entraría en la lucha si se unen al obtener en conjunto 23.7% con lo cual ya pintaría.
La cúpula panista con Jorge Romero ha señalado que no piensan ir en alianza con el PRI, Alito se ha visto más abierto, pero de alguna manera han doblado las manos pues los fríos números les obligan a ambos a bajar la testa y ser un poquito más humildes para aceptar la realidad de supervivencia en la que se desempeñan.
En Querétaro y Aguascalientes el PAN aventaja con arriba de 13 puntos a Morena, no requieren alianza. Sin embargo, el alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, en abril habló de la posibilidad de valorar una alianza no solamente con el PRI, sino con MC, PVEM, PT y todos aquellos perfiles antimorena. Es quien dijo que no se están enfrentando a un partido sino a un régimen político.
Aunado a ello, las encuestas de hace unos días arrojaron entre el PAN y Morena una diferencia de 3.2 puntos mientras que el tricolor logró una aprobación de 6.2%, los suficientes para inclinar la balanza.
Salvo en Nuevo León, la figura de las candidaturas comunes, no está contemplada en su constitución lo que de alguna manera le quitará un poco de terciopelo a una alianza que deberá ser por coalición lo que implica otro tipo de características y metodologías legales. Por cierto, son las únicas dos figuras que contemplan las leyes electorales.
En la práctica son más difíciles de lograr las coaliciones de partidos, pues depende de las voluntades de las dirigencias nacionales, a su vez exigen modalidades muy estrictas y las negociaciones –quien encabezará que alcaldías o diputaciones–, se vuelven verdaderas y complicadas batallas campales que pueden llevarlas al fracaso, fuera de las exigencias de fiscalización y distribución conveniado de los porcentajes que se otorgan a cada partido.
Las candidaturas comunes se manejan en los ámbitos locales, son más flexibles, se hacen a “a la medida” y permite pactar exclusivamente para la gubernatura (o municipios clave) sin necesidad de enredarse en una negociación masiva para todo el congreso local o el resto del estado, lo que facilita destrabar acuerdos. Son mejores cuando hay pleitos casados en las alturas.
Así, mientras en el altiplano pueden seguir jugando a las vencidas desde sus oficinas centrales, la realidad de la calle no admite caprichitos ni luchas de egos. En los cinco ejemplos estatales los aspirantes advierten que la contienda que se avecina va mucho más allá de las ideologías y aclaran que el eje principal de sus campañas serán los resultados de sus respectivas gestiones.
A los dirigentes nacionales del PRI y del PAN no les queda de otra más que doblar las manitas y entregarles el poder decisorio a los de casa si quieren ser competencia real contra Morena.
EN FIN, por hoy es todo, mañana le seguimos si Dios quiere. Armando Vásquez Alegría es periodista con más de 35 años de experiencia en medios escritos y de internet, cuenta licenciatura en Administración de Empresas, Maestría en Competitividad Organizacional y Doctorando en Administración Pública. Es director de Editorial J. Castillo, S.A. de C.V. y de “CEO”, Consultoría Especializada en Organizaciones… Correo electrónico: archivoconfidencial@hotmail.com https://www.facebook.com/armando.vazquez.3304